Las puertas giratorias en los ERE

El magistrado de la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla José Manuel Holgado, quien hasta junio de 2018 fue director general de la Guardia Civil, es uno de los tres miembros del tribunal que a partir de septiembre de 2020 celebrará el segundo juicio de los ERE, por las ayudas concedidas a la empresa Acyco.

Su nombramiento está generando ciertas suspicacias entre las defensas de los imputados en distintos procesos, que no dudan en comparar esta situación con la que vivió el también juez de la Audiencia hispalense Pedro Izquierdo, que fue apartado de presidir el juicio de la pieza política de los ERE porque había sido durante seis años secretario para la Justicia en la Junta de Andalucía.

No obstante, entre uno y otro caso, hay ciertas diferencias destacables, aunque en realidad Pedro Izquierdo fue recusado a pesar de que aparentemente no existía en puridad una causa legal para ello. Fue la misma Sección Tercera de la Audiencia –a la que pertenece Holgado– la que aceptó en mayo de 2017 la recusación promovida por el PP y el sindicato Manos Limpias por las “dudas de imparcialidad” que podía acarrear ante los ciudadanos el paso de este juez por la Junta de Andalucía.

Pedro Izquierdo acató la decisión de sus compañeros de la Audiencia, pero pidió expresamente al poder legislativo una reforma legal, un cambio de los motivos de abstención para, según dijo entonces, que lo que le había pasado a él con las puertas giratorias “no le pasara a ningún otro magistrado” que accede a un cargo público en la Administración.

Dos años después, hay quien piensa que José Manuel Holgado estaría en la misma tesitura que Pedro Izquierdo, pero lo cierto es que este magistrado no se ha planteado que su paso por la dirección general de la Guardia Civil sea una causa que le impida enjuiciar las piezas de los ERE que puedan corresponderle al tribunal del que forma parte.

Quienes opinan lo contrario y que incluso están actualmente sopesando dar el paso de plantear un incidente de recusación contra Holgado, estiman que esa situación es más aparente que real, pues lo esencial es la significación de la confianza y cercanía política al partido político que apoya a un gobierno y lo ha nombrado cargo de libre designación. Por ello, incluyen en su argumentación precisamente la de haber sido el juez Holgado máximo responsable del instituto armado y, por tanto, quien tenía bajo su mando a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la que inició la investigación de la macrocausa de los ERE por encargo de la juez Mercedes Alaya y la que en su día elaboró el atestado relacionado con las ayudas a Acyco que van a ser enjuiciadas dentro de un año y medio –que ya le vale también a la Audiencia el retraso en la fijación del juicio por el colapso que han generado las macrocausas–.

Así, entienden que no sería irrazonable pensar que quien ha sido máximo responsable de la unidad de Policía Judicial a cargo de la investigación de los ERE ha podido tener conocimiento directo de las pesquisas relacionadas con esta misma subvención o con otras semejantes a las que tendrá que enjuiciar. Alegan asimismo que Holgado fue nombrado por el entonces ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, quien a su vez intervino en el caso de los ERE ejerciendo la acusación popular al inicio de la instrucción de la macrocuasa de los ERE, en las diligencias 174/11, de la que surgió la pieza específica por las ayudas a la empresa Acyco que van a ser juzgadas a finales de 2020.

Otro elemento que les causa incertidumbre a las defensas guarda relación con un reciente recurso que ha sido estimado en la misma Sección Tercera por una Sala de la que formó parte José Manuel Holgado, en relación con otra macrocausa: la de los avales y préstamos concedidos por la sociedad de capital riesgo Invercaria.

En este caso, la Sala ha dado la razón a la acusación popular que ejerce el PP y, en contra del criterio de la Fiscalía y de la defensa, ha revocado un auto de archivo en la causa de las ayudas a la empresa Kandor Graphics –apadrinada por el actor malagueño Antonio Banderas– y ha ordenado la reapertura y que se tome declaración al ex presidente de Invercaria Francisco Álvaro Julio Público.

José Manuel Holgado ya ha formado parte, por ejemplo, de la Sala que ha enjuiciado a cinco ex altos cargos de la Junta por los “contratos fantasma” de Umax, que está actualmente pendiente de sentencia y que en algún caso se enfrentan a penas de hasta diez años de cárcel.

De la misma forma, las defensas consideran llamativo que dos de los tres magistrados que enjuiciarán la pieza de Acyco de los ERE (el presidente de la Sección Tercera, Ángel Márquez, y la magistrada María Dolores Sánchez) intervinieron en el incidente de recusación que acabó apartando al juez Pedro Izquierdo de presidir el juicio de la pieza política. En aquel auto, la Sala recordaba la importancia de garantizar la apariencia de imparcialidad de un tribunal, “más en casos por supuestos delitos de corrupción política, en el que aparecen acusadas personas muy relevantes de la vida política, que han formado parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante varios años, donde la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia se puede ver afectada ante la más mínima duda sobre la posible pérdida de imparcialidad de alguno de los miembros del tribunal sentenciador”.

Está claro que la situación de José Manuel Holgado no es exactamente la misma que la Pedro Izquierdo, puesto que el primero no ha formado parte de la Administración dónde han desempeñado su labor los altos cargos enjuiciados en las macrocausas. El problema es que, como he comentado antes, tampoco había causa legal para la recusación de Pedro Izquierdo, que fue apartado con el argumento de que no basta ser o sentirse imparcial, sino que además hay parecerlo, en consonancia con el proverbio romano sobre la honradez de la mujer del César.

Sólo queda saber si las defensas trasladarán todas estas suspicacias a un incidente de recusación. La respuesta se conocerá en tan sólo unos días, porque hay unos plazos fijados para recusar a un juez desde que se tiene conocimiento de esa supuesta causa de abstención o recusación. Lo que está en juego no es sólo la composición de un tribunal, sino la propia imagen de la Justicia.