Destinaron a su “patrimonio particular” unas ayudas a la reindustrialización de Cádiz

La Audiencia de Sevilla ha condenado a dos hermanos empresarios a dos años y medio de cárcel por destinar a su “patrimonio particular” y sociedades de inversión una ayuda de 1,2 millones de euros concedidos en el marco de la reindustrialización de la comarca de la Bahía de Cádiz.

Se trataba de unas subvenciones concedidas por la Secretaría General de Industria en junio de 2011 a la empresa Pinturas Aéreas Bahía de Cádiz S.L. por importe de 1.267.122 euros, un plazo de amortización de 10 años y un periodo de carencia de cinco.

Esa ayuda “no se destinó a desarrollar el proyecto industrial para la que fue concedida” y nada más recibir el pago anticipado, los hermanos Manuel y Luis Miguel B.G. extrajeron mediante cheques una cuantía total de 300.000 euros que transfirieron a una entidad de inversiones administrada por ellos mismos, según la sentencia de la Sección Séptima de la Audiencia facilitada a este periódico por el Gabinete de Prensa del TSJA.

Relata la sentencia que hicieron otra transferencia de 967.000 euros con destino otra cuenta de su empresa desde la cual, entre agosto y noviembre de 2011, realizaron numerosas operaciones de reintegros, transferencias y contratación de productos financieros “la mayoría de los cuales tampoco guardaban relación con el mencionado proyecto industrial”.

Su única finalidad, según los magistrados, era “destinar una parte sustancial de las ayudas a sus patrimonios particulares y sociedades vinculadas”, entre las cuales se encontraban la empresa de inversiones, una planta de energía solar y otra compañía de explotaciones agrícolas.

Con el dinero de la ayuda los hermanos suscribieron un contrato de opción de compra sobre cinco locales comerciales en Lebrija, operación que “resultaba totalmente ajena al proyecto industrial financiable con la ayuda concedida por el ministerio de Industria”.

Los empresarios son condenados por un delito de fraude en subvenciones a dos años y medio de cárcel, 1,5 millones de multa y la prohibición de recibir subvenciones durante cuatro años. Además deberán indemnizar al estado en 935.454 euros, en una resolución que también contempla la condena a su empresa a pagar otra multa de 1,2 millones.

La sentencia les absuelve, sin embargo, de delitos de estafa e insolvencia punible y de otro delito de fraude en subvenciones en grado de tentativa por los 211.176 euros que, en agosto de 2011, otorgó a su empresa la Dirección General de Fondos Comunitarios del ministerio de Hacienda para el mismo proyecto empresarial.

Aunque la subvención finalmente no se hizo efectiva ya que el ministerio declaró el incumplimiento de las condiciones, la sentencia cree que “no se ha demostrado que los acusados no tuvieran propósito alguno de desarrollar el proyecto, pues consta que, en fechas posteriores a la solicitud, realizaron diversas inversiones y gastos relacionados con el mismo”.