La victoria de la tesis de los peritos de la IGAE en los ERE

La sentencia de los ERE ha dejado en el camino muchos derrotados, que no se esperaba una condena tan dura como la que ha dictado la Audiencia de Sevilla al castigar a 19 de los 21 ex altos cargos juzgados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, pero también ha mostrado a los vencedores en este primer round, puesto que será el Tribunal Supremo el que decida el resultado final del combate.

Entre los vencedores están, evidentemente, la juez Mercedes Alaya, la primera instructora del caso, que en su día diseñó la teoría de la pirámide de responsabilidades cuya cúspide –los ex presidentes Chaves y Griñán– ha sido ahora castigada con penas de inhabilitación y de prisión. Se trata del primer aval importante que recibe una instrucción de Alaya tras la condena del cohecho de Mercasevilla y de los estrepitosos fracasos que supusieron para su labor como instructora la absolución del ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera y de los diez procesados –entre ellos algunos políticos– por la adjudicación del concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla.

Hasta la sentencia conocida el pasado martes, de las 36 personas que habían sido procesadas en instrucciones de Mercedes Alaya, 33 habían sido absueltas y sólo tres personas habían sido condenadas, dándose además la circunstancia de que dos esas condenas se referían a una misma persona.

Todos esos fracasos de la Alaya instructora quedan ahora eclipsados con la condena en su gran macroinstrucción, aunque conviene recordar que la condena de los ERE ni siquiera habría sido posible ahora por su negativa a dividir la macrocausa en piezas y su firme convicción de que sólo debía celebrarse un único juicio –que serían imposible de celebrar, de otro lado, con los 500 imputados que hay en las 120 piezas separadas de los ERE–.

Hay que reconocer que la sentencia dictada ahora, y a la espera de lo que pueda resolver el Tribunal Supremo en los recursos de casación que van a presentar todos los condenados, supone un rotundo éxito de Mercedes Alaya. Y no cabe duda que la sentencia también respalda las tesis coincidentes que ha mantenido estos años la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho, la sentencia asume literalmente muchos párrafos de la redacción del escrito de conclusiones definitivas que presentaron en el juicio los fiscales Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra -basta leer los hechos declarados probados por el tribunal-, como también repite el contenido de la prueba estrella del juicio: el informe pericial realizado para el juzgado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Se puede decir que estos peritos, con su singular jefe a la cabeza, Ángel Turrión, son los otros vencedores de la sentencia de los ERE.

El jefe de los peritos fue el mejor testigo de cargo para las acusaciones. Con una estudiada puesta en escena, una voz profunda, como sacada de un gran documental, y la vehemencia en la defensa de sus tesis, plasmadas en los centenares de folios del informe pericial, acabó por convencer por completo a los tres magistrados que han dictado sentencia.

De nada han servido las alegaciones de algunas de las defensas que pidieron la nulidad porque consideraban que se trataba de una pericial jurídica, ni la batalla técnica que plantearon los otros peritos –catedráticos de Derecho Financiero y Tributario, entre otras destacadas figuras universitarias– propuestos por las defensas de algunos ex altos cargos.

El que algunas defensas denominaron en su día con el apelativo del "Forrest Gump del Derecho" –en alusión a Ángel Turrión y a su extraordinaria capacidad para no parar de recitar en la vista oral los artículos, preceptos y leyes que avalan sus tesis–, se ha "llevado de Calle" al tribunal, entre ellos al ponente, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, si me permiten este chiste fácil.

El ponente recoge precisamente en el fallo uno de los argumentos más utilizados por Ángel Turrión para sostener que las transferencias habían sido utilizadas ilegalmente por la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, dado que según la IGAE y ahora también el tribunal, las transferencias sólo podían ser utilizadas para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del IFA/Idea.

En este sentido, la sentencia dice que el destino, la naturaleza, la clasificación presupuestaria y otros extremos de las transferencias de financiación "han sido regulados en el periodo 1992-2014 (23 años) de forma coherente por un conjunto de 45 normas, integrado, al menos, por las siguientes: 23 leyes, dos decretos, 16 órdenes de la Consejería de Hacienda y cuatro instrucciones", y en este amplio cuerpo normativo las transferencias "siempre han tenido y en la actualidad siguen teniendo" el destino de la cobertura de las pérdidas de una entidad pública. La misma cantinela que Turrión defendió reiteradamente en el juicio.