Solo Granada, Córdoba y Jaén han hecho sus deberes con la nueva tasa de basura en Andalucía

Solo tres capitales de Andalucía han cumplido sus deberes sobre la nueva tasa de basura que impone a todos los ayuntamientos la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, un coste que todos repercutirán en los vecinos.

Los ayuntamientos tenían tres años para implantar esta nueva tasa de residuos urbanos, plazo que vence el próximo 10 de abril con un balance pobre en la comunidad andaluza. Hasta la fecha solo los regidores de Granada (Marifrán Carazo, PP), Córdoba (José María Bellido, PP) y Jaén (el ex alcalde Agustín González, PP) han regulado la nueva tasa de basura mediante una ordenanza. De estas tres, Granada es la única que ha diseñado una tasa que penaliza al que más residuos arroje y fomenta el reciclaje, que es el objetivo de la ley. La ciudad la aplicará desde el 1 de enero de 2026.

La normativa obliga a establecer una tasa o prestación patrimonial de carácter público no tributaria, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación de residuos. Esta legislación, que traspone a su vez la normativa europea, introduce por primera vez el pago por generación de residuos y busca que se incentive la separación en origen de los residuos reciclables y la reducción de los residuos mezclados.

En Jaén, la nueva tasa fue aprobada por el anterior alcalde del PP Agustín González antes de ser desalojado por una moción de censura. Lo que ha hecho el nuevo gobierno del PSOE y Jaén Merece Más de Julio Muñoz es anunciar que incluirá ventajas fiscales a los que acrediten que reciclen para fomentar la efectiva reducción de residuos, objetivo para el que modificará la ordenanza que aprobó su antecesor, pero manteniendo el porcentaje de subida que aprobó el PP.

Por lo que respecta a la capital andaluza, en Sevilla, el alcalde José Luis Sanz fracasó en su primer intento de sacar adelante el pasado enero la ordenanza reguladora de la nueva tasa de residuos urbanos, que fue tumbada por todos los grupos de la oposición porque obligaba a pagar por igual al sevillano que reciclaba y al que no lo hace y tira la basura sin separar al contenedor. El texto tumbado tomaba como criterio para calcular la tasa una cantidad fija más el número de empadronados (en las viviendas y, en el caso de los locales comerciales, la superficie construida y la actividad empresarial desarrollada.

Las restantes capitales andaluzas, Málaga, Almería, Huelva y Cádiz, no han avanzado en la nueva tasa de basura. Sus respectivos alcaldes Francisco de la Torre (PP), María del Mar Vázquez Agüero (PP), Pilar Miranda (PP) y Bruno García (PP), están estudiando aún el coste y pensando cómo implantarla y siguen aferrándose a que el Gobierno central eliminará esta imposición a los ayuntamientos.

La tasa de Granada fomenta el reciclaje

Granada cobrará desde el 1 de enero de 2026 la nueva tasa de basura a sus vecinos con las máximas bonificaciones que contempla la normativa. De los tres ayuntamientos cumplidores citados arriba, el de Granada de Marifrán Carazo es el que más se acerca al modelo de tasa que recomienda el Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos para ajustarse a los objetivos de la ley 7/2022: pagar por generación de residuos.

Siguiendo el principio de “quien contamina paga” y de premiar a los ciudadanos y empresas que realizan un esfuerzo en la reducción y la separación en origen, la tasa de Granada se calcula con una cantidad fija por la prestación del servicio y otra variable que penaliza al que más basura genera. La cuota fija es igual para todos contribuyentes y se calcula multiplicando el valor catastral del inmueble por un índice de 0,00211.

La cuota variable se calcula en función de la densidad de viviendas y de la producción de basura en su fracción resto: lo que se tira al contenedor gris. Para ello se ha tomado la división de la ciudad en cuadrículas que establece Medio Ambiente, de modo que los inmuebles dentro de cada una paguen en función de la basura que arroje cada zona a los contenedores grises, donde se echa lo que no se recicla en otras fracciones. Así pues, cada inmueble pagará una tasa que resulta de multiplicar su valor catastral por un índice establecido para cada cuadrícula en función de la basura que genere.

El modelo de cuadrícula permite obtener el coste por tonelada de residuo y uso y se distribuye entre todos los inmuebles de la misma cuadrícula, según el valor catastral.

El mapa con la división de la ciudad por cuadrículas y los índices correspondientes a cada una se publicarán en la web municipal junto a la nueva ordenanza para consulta pública. Se trata de 290 cuadrículas (de 325x325 metros cada una), ámbito en el que se conoce la producción de residuos de la fracción resto (toneladas anuales) que se obtiene de los medios técnicos instalados en los camiones de recogida, que cuantifican la cantidad de residuos depositados en los contenedores de la vía pública. También se conocen los costes de producción, puesto que estos no son otra cosa que el peso de los residuos generados en la cuadrícula por el coste que el Ayuntamiento soporta.

Los criterios de la tasa menos aconsejables

El Observatorio de la Fiscalidad de los Residuos rebate en su informe de 2024 varios de los criterios para calcular la tasa que defienden algunos de los ayuntamientos de las capitales de Andalucía, tales como el número de empadronados (residentes) en un domicilio, consumo de agua de cada hogar, zonificación y tipificación de calle, nivel de renta y valor catastral. De ellos dice que no son idóneos para que pague el que más residuos genera.

Sobre la opción de valorar los empadronados en un domicilio o la factura del agua, el Ayuntamiento de Granada respondió a la oposición que lo descartaron porque "¿Qué pasa con un piso alquilado donde los inquilinos no estén empadronados?". Defiende el modelo de cuadrícula porque "va a ser un criterio más justo", asegurando que por barrios se crearían más diferencias.

Málaga capital aún está valorando cómo aplicar el nuevo pago que exige el Gobierno por los residuos. Su intención es cobrar una tasa con un coste fijo de 93 euros por vivienda, más un variable según el consumo de agua de cada hogar que nunca podrá superar los 224 euros por ejercicio. Así pues, el Ayuntamiento de Málaga se inclina por un modelo que relacione el consumo de agua con la cantidad de basura generada. Y estudia cobrar un impuesto de basura a los turistas, de manera que este pudiera repercutir y minorar la tasa que acaben pagando los malagueños.

En Córdoba, la tasa de basura subirá una media de 24,51 euros al año por vivienda, lo que supone una subida media del 10%, y se calcula por la ubicación de cada domicilio, ya que la ciudad está dividida siete zonas fiscales. Fue aprobada solo con el voto a favor del PP. Los grupos de la oposición (PSOE, Hacemos Córdoba y Vox) han votado en contra porque esta subida llega meses después de que la basura subiera un 35%. El PSOE reprocha que "el quinto contenedor tenía que haber estado instalado el 1 de enero de 2024".

En Almería, la alcaldesa se enfrenta a una decisión crucial, teniendo en cuenta que en su programa electoral prometía la bajada de las figuras fiscales, así como el compromiso de mejorar el nivel de limpieza. Un caballo de batalla que nunca falla en elecciones municipales siendo uno de los problemas de ciudad que más preocupa a los almerienses.

En Huelva, el Ayuntamiento está evaluando aún el coste de la tasa y estudiando fórmulas de bonificación antes de ver cómo repercute en los vecinos.

En Cádiz, el Ayuntamiento no ha iniciado trámites para afrontar la tasa de basura.

Los criterios débiles para definir las cuotas

CUOTA FIJA

Que todos los hogares paguen lo mismo. Se desaconseja por el Observatorio de Fiscalidad de los Residuos porque implica que quienes generen menos residuos estarán subvencionando a los que produzcan más basura y cuyos hábitos desemboquen en costes mayores para el municipio.

ZONIFICACIÓN DE CALLE

Callejero fiscal, distancia al núcleo urbano u otros. Tampoco lo recomienda porque, desde el punto de vista ambiental o de la generación de incentivos, no es posible una relación determinante entre las zonas de una localidad y la generación de residuos urbanos domésticos.

NÚMERO DE RESIDENTES

Cifra de empadronados en cada hogar. El Observatorio de Fiscalidad de los Residuos considera “regresivo” este criterio porque no genera un incentivo para que los contribuyentes se impliquen en la prevención y en la recogida selectiva de residuos.

CONSUMO DE AGUA

Los litros de agua que gasta cada hogar. El consumo de agua presenta una correlación positiva (aunque débil) con la generación de residuos. Y avisa de que hay multitud de factores que explican las diferencias de consumo de agua entre hogares, como la presencia de piscinas, hábitos de consumo, hábitos de higiene, etc. y que no tienen nada que ver con generación de residuos.

NIVEL DE RENTA

Ingresos per cápita de cada vecino. El nivel de renta, por sí mismo, da una información incompleta y puede comportar sesgos importantes si no se cruza con otros criterios, tales como el número de habitantes de un hogar.

VALOR CATASTRAL

La base imponible del IBI. El Observatorio de Fiscalidad de los Residuos Dado dice que dado el amplio rango de valores que adopta el valor catastral, la aplicación de cuotas proporcionales a dicho valor podría dar lugar a rangos demasiado amplios. Por ello, para definir las cuotas, se tiende a optar por bloques o por transformaciones no lineales del valor catastral.