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Un veterinario de Sevilla ha sido condenado a pagar una indemnización de 1.820 euros por la muerte de un perrito al que sometió a una esterilización pese a que su centro solo estaba reconocido como consultorio y no como clínica para intervenciones quirúrgicas mayores.
La sentencia del juzgado de primera instancia 25, a la que tuvo acceso este periódico, otorga una indemnización de 470 euros por el precio del animal y otros 1.350 por los daños y perjuicios derivados de su muerte. “Es evidente que la pérdida del perrito ha supuesto para la familia demandante, pero especialmente para sus hijos menores -de 9 y 7 años-, un impacto emocional y dolor al verse privados de su compañía”, según la juez.
El perrito de raza chihuahua tenía ocho meses cuando, por recomendación del veterinario condenado, iba a ser castrado el 27 de septiembre de 2017 pero falleció al inicio de la intervención quirúrgica por shock anafiláctico, probablemente por reacción adversa o alérgica frente a alguno de los fármacos administrados”, según la sentencia.
Según el expediente disciplinario abierto por el Colegio de Veterinarios de Sevilla, el centro demandado fue sancionado porque tenía la categoría de consultorio según el Reglamento para el ejercicio profesional en clínicas de animales elaborado por la Asamblea de Colegios Veterinarios de España.
Dicho Reglamento establece que para realizar intervenciones quirúrgicas, salvo las consideradas menores, es preciso contar con al menos un quirófano independiente, gases medicinales y monitorización anestésica, y “quedan expresamente excluidas del concepto de cirugía menor las esterilizaciones”.
“Por mucho que el demandado sostenga que en su centro existían todos los elementos exigidos para realizar intervenciones quirúrgicas”, dice la sentencia, “lo cierto es que ha sido sancionado precisamente por estos hechos al considerarse en el expediente disciplinario que realizó la operación quirúrgica en un centro dado de alta como consultorio y no como centro veterinario, y por lo tanto no apto para cirugías mayores” aunque posteriormente subsanó las irregularidades y obtuvo la calificación adecuada.
La norma “exige expresamente” que el centro tenga monitorización anestésica adecuada, y en el expediente disciplinario el veterinario únicamente alegó tener “monitorización adecuada”. Por ello dice la juez que si el perrito hubiera estado en un centro acorde a la norma y dotado con todos los medios, tal vez se hubiera evitado su fallecimiento.
La demanda fue presentada por el bufete sevillano Derecho&Animales, especializado en la lucha por el bienestar de los animales. Afirma a este periódico que valoran esta sentencia por “el reconocimiento que hace del dolor que la muerte de los animales causa a los miembros de la familia, ya que no hay duda de que los animales son parte de la misma”.
También destaca “la responsabilidad de los veterinarios, ya que si bien la mayoría de ellos son buenos profesionales, debemos exigir que empleen todos los conocimientos y medios para sanar a sus paciente con la mayor rigurosidad y respeto”.
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