El taxista “amigo” de Cabrera

El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, compareció el pasado jueves ante la juez que investiga la macrocausa relacionada con la presunta mafia del taxi. Cabrera llegaba, en principio, sin conocer la imputación formal de la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, la magistrada Reyes Flores, quien antes de iniciar el interrogatorio le informó de que le achacaba un delito de prevaricación omisiva, es decir, una supuesta permisividad, pasividad o falta de actuación por parte de este responsable político para haber acabado con el monopolio de la parada del aeropuerto de Sevilla por parte de la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi y tampoco con los altercados y ataques sufridos por los Vehículos de Transporte Concertado (VTC).

El interrogatorio de Cabrera se desarrolló con normalidad, salvo por el hecho de que la Fiscalía de Sevilla, que se ha mostrado muy activa en la instrucción de esta macrocausa, no planteó ninguna pregunta al concejal socialista, que ya había comparecido con anterioridad en este mismo juzgado, aunque en calidad de testigo. La juez se quedó sola en la imputación de Cabrera, y el fiscal no le hizo ninguna pregunta, a pesar de que la instructora, al principio y al final de la declaración interpeló al representante del Ministerio Público sobre si quería formular alguna cuestión al delegado de Seguridad y Movilidad.

La actitud de la Fiscalía no pasa desapercibida y permite vislumbrar que la decisión de traer a declarar a Juan Carlos Cabrera como investigado –antes imputado– es exclusiva de la instructora. Lo normal es que una decisión tan relevante como la de citar como investigado a un concejal se adopte de común acuerdo por el juez y el fiscal, es como una especie de regla no escrita, aunque tampoco es obligatorio porque la decisión final siempre es del instructor.

La imputación de Cabrera se fundamenta principalmente sobre dos argumentos, que el propio delegado rechazó de forma contundente: la de haber supuestamente ordenado a los funcionarios que quitaran multas a taxistas y la de haber dado igualmente instrucciones para que no se tramitaran expedientes, todo ello basado en una relación de amistad con el ex presidente de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi (AHST) Enrique Filgueras, a quien el concejal casó en una ceremonia civil.

La cuestión de la boda civil aparece en un informe de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional realizado el 27 de junio de 2017, tras el registro de la sede de Solidaridad del Taxi, donde se incautaron ente otros efectos de numerosos boletines de denuncia de la Policía Local, unos por incumplir el reglamento general de circulación y otras por quebrantar la normativa específica del taxi.

En ese informe, la Policía describe una “estrategia” de la asociación y de su entonces presidente, Enrique Filgueras, para conseguir un “trato de favor de las personas que tienen poder de decisión sobre el gremio del taxi”, tratando de extender una “red de contactos de los que conseguir ese trato favorable a él y a los taxistas de su asociación mediante un trabajo de lavado de imagen constante que contradiga todas las informaciones que salen en prensa y la propia vox populi que identificar a los taxistas del aeropuerto como la mafia del aeropuerto”.

Y si esto no se consigue, continúan los investigadores de la Policía, se pasa a “buscar puntos débiles, a los que poder atacar a modo de chantaje”, lo que explicaría que en la sede de Solidaridad fuesen halladas fotografías de policías locales, de conductores de autobuses municipales de la empresa de Transportes Urbanos (Tussam), de vehículos VTC, o de otros taxistas que hacen carreras preconcertadas en el aeropuertos, según la Brigada de Información.

La Policía enmarca precisamente dentro del “círculo de contactos que pudieran favorecer a la AHST” la intervención de Cabrera como persona que ofició la boda civil de Enrique Filgueras, recordando que el ahora delegado era en 2001 director del Instituto del Taxi y “defendía la idoneidad de implantar el turno rotatorio en el aeropuerto de Sevilla”. En 2002, una sentencia del TSJA declara legal el acuerdo alcanzado el 30 de octubre de 2000 por el que se estableció el turno rotatorio en la parada de San Pablo, lo que obligaba a que sólo pudieran operar en la misma los taxis con la letra de la matrícula correspondiente al calendario oficial de descansos.

La Policía concluye que las fotografías de la boda “ponen de manifiesto, cuanto menos, la relación de amistad entre el concejal y Filgueras, que podría haberse fraguado como consecuencia del contacto personal mantenido durante años a consecuencia del contacto personal” por los puestos que cada uno ocupaba uno en el Instituto del Taxi, y el otro como presidente de una de las asociaciones del gremio, y los investigadores añadían que esa amistad hizo que no sólo oficiara su boda, sino que asistiera después al banquete “como invitado”. Extraer que existe una relación de amistad sólo de esas fotografías parece, no obstante, un indicio débil, al menos para intentar construir una acusación de una supuesta connivencia del delegado con el representante de los taxistas para favorecerlo y no actuar contra el monopolio del aeropuerto.

El propio Cabrera ha rechazado totalmente esa supuesta amistad con Filgueras y ha recordado que se trataba de una “celebración-banquete” y permaneció en el mismo el tiempo que “protocolariamente” tenía que estar.

Decíamos recientemente en esta misma sección que Cabrera es uno más de los delegados de Movilidad de las últimas décadas que han seguido la línea continuista de los anteriores gobiernos locales en la dejadez a la hora de resolver el conflicto del aeropuerto, pero intentar imputarlo por prevaricación omisiva con unos indicios tan débiles, parece una labor condenada al fracaso. La instructora le recordó a Cabrera al comunicarle su imputación que la citación como investigado era para darle unas mayores garantías.

Y cuando la propia Fiscalía no ha pedido su imputación es por algo, por lo que todo apunta a que la causa contra el delegado Cabrera está condenada al archivo. Al tiempo.