La suerte de los ERE

A Julio César se le atribuye la frase “Alea iacta est” (la suerte está echada), pronunciada en el siglo I a. C. tras cruzar el río Rubicón con sus legiones, una decisión para nada trivial porque a ningún general le estaba permitido atravesarlo con su ejército. A muchos de los 21 acusados de los ERE seguro que en los últimos meses y con la fecha cada vez más lejana de la finalización del juicio, lo que implica que la sentencia está también más cerca, seguro que se les ha pasado por la cabeza esta célebre frase y las implicaciones de su significado.

La suerte o el destino de los 21 procesados puede estar ya escrita –o al menos decidida– a la hora de escribir este artículo. Han pasado más de nueve meses desde que acabó el juicio, en diciembre del año pasado, y el tribunal de los ERE ha tenido tiempo suficiente para deliberar sobre el grueso de las acusaciones que pesan contra los 21 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La idea del tribunal es agilizar el trabajo y que la sentencia se pueda conocer en el menor plazo posible. El magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, está liberado por el TSJA hasta el próximo 26 de octubre para redactar la sentencia, pero este plazo incluso podría ampliarse si llegada esa fecha no se ha finalizado la labor.

En el mejor de los casos podría estar lista para esa fecha, pero hay otro elemento que podría retrasar más la publicación de la sentencia: la previsible convocatoria de elecciones generales para el 10 de noviembre si finalmente no hay un acuerdo como parece más que probable. La convocatoria electoral chocaría con la regla no escrita de la Justicia de no interferir en los procesos electorales, por lo que en caso de elecciones la sentencia podría retrasarse hasta mediados de noviembre o incluso entrar ya en diciembre.

Dicen que el tribunal todavía está deliberando algunos aspectos del fallo, algo normal dada la complejidad y volumen del caso. La redacción de la sentencia puede coincidir, por tanto, con la deliberación por partes del contenido de los hechos enjuiciados.

El magistrado Juan Antonio Calle Peña, que ha pospuesto sus más que merecidas vacaciones para acelerar la redacción, continúa inmerso precisamente estos días en la elaboración de la sentencia. De hecho, lleva todos estos meses en este ingente trabajo. El juez sólo se ha tomado “cuatro días” (literal) de vacaciones en agosto, y ha relegado su descanso para cuando se dicte la sentencia, para lo cual no hay una fecha exacta de cuándo se hará pública.

Me imagino que a estas alturas y después de tantos meses de estudio, la parte más complicada, la de la deliberación sobre los cargos contra cada uno de los acusados ya ha sido consensuada con las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez, las otras dos componentes del tribunal, que continúan interviniendo en las deliberaciones a pesar de que ya no están liberadas y tienen que compatibilizar esta labor con la atención del resto de juicios y apelaciones que les corresponden como jueces de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla.

El destino de cada alto cargo puede estar ya prácticamente trazado y definido, con ese grueso abismo que separa la absolución de la condena y que cerrará la parte dispositiva de una sentencia que tratará de explicar en varios centenares de folios si la gestión de los fondos públicos destinados al pago de ayudas sociolaborales y a empresas merece un reproche penal o no. El fallo tendrá de todo, casos que acabarán con una condena y otros en absolución.

La incógnita está en si, finalmente, los delitos prevaricación y malversación de caudales públicos cuya comisión ha analizado el tribunal se circunscriben exclusivamente al ámbito de la Consejería de Empleo de la Junta, que es la gestionaba y tramitaba las ayudas de la denigrada y polémica partida 31L –bautizada en su día como el fondo de reptiles–, o arrastran a los ex responsables de las consejerías de Economía y Hacienda o de Innovación, que intervenían de alguna manera en los hechos investigados.

Si el tribunal da este salto cualitativo, también afectará a la parte cuantitativa, lo que se traduciría en un incremento del número de condenas, justificando de esta manera la vehemencia de las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares personadas en esta macrocausa que inició en 2011 Mercedes Alaya. Avalarían de esta forma las macroinstrucciones la juez, algo que hasta este momento no ha sido corroborado con irrefutables sentencias condenatorias. De hecho, de las 36 personas que han sido procesadas en causas investigadas por Alaya, 33 han sido absueltas y sólo tres condenadas, aunque uno de los culpables en dos sentencias es la misma persona.

Alaya se juega definitivamente en esta sentencia su prestigio como instructora porque la Fiscalía Anticorrupción, que recientemente ha denunciado a la juez María Núñez Bolaños por su labor instructora en las macrocausas, podrá rentabilizar el fallo siempre que haya alguna condena, que seguro habrá, aunque éstas puedan ser menores o no alcancen a algunos de los principales acusados, como los ex presidentes Chaves o Griñán.

Lo bueno de las sentencias es que, a diferencia de un libro, su lectura siempre se inicia por la última hoja, por el desenlace, por la denominada parte dispositiva que, en este caso, como en muchos, es lo que decide si una persona continúa en libertad o no en los supuestos en los que, como en los ERE, se reclaman penas de hasta ocho años de cárcel. El fallo es el desenlace, el final del acto y el principio o no de un nuevo camino para los acusados.

Queda poco tiempo para que salgamos de dudas. En los últimos meses el tribunal ha pisado el acelerador para que la sentencia llegue cuanto antes mejor.