La Gerencia de Urbanismo de Sevilla gasta 350.000 euros en externalizar los informes de licencias

Se agilizan las licencias a costa de orillar a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla. Se dice que se les libera de trabajo cuando en realidad son apartados o ven sustancialmente reducidos sus cometidos. Se externalizan sus funciones y así, por consiguiente, se tiene un mayor control del proceso. El Ayuntamiento dedica ya una partida de alrededor de 350.000 euros (aumentable si fuera necesario) para eliminar los controles que hasta ahora han ejercido los funcionarios o el cualificado personal laboral. Ahora serán los colegios profesionales los que asuman ese cometido. Una novedad de la que algunos en la Gerencia comienzan a ver la enorme trascendencia que tiene. No se apuesta por potenciar el organismo autónomo, sino una vez más por crear un procedimiento más rápido y efectivo a los intereses del gobierno. El gobierno exprime las opciones de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) que da entrada a la intervención privada en cuestiones reservadas al control público. Distinto es que no está obligado a hacerlo, mucho menos ahora, y que la Gerencia tiene muchos apartados para ser mejorados y potenciados: desde la propia sede de la Cartuja que se ha quedado anticuada hasta el cuerpo de inspectores a todas luces insuficiente, pasando por la reorganización de servicios, las promociones y la atención al público por las tardes.

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó en enero la nueva Ordenanza Municipal de Actividades y Obras (OROA) para potenciar la denominada "colaboración público-privada", eufemismo con el que se reduce el impacto que supone reconocer que se aparta del proceso a los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, lo que se justifica "con el objetivo de agilizar los trámites administrativos para el otorgamiento de licencias urbanísticas". El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, destacó hace unos días que con estas nuevas medidas “se van a reducir plazos para conceder licencias, lo que va a conllevar un importante ahorro para la iniciativa privada, y se va a liberar al funcionariado de estos trámites administrativos”. ¿Cuál es el coste además del económico? La pérdida de funciones de la propia Gerencia.

El gobierno de Sanz no termina de controlar el que debería ser el motor de la ciudad: la codiciada Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, con cada vez menos personal y que mantiene en la dirección económica y administrativa a Manuel Valdivieso, lastrado por diversas polémicas que han laminado su otrora enorme capacidad de influencia en varios gobiernos. Ahora es precisamente el gerente de Urbanismo, arquitecto de profesión, el que desvía 350.000 euros para que sean entidades colegiales (a nadie escapa el enorme papel que jugará el propio Colegio de Arquitectos) las que organicen el reparto de un papel fundamental en la prestación de un servicio ejercido hasta ahora por los técnicos del organismo autónomo municipal.

La propia información oficial no deja lugar a dudas de las consecuencias de una medida inédita en la historia del organismo autónomo municipal. Urbanismo explicó recientemente que se activará "el mecanismo de agilización previsto por la referida Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) para la emisión de los informes técnicos de licencias, implantando la relación de los mismos a través de entidades técnicas colaboradoras. En este particular, se homologarán a las corporaciones de una misma profesión para que cada uno, en los proyectos y licencias de los ámbitos de sus competencias, emitan los preceptivos informes técnicos, reduciéndose así la labor de la oficina técnica de licencias de la Gerencia a la supervisión y control urbanístico". Los ténicos que siguieron un proceso para alcanzar su puestos de trabajo (oposición y/o consurso) y que llevan años de ejercicio y conocimiento de las singularidades de una ciudad como Sevilla (con un gran conjunto historico-declarado) son sustituidos en la mayor parte del proceso por quienes sean elegidos por el correspomdiente colegio profesional. Al menos, eso sí, se deja fuera de esta 'reforma' a los edificios catalogados como BIC.