La Justicia castiga con hasta 14 años a los guardias civiles corruptos de Isla Mayor

Uno de los peores delitos que se pueden atribuir a un funcionario policial: el soborno para favorecer actividades delictivas como el tráfico de drogas. La Audiencia Nacional ha condenado a penas que van desde los cuatro años y seis meses de prisión a los 14 años y tres meses a cuatro guardias civiles del puesto de Isla Mayor (Sevilla) que facilitaron la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas, según ha informado este viernes la Audiencia Nacional.

Los magistrados de la Sección Primera de la Sala de lo Penal han impuesto también penas que van desde los dos años y tres meses de prisión a los ocho años y un mes a los 18 miembros y colaboradores de la mencionada organización, que lideraba Francisco Antonio R. C., alias El Negro, quien disponía de varias lanchas semirrígidas para transportar el hachís en grandes cantidades desde Marruecos a las costas españolas y dos naves en Coria Del Río donde ocultaban y mantenían las embarcaciones y los vehículos empleados por la organización.

Todos los acusados,entre los que se encuentra Iván Odero, que inspiró la película de Daniel Monzón El Niño, reconocieron los hechos durante el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional y aceptaron las penas que solicitó la Fiscalía Antidroga, a excepción del sargento de la Guardia Civil Francisco Javier C. B., comandante del puesto de la Guardia Civil de Isla Mayor, que ha sido condenado a 14 años y 3 meses de cárcel por delitos de tráfico de drogas, con pertenencia a organización, blanqueo de capitales y cohecho. Para el resto, la Sala acepta la atenuante analógica de reconocimiento de los hechos.

El tribunal ha condenado, en concreto, al sargento Francisco Javier C. B. a siete años de cárcel y al pago de dos multas de tres millones de euros, por un delito de tráfico de drogas; a otros tres años, tres meses y un día y multa de 44.080 euros por un delito de blanqueo de capitales; y a otros cuatro años y al pago de una multa de 1.080 euros por un delito de cohecho.

La sentencia relata en sus hechos probados que en el mes de abril de 2016, el sargento Francisco Javier C. B. mantuvo varios contactos con el jefe de la organización Francisco Antonio R. C, a quien le ofreció la protección de los miembros de la Guardia Civil de su comandancia para facilitarle la entrada del hachís a través del río Guadalquivir a cambio de dinero, llegando a un acuerdo que suponía la entrega de 6.000 euros al inicio y otros 20.000 euros cada vez que terminase con éxito una operación.

Dice la sentencia que los guardias civiles Luciano M. V. (condenado a ocho años, un mes y 15 días), Claudio G. G. (condenado a cinco años y cinco meses) y Juan Rafael M. R. (condenado a cuatro años y seis meses) "estaban de acuerdo con su sargento" y pactaron el reparto del dinero que el Negro les iba a entregar.

Así, estos tres agentes facilitaban al traficante información de los lugares y momentos en los que se iban a realizar las patrullas de la Guardia Civil “para evitar coincidir con la entrada del hachís”. Además, informaban de la titularidad de cualquier vehículo sospechoso que temiesen que les podía vigilar en sus transportes o descargas, “y trataban de averiguar si podían estar siendo objeto de investigación por otras comandancias” del Instituto Armado.

También hicieron entrega a Francisco Antonio R.C., continúa la resolución, de la llave de la que disponían en la Comandancia para abrir la cancela de la denominada “Bomba del Quini”, en la zona del Matochal, con acceso a un brazo del río Guadalquivir restringido al formar parte del entorno del parque natural de Doñana, lo que "facilitaba el desembarco del hachís en una zona protegida", precisa la sentencia.

La sentencia señala que a partir del verano de 2016 es el guardia Luciano M. V. quien se ocupa de mantener los contactos con el Negro, "desplazando al propio sargento, que comienza a sospechar que le ocultan información sobre los alijos, para evitar tener que pagarle su comisión".

Cuando en diciembre de 2016 la Comandancia deSevilla pidió informe al puesto de Isla Mayor sobre las personas que podían estar dedicándose en esa zona al tráfico de hachís, el agente Luciano M. V. incluyó a las organizaciones "de personas rivales", omitiendo deliberadamente información sobre los individuos y las organizaciones cuya actividad favorecían.

El tribunal rechaza la tesis del sargento de que pretendía captar información

El tribunal rechaza la tesis del sargento de que fingía participar en operaciones de tráfico de drogas con la finalidad de captar información. Sus manifestaciones, dicen los jueces, “carecen de la más mínima verosimilitud. De ser cierto que el sargento trataba de descubrir operaciones de narcotráfico su principal preocupación debería haber sido la responsabilidad de sus propios hombres, que no se le hubiese podido ocultar. Y nada puede explicar las largas conversaciones que tiene con su segundo el guardia civil Luciano M. en las que hablan de reparto de dinero y del paso de las gomas, en referencia a lanchas neumáticas, salvo la realidad de la cobertura que prestaba a la organización de narcotraficantes”. En este sentido, la Sala tiene en cuenta las confesiones de otros acusados respecto a la participación del sargento.

El tribunal concluye que en este caso “se ha estimado la existencia de un concierto entre el jefe de la organización de narcotraficantes, R.C., y cuatro de los miembros de la comandancia de la Guardia Civil de Isla Mayor. Estos últimos facilitaban la entrada del hachís procedente de Marruecos de la organización”.

La sentencia señala asimismo que entre 2012 y 2016 el sargento Francisco Javier C. B., gracias a las cantidades que le entregaron los narcotraficantes por la "cobertura que daba a sus operaciones", obtuvo unos ingresos de 22.040 euros, que fue ingresando en pequeñas cantidades en una cuenta corriente. Por su parte, el agente Luciano M. V., también gracias a las cantidades entregadas por los traficantes, obtuvo unos ingresos de 35.100 euros, que también ingreso en pequeñas cantidades en el banco.

El 28 de agosto de 2016, la Guardia Civil intervino a esta organización una embarcación semirrígida con 10 fardos de hachís, con un peso de 295 kilos que hubiesen alcanzado en el mercado ilícito un valor de 459.704 euros, y en el mes de diciembre en otra actuación la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla intervino otros 50 fardos que contenían resina de cannabis, con un peso de 1.479 kilos y un valor en el mercado ilícito de 2.303.737 euros.