El Metro avanza en Málaga y Granada, mientras se estanca en Sevilla
La Junta está ejecutando ampliaciones en Málaga y Granada porque la inversión que requieren es muy inferior a los 1.045 millones de euros que necesita para unir la línea 3 con la 1
Sevilla lleva esperando desde 2009 la ampliación del Metro de Sevilla más allá de los 18 kilómetros de la única línea que está en servicio, mientras en otras capitales andaluzas el metropolitano avanza. La pregunta es ¿por qué se ejecutan ampliaciones del metropolitano en Málaga y en Granada por parte de la Junta de Andalucía, mientras en Sevilla estamos aún hablando de la financiación?
La respuesta, según la administración andaluza, es que los Metros de Málaga y Granada están ganando tramos porque la inversión en sus respectivas obras es muy inferior a los 1.045 millones que necesita Sevilla para construir el tramo Norte (Pino Montano-Prado) de la línea 3.
En Málaga, la ampliación del Metro que se va a estrenar en breve ha sido posible con créditos del BEI y Fondos Feder. Es un trayecto de 750 metros y cuatro minutos que conecta el intercambiador del Perchel (junto a la estación María Zambrano) con el centro de la ciudad (Guadalmedina), en las puertas de la calle Larios, y que ha necesitado unos 53 millones. La intención de la Junta es licitar una nueva ampliación en 2023 por de un tramo de 1,8 kilómetros hasta el Hospital Civil cuyo coste total se estima en 158 millones.
En longitud, estas ampliaciones del Metro de Málaga (que se funciona desde 2014 con dos líneas que suman 11,3 kilómetros) no van a superar los 18 kilómetros de la línea 1 de Sevilla.
En Granada se va a construir un kilómetro más de Metro con 68 millones de Fondos Next Generation, una opción a la que Sevilla no ha podido acceder porque la obra de la línea 3 va a durar más años del plazo temporal que requieren estos fondos. Se amplía el ramal sur, desde Armilla a Churriana de la Vega y Las Gabias, con financiación de 68 millones de euros aprobados por el Fondo Social Europeo, a lo que se suman 43 más para el contrato adjudicado para la compra de ocho nuevos trenes.
En la actualidad, el Metro de Granada tiene una longitud de 15,9 kilómetros en su mayor parte en superficie, con lo que la ampliación tampoco supera los 18 kilómetros de Sevilla.
Los inversores del Metro de Sevilla
En Sevilla, la ampliación proyectada consiste en dotar al Metro de una segunda línea (la 3) por ser la que conecta con la línea 1. Se trata del tramo norte (Pino Montano-Prado) de la línea 3 que suma 8,9 kilómetros de longitud, si bien requiere muchos millones, si lo comparamos con las ampliaciones de Málaga y Granada. Son exactamente 1.045 millones de euros los que necesita la Junta de Andalucía.
Esta obra del tramo Norte de la línea 3 no puede hacerse a pulmón por parte de la consejería de Fomento porque no hay presupuesto andaluz aprobado para 2022 sino prorrogado por la negativa de PSOE y VOX a apoyar la cuentas.
Sí le interesa mucho a la iniciativa privada, para la que esta línea sigue siendo un negocio muy apetecible. El privado es un socio indispensable para completar la inversión tan elevada que requiere esta obra. Ya contamos en esta sección que no faltan inversores interesados en construir esta línea y que con la iniciativa privada se puede ejecutar. El problema es que estos privados reclaman una rentabilidad que a estas alturas se antoja complicada.
Según fuentes del sector consultadas por este periódico, los inversores dispuestos a participar en la ampliación del Metro de Sevilla, en régimen de colaboración público-privada, han anunciado que durante la fase de construcción necesitan una rentabilidad superior al 10%, concretamente del 14 al 15%, mientras cuando acabe la obra esta podría ser del 8 al 9% al menos.
Las exigencias son muy elevadas teniendo en cuenta las limitaciones actuales que marca la ley vigente (de Desindexación de la economía), aprobada en 2015 por Rajoy, cuyo objetivo era precisamente que las administraciones no se endeuden a largo plazo con concesiones públicas.
El Gobierno central actual y su ministra de Hacienda María Jesús Montero han demostrado cero interés en modificar esa ley por más peticiones que está recibiendo de las comunidades, entre ellas del Gobierno andaluz. Como alternativa, la consejería de Fomento ha propuesto al Ministerio, para no tener que modificar la ley, que aplique la excepción que permite la norma para elevar esa rentabilidad del 2,5% o 4% actual (lo que admite la ley ahora) al 6,5% o 7%.
La Junta ha pedido al Ministerio que haga ese cambio por la vía que le permite el artículo 10 de esta norma: “por Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado”. Sin embargo, un 7% de rentabilidad en el contrato tampoco sería atractivo para los inversores, señalan las fuentes consultadas.
Por lo que respecta a la inversión pública, Fomento de la Junta está poniendo grandes esfuerzos en lograr como fuente de financiación los préstamos disponibles de los fondos Next Generation (una opción que no se había explorado hasta ahora) y los fondos Feder. Ambas opciones se han pedido al Ministerio y a Europa.
La Junta ya tiene apalabrado que puede contar con créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI), como sucedió con la línea 1. El Gobierno andaluz necesita una amplia financiación de privados y europea porque los presupuestos andaluces de 2022 quedaron bloqueados políticamente por la negativa de del PSOE y de VOX a aprobarlos, y se han tenido que prorrogar las cuentas.
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