El círculo vicioso del Polígono Sur

Los informes médicos ya revelan la presencia del principio activo de la marihuana en jóvenes de la zona. Durante el confinamiento se han producido asaltos y ocupaciones de viviendas para instalar unas plantaciones que necesitan luz y calor obtenidos de forma fraudulenta y con graves perjuicios para los vecinos honrados.

Imagen de una plantación de marihuana intervenida por la Policía
Imagen de una plantación de marihuana intervenida por la Policía / M. G.

La vida ha seguido con independencia de la pandemia. España estuvo casi parada varios días, pero algunas cosas siguieron su curso. En general, los perros flacos perdieron aún más peso. Los perros con pulgas cogieron todavía más pulgas. Traducido en clave urbana, los barrios desfavorecidos lo han pasado mucho peor. No porque lo diga la estadística oficial ni las percepciones. A quienes se les iba la luz en el Polígono Sur antes de la pandemia se les sigue yendo ahora. Ocurría y ocurre en la calle Dulcinea de la barriada Murillo, como sucede en calles alejadísimas de la Giralda como Tierra de Rastrojos, Viridiana, Viento del Pueblo, Dama del Alba, Arca de la Alianza, Estrella de la Mañana, plaza Don Quijote de la Mancha, Utopía, Luis Ortiz Muñoz… Son calles donde hay bloques que se quedan sin luz y cuesta un mundo reparar la avería. Antes y durante la pandemia. Y no se debe a malas condiciones técnicas, sino a los enganches ilegales que efectúan quienes tienen plantaciones de marihuanas en las casas. Se denominan cultivos in door y cada vez proliferan más en el Polígono Sur.

La compañía eléctrica confirma los numerosos casos de fraude. No se trata de un problema específico de esta zona de Sevilla. Ocurre en los barrios más degradados de todas las provincias andaluzas. Miles de familias se quedan a oscuras porque hay quienes viven del cultivo de la marihuana. Hay algunos casos de vecinos que efectúan un enganche ilegal para no pagar la luz, pero la inmensa mayoría de los casos lo hace porque necesitan la luz como fuente de calor y ventilación de la marihuana.

No es que se queden familias literalmente a dos velas, es que hay entidades que trabajan en la zona que no pueden desarrollar su actividad porque les falta el suministro eléctrico. Es el caso de asociaciones que trabajan en la entrega de alimentos, productos de higiene, etcétera. Todavía es peor cuando los enganches ilegales se multiplican, saturan la red y se produce una situación de colapso que deja a todos, absolutamente a todos, sin luz. Hay quien plantea dejar los bloques clave sin suministro, pero los malhechores tienen suerte, porque en todos los bloques hay gente decente, honrada y que pagan sus facturas. Resulta inviable apostar por una desconexión por bloques. Los defraudadores, como suele ocurrir, se aprovechan de la presencia de vecinos que sí cumplen con sus obligaciones a los que la compañía eléctrica no puede dejar tirados.

Quien padece este problema cuenta que la cosa va mucho más allá de no tener luz durante unas horas : “Sufrimos también problemas de desconexión telemática, de perjuicio económico al sufrir merma en los alimentos en frío o congelados y, lo que es más importante, riesgos para la salud de enfermos y mayores si no pueden funcionar las máquinas de respiración para pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica”. El comisionado para el Polígono Sur, Jaime Bretón, se está esforzando todo lo que puede en denunciar este problema y en llamar a las partes implicadas. Se ha entrevistado con la compañía eléctrica y ha pedido más inspecciones mediante nuevas tecnologías que permiten detectar los fraudes. Incuso ha expuesto el problema que tienen muchos vecinos que se encuentran en régimen de alquiler, sufren el corte de la luz y han de esperar a que el titular de inmueble sea quien ponga la denuncia

A todo esto sumen el eterno problema de inseguridad en la zona debido a las presiones de los distintos clanes por hacerse con el control del tráfico de drogas y oras actividades ilícitas. De abril a mayo se han producido seis enfrentamientos con armas de fuego en las barriadas de Martínez Montañés, Murillo y Las Letanías. Urge el desmantelamiento de las plantaciones de marihuana, aunque el principal problema es que la Policía sufre en este sentido una suerte de tormento de Sísifo. Se suprimen plantaciones y vuelven a aparecer.

Al menos se trata de que no exista una sensación de impunidad, de que no se expanda la sensación de que se trata de zonas de la ciudad al margen de la ley, y de que no se ceje en luchar contra el denominado “círculo vicioso” que sufren muchos vecinos del Polígono Sur. Si no hay denuncia, la Policía no puede actuar. Los vecinos muchas veces tienen miedo a señalarse, porque saben que se la juegan. La compañía eléctrica no puede quitarle la luz a todo el bloque si no advierte que todas las viviendas están enganchadas ilegalmente. La Policía no consigue órdenes judiciales de entrada a los pisos porque se trata de “droga menor”, por lo que han de trabajar con indicios y no con pruebas. Las averías eléctricas son, pues, el síntoma, la consecuencia, el fastidio y el perjuicio de un problema mucho mayor que no se ha parado en ningún momento del vigente estado de alarma.

Todos los datos confirman que el Polígono Sur se ha convertido desde 2014 en el epicentro del cultivo de la marihuana con numerosas plantaciones en el interior de los pisos. Hay casos de incendios en las viviendas provocadas por la manipulación de las redes eléctricas, como los hay que de extorsión a personas mayores para hacerse con sus viviendas. “Durante el confinamiento, algún clan se ha atrevido a intentar echar de sus casas a personas que tenían la propiedad mediante compra-venta elevada escritura pública”. Y sigan sumando: el absentismo escolar es absoluto y la educación on line es un imposible, pues hay menores que gana dinero mediante el cultivo de marihuana. Han aparecido restos de principio activo de la marihuana en la sangre de menores, como advierte el comisionado, que se basa en los informes médicos de los dos centros de salud. Todo este panorama, en el contexto de un estado de alarma que empobrece aún más a las clases más desfavorecidas, ponen en grave riesgo los logros que se han obtenido en los últimos años en la zona.

La solución no es sencilla. Urge la implicación de la Fiscalía y de la Policía, el aumento de las inspecciones de la compañía eléctrica, el endurecimiento de las penas para que el cultivo de marihuana no sea considerado delito menor para que las investigaciones policiales se consideren probatorias y no como meros indicios, y que la Junta de Andalucía recupere los pisos donde está comprobado que hay plantaciones.

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