El dueño de un perro atropellado es condenado a pagar 1.992 euros

El juzgado número 2 de Lora del Río ha condenado a pagar 1.992 euros al dueño de un perro que se escapó y fue atropellado en una carretera. Esa cantidad responde a los gastos de veterinario que pagaron dos asociaciones protectoras de animales mientras que el dueño pretendía recuperar su mascota pero sin abonar la factura.

La sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, considera acreditado que el perro se escapó de su dueño en enero de 2015 y el día 31 de ese mes sufrió un atropello tras el cual fue mordido por otros perros y apareció en una cuneta de la carretera que une Brenes con Villaverde del Río.

Allí fue recogido por miembros de la asociación Animalius, que pagó los más de dos meses que el perro estuvo ingresado en una clínica y recibió atención veterinaria.

A consecuencia del atropello, según la juez, hubo una migración del microchip identificativo del perro, que se movió del lugar obligatorio en el cuello, por lo que en un primer momento no pudo ser detectado y se desconocía que el animal tuviese dueño.

Pero desde la primavera de 2016, las asociaciones protectoras Animalius y La Sonrisa Animal (LASA) se pusieron en contacto con el dueño Diego M.L., le hicieron saber que su perro estaba vivo y la clínica veterinaria que le había tratado, por lo que él mismo fue allí unas cinco veces y habló con uno de los veterinarios, pero se negaba a pagar los gastos.

“El abandono no puede salir gratuito”

Rafael González Bermejo, presidente de Animalius, destaca a este periódico la importancia de esta sentencia porque “el abandono no puede salir gratuito”.

En este caso, además, el dueño del perro pidió la suspensión del procedimiento por prejudicialidad penal, puesto que había interpuesto una denuncia por delito de estafa procesal, an entender que el convenio de colaboración entre LASA y Animalius de agosto de 2015 “pudo ser confeccionado expresamente para dar cobertura a la demanda”.

La sentencia hace una valoración conjunta de la prueba y de la declaración testifical de González Bermejo y considera probada la autenticidad de dicho convenio, según el cual Animalius ofrece ayuda legal en la realización de trámites jurídicos y LASA se encarga de la recogida de animales abandonados o maltratados.

Por otra parte, la resolución destaca que los 1.992 euros se corresponden con los gastos ocasionados desde el atropello, la atención veterinaria y otro ingreso posterior en 2018 debido a complicaciones que surgieron por un implante metálico que colocaron al animal.

La cantidad reclamada “no es una cifra desorbitada o desproporcionada que tanta desconfianza ha generado en el demandado”, dice la juez, y recuerda que en ella solo se pide el tratamiento veterinario derivado del atropello “y no la alimentación, mantenimiento o tratamientos posteriores”.