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Falsedad y estafa
La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos años y 8 meses de prisión a un abogado que estafó 180.000 euros a una viuda a la que asesoraba en el impuesto de transmisiones tras la muerte de su esposo. Le ofreció unas operaciones de préstamos entre particulares con garantía hipotecaria y una rentabilidad del 30% que nunca recibió.
La sentencia de la Sección Primera, a la que tuvo acceso este periódico, relata que, tras el fallecimiento del esposo de la denunciante, el abogado Juan Carlos A.C. le propuso invertir los 180.000 euros de los que disponían en metálico en lo que denominó “operaciones de capital privado con garantía absoluta”, que no eran otra cosa que préstamos entre particulares a un interés del 30% con garantía inmobiliaria. Esas inversiones serían gestionadas por el segundo condenado, Teodomiro V.S., que fue presentado como un experto en ese tipo de operaciones y que es condenado a dos años y dos meses de prisión.
El abogado Manuel Manzaneque, que ejerció la acusación en nombre de la víctima, explica a este periódico que la condena al letrado aplica el tipo agravado de haberse aprovechado de su credibilidad profesional. Junto a los dos años y ocho meses de cárcel, Juan Carlos A.C. es condenado a la misma inhabilitación profesional para ejercer la abogacía y su multa de ocho meses llevará una cuota diaria de 12 euros (lo que totaliza 2.880 euros) “atendiendo a su situación económica como letrado en ejercicio”.
La viuda y su hijo entregaron en enero de 2012, en el despacho profesional del abogado, un total de 180.000 euros y, “con el propósito de dar credibilidad a la operación”, ambos acusados elaboraron unos contratos de compraventa en los que Teodomiro se atribuía facultades de disposición inexistentes sobre los inmuebles que servirían de garantía: uno en Jerez de la Frontera, otro en Vejer de la Frontera y dos fincas rústicas en Sanlúcar de Guadiana.
La sentencia relata que el abogado “les pintó una operación de color de rosa” en la que iban a ganar un 30% y les insistió en realizar la inversión ya que, si no ganaban esos intereses, tendrían las fincas a su nombre.
La realidad es que ambos acusados eran “sabedores de que las operaciones eran inviables por no disponer de los inmuebles” y no devolvieron el dinero ni los intereses cuando se los exigieron.
Pero es más: la sentencia recoge como parte del engaño que, para supuestamente recuperar el dinero, Juan Carlos convenció a la viuda de iniciar un procedimiento penal contra el prestamista que terminó con sentencia de conformidad en marzo de 2017, en virtud de la cual fue condenado por la falsa transmisión de una vivienda a indemnizar a la denunciante en 56.000 euros.
Por tanto, de los 180.000 euros que recibieron los acusados, la Audiencia acuerda restar los 56.000 euros de aquella condena y otros 4.200 que han recibido en pagos parciales del prestamista.
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