Seis sentencias anticipan la exoneración de Chaves y Griñán en los ERE

Dos sesiones del Pleno del Tribunal Constitucional han bastado para dar un espectacular vuelco al caso de los ERE, trece años después de que la juez Mercedes Alaya iniciara la instrucción de la macrocausa. De los doce recursos de amparo que presentaron los ex altos cargos que fueron condenados a distintas penas de prisión e inhabilitación por delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, el tribunal de garantías ha resuelto ya siete de ellos, de los cuales, salvo el caso del ex consejero de Empleo José Antonio Viera, que fue rechazado por unanimidad porque la vulneración de derechos fundamentales se planteó "en términos genéricos", los otros seis han acabado en el dictado de sentencias que han anulado las resoluciones de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo que impusieron estas condenas. Estas sentencias, eso sí, cuentan con el voto particular discrepante de los cuatro magistrados del ala conservadora que han empleado expresiones que recuerdan más a la confrontación política del caso de los ERE que a verdaderos argumentos jurídicos y recurriendo para ello a tópicos como que se trata del mayor caso de corrupción política en la historia reciente de España.

El Tribunal Constitucional ha dado la razón a los ex consejeros socialistas de la Junta Magdalena Álvarez, Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández y Jesús María Rodríguez Román, y al que fuera director de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, que es el único de los ex altos cargos que ya sabe que está absuelto porque la sentencia del tribunal de garantías ha tumbado por completo su condena y no ha ordenado a la Audiencia de Sevilla, como ocurre con los otros condenados, que retrotraiga las actuaciones al momento anterior al dictado de la sentencia para que vuelva a dictar un nuevo fallo teniendo en cuenta la estimación parcial de los recursos de amparo. Se abre, de esta forma, un nuevo escenario en el que la Audiencia hispalense tendrá que rebajar las condenas en la mayoría de los casos, mientras que en otros, como ocurre con Magdalena Álvarez, serán finalmente absueltas porque tras la revisión de la corte de garantías su delito habría prescrito.

Estas seis sentencias han tenido una consecuencia directa: la excarcelación de tres ex altos cargos que llevaban un año y medio en prisión. El primero en abandonar la cárcel de Sevilla-I fue precisamente Miguel Ángel Serrano Aguilar, a quien siguieron Francisco Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, aunque esta última estaba clasificada en tercer grado penitenciario desde el pasado mes de junio, con lo que disfrutaba de un régimen más favorable y ya sólo tenía que acudir al Centro de Inserción Social (CIS) a dormir. En el caso de Vallejo y Aguayo, las sentencias los absuelven íntegramente de la malversación, delito por el que no podrán volver a ser condenados.

Sin noticias sobre Fernández y Rodríguez Román

Mención aparte merece el caso de Antonio Fernández y de Jesús María Rodríguez Román, quienes continúan en prisión a pesar de que la corte de garantías también ha anulado en sus casos las sentencias que los condenó a penas de cárcel. Como en los casos de Vallejo y Carmen Martínez Aguayo, la corte de garantías estimó parcialmente sus recursos de amparo en el Pleno del pasado miércoles, 3 de julio, pero a diferencia de los anteriores no se anticipó el fallo de sus sentencias a la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, encargada de decidir sobre su posible salida de prisión mientras se dicta la nueva resolución ordenada por la corte de garantías.

Esa notificación del fallo no llegó a la Audiencia de Sevilla en los días siguientes, ni el jueves ni el viernes, dándose además la circunstancia de que en la tarde del pasado viernes el Tribunal Constitucional publicó a las tres en su página web las sentencias de ambos ex altos cargos. Pero como la Audiencia seguía sin recibir ninguna comunicación, ni del fallo ni la propia sentencia, los magistrados de la Sección Primera no han podido adoptar ninguna decisión que afecte a su situación personal. Fuentes del caso consultadas por este periódico no se explican a qué puede obedecer este retraso que dura ya varios días y que esperan que termine resolviéndose mañana lunes.

En el caso de Fernández, la sentencia del Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia acotando el delito de malversación a la participación del ex consejero de Empleo en las modificaciones presupuestarias del programa 22E de los años 2000 y 2001 y la concesión de ayudas sociolaborales con los créditos dispuestos conforme a ellas; y también en lo que se refiere a la diposición de fondos en el programa 31L "en ausencia o desviación de su fin público".

Sobre Jesús María Rodríguez Román, la nueva sentencia deberá pronunciarse sobre la malversación sólo en relación con las modificaciones presupuestarias de los años 2000 y 2001 por las que se incrementaron los créditos de la partida 22E; y también por el delito de prevaricación por su intervención en la aprobación de esas modificaciones de la 22E y también de la modificación presupuestaria del 9 de diciembre de 2004 para el incremento del crédito presupuestario del programa 32H.

El anticipo para los recursos de Chaves y Griñán

Lo que ya nadie duda es que estas seis sentencias que ya se han conocido suponen un anticipo para los cinco recursos de amparo que quedan por deliberar y que serán sometidos al Pleno del Constitucional que se ha fijado para el próximo 16 de julio, entre ellos los presentados por los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Los otros recursos pendientes son los del ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías, que fue condenado como Magdalena Álvarez a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación; el del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, que fue condenado a la misma pena que Zarrías; y el del ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez, a quien el Tribunal Supremo rebajó su condena a tres años de prisión.

Con los argumentos expuestos por la corte de garantías, que han tumbado los principales mantras del caso de los ERE al declarar que se han vulnerados los principios de legalidad penal y la presunción de inocencia de los acusados, la decisión sobre Chaves y Griñán está más que cantada.