La alargada sombra de la imputación

La investigación abierta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha devuelto a la actualidad el concepto de lawfare o instrumentalización de la Justicia, algo que no es nuevo y de lo que se viene hablando en el ámbito de la política con una frecuencia asombrosa. Hay muchos ejemplos de denuncias judiciales que acaban en nada, de imputaciones que trascienden a la opinión pública coincidiendo con los periodos electorales para dañar al adversario, de procesos judiciales que hicieron correr ríos de tinta y rellenaron en numerosas ocasiones titulares a cinco columnas. Causas, macrocausas y diligencias previas que, después de haber creado toda esa expectación mediática y política, finalmente no llegan ni siquiera a juicio y que, cuando son archivadas, ha pasado ya tanto tiempo -algo en lo que no ayuda el tradicional retraso de los tiempos de la Justicia influye notablemente- que el daño causado se torna irreparable.

Esta misma semana se ha producido un claro ejemplo. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha archivado la causa contra Juan Carlos Martínez, el marido de María Gámez, la primera mujer que dirigió la Guardia Civil en sus 180 años de historia.

El magistrado había incluido a Martínez en una investigación que se inició en julio de 2021 por un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en una causa en la que se estaban analizando las ayudas concedidas por la agencia IDEA a la empresa Santana Motor, y de ahí se pasó a los contratos relacionados con el centro de negocios de empresas que la Junta de Andalucía había establecido en Madrid. En concreto, se investigaba la "irregular contratación y transmisión de fondos en favor de la entidad Experience Management Group" de la que era titular Bienvenido Martínez, hermano de Juan Carlos y cuñado de la entonces directora del instituto armado.

Como continuación de esa instrucción, el juez ordenó el 16 de marzo de 2023 la imputación de Juan Carlos Martínez y tan sólo seis días después, el 22 de marzo, María Gámez dimitió del cargo, una decisión que, según declaró, había tomado por "principios, por honestidad y por responsabilidad". Gámez explicó que era "una decisión difícil, pero la única posible para alcanzar dos objetivos que para mí son irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil".

Unos meses después, en octubre de 2023, la Audiencia de Sevilla tumbó la causa contra el marido de la ya ex directora de la Guardia Civil, al estimar un recurso de la defensa del cuñado de María Gámez, que había alegado que la investigación judicial se inició cuando los plazos legales de instrucción habían caducado, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo que establece que estos plazos son de "obligado cumplimiento".

Pero no ha sido hasta ahora, en junio de este año, cuando el magistrado ha archivado la causa contra Juan Carlos Martínez, quien, como ha destacado su abogado defensor, Manuel Pérez Cuajares, ni siquiera ha tenido finalmente que prestar declaración ante el juez, lo que no quita "el estigma que se le ha producido por el tiempo en el que ha permanecido investigado y que es algo casi irreparable". Y eso es en el caso de Juan Carlos Martínez porque, evidentemente, el mayor perjuicio fue para su mujer, que tuvo que renunciar al cargo de directora general de una institución tan prestigiosa como la Guardia Civil.

Tras el cierre de este caso, las preguntas que quedan en el aire son siempre las mismas: ¿Y ahora qué? ¿Cómo se resarce a los perjudicados? ¿Debería recuperar su puesto María Gámez? Y como siempre, nadie dará respuesta a estas cuestiones. El daño está hecho y sólo basta hacer una búsqueda en Google con los nombres de los afectados para ver cómo el estigma todavía les persigue y continuará persiguiéndolos durante bastante tiempo.

Hace unos años se cambió el concepto de "imputado" por el de "investigado" para tratar de evitar las connotaciones peyorativas, pero el cambio sigue sin eliminar los efectos perjudiciales, sobre todo, cuando como en estos casos, al final se produce un archivo o incluso una sentencia absolutoria.