Sentencia de los ERE: El Supremo sólo ha reducido a más de la mitad la condena a uno de los ex altos cargos condenados por malversación

De los nueve ex altos cargos que fueron condenados a penas de cárcel por la malversación de los fondos públicos relacionada con el escándalo de los ERE, el Tribunal Supremo sólo ha rebajado a más de la mitad (de siete a tres años) la condena impuesta al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, que sucedió en el cargo al principal imputado Javier Guerrero, fallecido en octubre de 2020.

El abogado Manuel Pérez Cuajares, de Constitución 23 Estudio de Litigación, ha mostrado su satisfacción por la decisión del Alto Tribunal, "Sin duda es una enorme satisfacción profesional ver que los argumentos técnicos de este letrado son estimados, pues una rebaja tan sustancial de la pena, abre interesantes puertas procesales a una eventual suspensión de la ejecución de la pena, aunque sin duda, hasta leer la sentencia en su integridad, no se podrán hacer valoraciones jurídicas certeras para valorar las distintas opciones procesales".

El fallo anticipado este martes por la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha rebajado la pena a Juan Márquez al aplicarle una circunstancia atenuante de reparación del daño como muy cualificada.

En la vista celebrada en mayo pasado en el Supremo para la exposición de los recursos de casación, el abogado Manuel Pérez Cuajares hizo hincapié en la "insuficiencia" de las pruebas practicadas para condenar por el delito de malversación, por cuando las ayudas individuales "no han sido objeto de enjuiciamiento" y no hay pruebas de la misma "porque la Sala precisamente lo impidió en el acto del plenario en el auto que resolvió las cuestiones previas. La Sala decidió enjuiciar el delito de malversación sin entrar en el cómo, ni el cuándo ni para quién, lo cual nos parece inviable", añadió entonces.

El fallo ha estimado totalmente el recurso de tres ex secretarios generales técnicos de la consejería de Empleo que fueron condenados a penas de entre ocho y nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.