Un ex alto cargo de la Junta reclama 99.000 euros tras su exclusión en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE

Una indemnización por haber pasado 12 años imputado en una de las piezas de la macrocausa de los ERE. El ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera ha presentado ante el Ministerio de Justicia una reclamación de responsabilidad patrimonial por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, en la que reclama una indemnización de 99.000 euros tras su exclusión después de 12 años figurando como imputado en una de las piezas más relevantes de la macrocausa de los ERE, en la que se investigan las sobrecomisiones de 66 millones pagadas en las pólizas de las prejubilaciones. Ese dinero, en caso de que el Ministerio estimase la pretensión del ex alto cargo de la Junta, no sería para él, puesto que Daniel Alberto Rivera solicita que esa indemnización vaya a parar a cuatro ONG: Amnistía Internacional, Save the Childrens España, Greenpace España y Open Arms España.

El caso de Daniel Alberto Rivera es muy singular en la macrocausa de los ERE, puesto que la Audiencia de Sevilla lo exculpó de la “pieza política” de los ERE -la del denominado "procedimiento específico" en el que fueron condenados los ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán-, pero esa exclusión supuso que, a partir de ese momento, el ex director de Trabajo acabó figurando como investigado en varias decenas de piezas separadas, por lo que en principio debe someterse a muchos juicios y peticiones de condena.

Uno de estos numerosos procedimientos es precisamente el de las sobrecomisiones, uno de los grandes juicios y en el que están acusadas 34 personas. Inicialmente había tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía procesados, y dos entidades, Permar 21 S.L. y Cureña S.L., en la pieza separada abierta por las sobrecomisiones que se pagaron por encima de la media del mercado en las pólizas de prejubilaciones vinculadas a los ERE financiados por la Junta y que los peritos cifran en 66.033.237,30 euros.

Ahora, Daniel Alberto Rivera, que está representado por la abogada Silvia López Hernandez-Gil, ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial después de que se haya archivado la causa contra él. En el escrito dirigido a la Dirección General para el Servicio Público de Justicia del Ministerio de Justicia, al que ha tenido acceso este periódico, el ex alto cargo recuerda que por este procedimiento se dictó un auto de apertura de juicio oral por parte del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que le exigió una fianza de 900.000 euros a pesar de que la Junta de Andalucía, que ejerce la acusación particular en el proceso en calidad de perjudicada le había solicitado en concepto de responsabilidad civil únicamente 7.152,8 euros por las sobrecomisiones abonadas durante el tiempo que estuvo en el cargo. Todo ello, prosigue el ex director de Trabajo, "a pesar de que el magistrado ya había sido corregido en más de una ocasión al respecto por la Sala de Apelaciones, en relación con las cantidades de responsabilidad civil ex delictum en los que la Junta de Andalucía no acusaba a Daniel Alberto Rivera", asevera en relación al juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana.

La Audiencia apreció una "efectiva indefensión"

La exculpación de Rivera se produjo a raíz de que la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla, que resuelve todos los recursos de apelación de la macrocausa de los ERE, anulara el auto que lo procesó al estimar que se había vulnerado el plazo legal que establece el artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el instructor no acordó en ese momento el archivo de la causa contra él, sino que volvió a ser incluso en el auto de procedimiento abreviado hasta que la Audiencia lo apartó definitivamente, archivando la causa contra este ex alto cargo.

El tribunal aseveró que la inclusión de Rivera como imputado en el auto que transformó las diligencias previas en un procedimiento abreviado le provocó una "efectiva indefensión conculcando el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías amparado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, debiendo en consecuencia declarar la nulidad parcial del auto de 27 de febrero de 2024 en lo que respecta a los pronunciamiento relativos al señor Rivera, respecto al cual procede el archivo de la causa".

Dice Daniel Alberto Rivera que el instructor del caso "hizo caso omiso a los reiterados fallos de la Sala y en lugar de proceder al archivo de la causa a partir del auto de 16 de enero de 2024 -empecinado- volvió a dictar auto de pase a procedimiento abreviado que, definitivamente, fue corregido mediante auto de 19 de julio de 2024 por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla".

El ex alto cargo recoge en su reclamación que numerosos medios de comunicación se hicieron cargo de su procesamiento en la pieza de las sobrecomisiones de los ERE junto a otros ex responsables de la Junta de Andalucía, y añade que esas informaciones tuvieron igualmente su repercusión en "redes sociales, cotilleos varios y demás que afectan al honor e integridad personal" del ex director de Trabajo. Por todo ello, Rivera reclama una indemnización total de 99.000 euros por un "funcionamiento anormal de la Administración de Justicia", si bien pide que ese dinero sea abonado a las ONG mencionadas.

Rivera está logrando el archivo de las actuaciones contra él en diversas piezas de los ERE, por lo que en caso de que el Ministerio le dé la razón en esta reclamación, al final su imputación durante años en estas piezas de los ERE puede suponer un importante coste para las arcas públicas.