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La Junta reclama 172 millones a los cuatro municipios del Metro de Sevilla

Sevilla y Mairena del Aljarafe van a recurrir por separado la liquidación de la deuda, San Juan de Aznalfarache esperará al resultado de Sevilla, y Dos Hermanas no dice qué hará

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La Junta reclama al Ayuntamiento de Sevilla 133,7 millones por la explotación de la línea 1 del Metro

Viajeros en la entrada de la estación del Metro de Ciudad Expo, en Mairena del Aljarafe.
Viajeros en la entrada de la estación del Metro de Ciudad Expo, en Mairena del Aljarafe. / Juan Carlos Muñoz

La Junta de Andalucía ha reclamado un pago de 172,6 millones de euros a los cuatro municipios beneficiados por el Metro de Sevilla (Sevilla, Dos Hermanas, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache). Este dinero se exige a cuenta de la deuda por la explotación de la línea 1 del Metro de Sevilla durante los 15 años que lleva en funcionamiento, es decir, desde 2009 a 2023, ambos incluidos.

Se trata de la financiación acordada en concepto de subvención al precio del billete para compensar la diferencia entre la tarifa real (técnica) y la tarifa más reducida que se cobra al usuario.

A los 133,7 millones que la consejería de Fomento ha exigido ya a Sevilla capital, como adelantó este periódico, se suman otros 38,9 millones que ha pedido la administración autonómica a los ayuntamientos de Dos Hermanas (26 millones), Mairena del Aljarafe (8,9 millones) y San Juan de Aznalfarache (4 millones), según ha podido confirmar este diario.

La Junta mantiene que le da la razón el convenio firmado en 2002 con los cuatro ayuntamientos antes del inicio de las obras del metropolitano. Fue suscrito el 10 de julio de 2002 con los citados consistorios para la construcción de la primera línea del Metro.

La reacción de los municipios afectados ha sido dispar. Por ahora Sevilla y Mairena, gobernadas por José Luis Sanz (PP) y Antonio Conde (PSOE) respectivamente, han decidido presentar un recurso para oponerse al pago por entender que el citado convenio ya no les obliga y que la sentencia de 2014 les otorga la razón al anular entonces el intento de cobro de la Junta.

De las otras dos localidades, San Juan de Aznalfarache (con María Luisa Moya como alcaldesa del PP) va a esperar a ver qué sucede con el contencioso anunciado por Sevilla y Dos Hermanas (gobernada por el socialista Francisco Rodríguez) se resiste a dar detalles de sus intenciones.

Fomento argumenta que ninguno de estos ayuntamientos ha pagado nada de la línea 1 del Metro, ni su construcción ni su explotación. Por la construcción no hay deuda ya porque la aportación estatal ha evitado que los municipios tengan que pagar, pero sí en concepto de explotación, ya que según lo pactado en convenio los ayuntamientos aportaban el 25% del déficit de explotación y la Junta el 75%.

Mairena del Aljarafe

El Ayuntamiento de Mairena ha explicado que no puede estar de acuerdo con “la injusta e injustificada” reclamación de la Junta a cuenta del Metro de Sevilla por varios motivos, e insiste en que “el convenio ha quedado sin efecto” y en que el municipio ha aportado su parte al construir un aparcamiento subterráneo y un intercambiador de transportes.

En primer lugar, la corporación municipal mairenera asegura que en su día denunció el convenio de 2002 y sigue en pie esa denuncia “sin importar el color político de sus gobiernos, ya que lo denunció el PP y mantiene la denuncia el PSOE”.

Mairena defiende que el convenio no le obliga porque “ha habido nula información” y porque “la obligación de dar participación y la presencia en el órgano de gobierno no se ha cumplido, pasando el Ayuntamiento a tener un mero papel de pagador”.

Considera el Ayuntamiento mairenero que la Junta no ha cumplido las cláusulas previstas del convenio. “La Junta ha realizado ninguna actuación material derivada de las cláusulas del convenio, ni de carácter económico ni de otra índole”.

Mairena alega que sí ha hecho sus deberes. “El Ayuntamiento sí que ejecutó una planta de aparcamiento subterráneo y un intercambiador de transportes, ambos de cesión gratuita a la Junta. Con ello, establecía ya un equilibrio económico.Mairena no necesitó mejoras que sí necesitaron otros municipios”.

Legalmente, Mairena defiende que, en virtud de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local “el convenio ha quedado sin efecto” y que la sentencia del TSJA de 25 de noviembre de 2014 declaró nula la misma resolución de la Junta.

Y añade que actualmente las cuantías con antigüedad mayor a cuatro años habrían prescrito, que la Junta no justifica la cuantía de 8,9 millones que reclama y que “aún está sin respuesta nuestra solicitud para una bonificación en el precio para mayores y para estudiantes”.

Mairena acusa a la consejería de Fomento de imponer sin dialogar. “Denunciamos la soberbia y la ausencia de toda voluntad política de diálogo. El año pasado solo se produjo un encuentro. Por todo ello, los servicios jurídicos están trabajando en el correspondiente recurso”, concluye.

Por parte del Ayuntamiento de Sevilla también se considera que el convenio de 2002 ha perdido su vigencia teniendo en cuenta las consideraciones vertidas en la sentencia del TSJA, que se ha dado por parte de la Junta una “indebida aplicación de los criterios utilizados para practicar las liquidaciones” y según la ley 27/2013.

Desde la oposición municipal, el PSOE de Antonio Muñoz acusa a Sanz de querer pagar de inmediato la deuda millonaria sin cuestionarse nada ni atender al agujero que provocaría en las cuentas locales, y afirma que el secretario municipal lo frenó con un informe donde se argumenta por qué hay que recurrir.

Sentencia de 2014

El último intento de la Junta de cobrar la deuda por la explotación del Metro tuvo lugar en 2012, pero fue tumbado por en 2014 por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La consejería de Fomento defiende que esa sentencia judicial de 2014 no impide que los ayuntamientos paguen porque "sólo detectó un defecto de forma a la hora de reclamar la deuda”. La Junta insiste en que "el convenio del Metro de Sevilla no se ha extinguido. Sigue vigente y deben liquidarse las cantidades adeudadas, como así dicta el gabinete jurídico de la Junta. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sólo detectó un defecto de forma a la hora de reclamar la deuda, pero no afirma en ningún momento que no exista ni que deban eludir de la obligación del pago”.

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