Un tercer magistrado abandona la Audiencia de Sevilla por la sobrecarga de trabajo

Un tercer magistrado abandona la Audiencia de Sevilla por la sobrecarga de trabajo derivada de los casi 200 juicios de las macrocausas. Se trata de la juez María Dolores Sánchez, que está adscrita a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial y que ha sido la ponente del segundo juicio de los ERE, en el que se han investigado las ayudas concedidas a la empresa Aceituras y Conservas (Acyco), que aún está pendiente del dictado de sentencia. La magistrada ha obtenido la plaza vacante del juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, con lo que vuelve a un juzgado de Instrucción tras haber accedido a la Audiencia en 2008.

La diáspora de magistrados de la Audiencia de Sevilla por el colapso derivado de las macrocausas comenzó en septiembre pasado, cuando el BOE publicó el nuevo destino del magistrado Francisco Gutiérrez, hasta entonces destinado en la Sección Cuarta de la Audiencia, que ha pasado a dirigir el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Sevilla.

Esta fue la primera marcha de un magistrado de la Audiencia de Sevilla, a la que está previsto que lleguen en los próximos años hasta 170 juicios derivados de las distintas macrocausas y de las que hasta ahora sólo se han celebrado seis juicios: dos del macroproceso de los ERE y otros cuatro relacionados con las ayudas concedidas por la sociedad pública de capital riesgo andaluza Invercaria.

Tras la marcha De Francisco Gutiérrez, otra magistrada, en este caso de la Sección Tercera, Inmaculada Jurado Hortelano, obtuvo la plaza vacante en el Juzgado de Menores 2 de Sevilla, lo que confirma un insólito escenario en el que los jueces prefieren volver a un juzgado unipersonal considerado de menor rango que la Audiencia de Sevilla. La marcha de la magistrada María Dolores Sánchez está prevista que se concrete en el mes de enero de 2022, cuando el BOE publique la resolución definitiva del concurso de traslados.

A estos cambios se suma además la jubilación anticipada del magistrado Juan Antonio Calle Peña, ponente de la sentencia del denominado procedimiento específico de los ERE, en la que fueron condenados 19 ex altos cargos de la Junta.

La salida de magistrados de la Audiencia está provocando nuevos movimientos en los destinos de los jueces sevillanos. Así, la vuelta de María Dolores Sánchez a los juzgados de Instrucción se ha debido a que la hasta ahora titular del juzgado de Instrucción número 1, Elvira Alberola, obtuvo una plaza de magistrada en la Sección Cuarta de la Audiencia, que precisamente había quedado vacante por la salida de Francisco Gutiérrez.

Otra juez de Instrucción, la titular del juzgado de Instrucción número 3, Patricia Fernández, que ha investigado entre otras causas la macrocausa de Isofotón y las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la reapertura de la mina de Aznalcóllar, ha obtenido asimismo plaza de magistrada en la Audiencia de Sevilla.

Otro cambio que se producirá en los juzgados de Instrucción de Sevilla es la salida de la juez Nieves Martínez, que dirige el juzgado de Instrucción 20, que pasará al juzgado de lo Contencioso-administrativo número 8 de Sevilla; y al juzgado de Primera Instancia número 15 llegará un magistrado de Dos Hermanas por la jubilación del hasta ahora titular.

Ante la situación de colapso, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó en noviembre pasado reforzar las secciones penales de la Audiencia hispalense (secciones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima) para que, a final de este año, cuente con 24 magistrados en total y cada sección pueda componerse con seis magistrados cada una. De esta manera, se pretende aliviar la carga de trabajo y que no se dilaten en exceso los señalamientos, dado que cada sección podrá constituirse si es necesario en dos tribunales de tres magistrados para celebrar juicios y tratar de evitar el colapso en el que está inmersa actualmente la Audiencia por los juicios de las macrocausas, que pueden hipotecar estos tribunales durante más de una década.

Así, la Sala de Gobierno tomó conocimiento de las necesidades de la Audiencia Provincial de Sevilla, en concreto de la situación de las secciones penales en las que concurren disfunciones derivadas de la utilización de las salas de vistas, de la concurrencia de idénticos abogados en determinadas macrocausas, o de la importante carga de trabajo y complejidad de algunos asuntos.