Los 'papeles perdidos' de los ERE

No se ha localizado en los archivos “ningún expediente ni documento administrativo” relativo al conflicto laboral que afectó a la empresa sevillana Pickman La Cartuja. Ésta es la escueta respuesta que la Delegación del Gobierno en Andalucía ha dado al juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, que investiga las ayudas concedidas entre 2003 y 2010 por importe de 8,8 millones de euros a Pickman la Cartuja, dentro de una de las piezas separadas de la macrocausa de los ERE.

La secretaria general de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo, remitió el pasado 6 de octubre un oficio al juez Vilaplana, recibido en el órgano judicial el día 13, en el que ante la petición de información realizada por el instructor para que se le remitiera la “copia íntegra del expediente administrativo” relativo a esta

empresa, se ponía en su conocimiento que en la Delegación no hay ningún rastro de dicha documentación.

Y todo ello, a pesar de que, al menos, el que fuera entonces delegado del Gobierno en Andalucía Juan Ignacio Zoido –actual eurodiputado del PP y ex alcalde de Sevilla– suscribió un acuerdo con los representantes sindicales de CCOOy UGT el 6 de diciembre de 2003 para apoyar la iniciativa del empresario Emilio Portes para salvar la empresa y los puestos de trabajo en Pickman La Cartuja, al tratarse de una sociedad “emblemática para el tejido empresarial andaluz y sevillano” y que en aquellas fechas se encontraba en una “difícil situación económica y social que impide su normal funcionamiento y condicionan y cuestionan su viabilidad futura”.

En ese acuerdo, la delegación del Gobierno se comprometía a “impulsar y arbitrar los mecanismos necesarios para que el nuevo propietario de Pickman utilice las instalaciones actuales y demás activos necesarios para la producción, al objeto de permitir el desarrollo del proyecto industrial que continúe la actividad tradicional de Pickman”, reflejaba el mencionado acuerdo suscrito por Zoido.

Esos compromisos asumidos por la delegación del Gobierno, precisa el documento que se reproduce junto a estas líneas, quedaban sujetos al “cumplimiento de los trámites y procedimientos legalmente exigidos por el ordenamiento jurídico aplicable a los diferente organismos públicos y entidades intervinientes”.

Diecisiete años después de ese acuerdo, que suscribieron Zoido, el presidente del comité de empresa y los representantes sindicales de CCOO y UGT-A, no hay ningún rastro del mismo en los archivos de la delegación del Gobierno en Andalucía.

Aunque la legislación establece un plazo de diez años para la custodia de los expedientes por parte de las Administraciones Públicas, no deja de llamar la atención que en este caso no haya quedado constancia de un documento que sólo tiene cuatro folios de extensión.

Resulta además curioso si se tiene en cuenta que durante todos los años de instrucción de la macrocausa de los ERE una de las principales críticas, repetidas con vehemencia por las acusaciones se refería precisamente a que en muchos casos la consejería de Empleo de la Junta de Andalucía había concedido las ayudas de los ERE con escasa documentación.

Ahora es la propia delegación del Gobierno la que reconoce al juez que no dispone de la documentación relativa a esta sociedad que recibió 8,8 millones de los fondos públicos, en la etapa en la que Zoido –que posteriormente ejerció la acusación particular en la investigación judicial de Mercasevilla, de la que surgió el caso de los ERE– estaba al frente de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Hay incluso fotografías del acto de la firma del acuerdo suscrito por Zoido con los representantes sindicales y en presencia del empresario sevillano Emilio Portes, que de acuerdo con el convenio podía hacer uso de las instalaciones de la fábrica y de la marca La Cartuja, todo ello a pesar de los problemas por los que atravesaba la sociedad y que habían llevado al embargo de la marca y de la propiedad de los terrenos.

Uno de los firmantes por parte de los sindicatos de ese acuerdo en la delegación era el entonces secretario general de la Federación de Industrial Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO en Sevilla, Juan Antonio Florido, quien figura como uno de los investigados en la pieza de los ERE de Pickman La Cartuja.

La defensa de este sindicalista ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que ha solicitado la declaración como testigo de Juan Ignacio Zoido, a raíz de que no se hayan localizado archivos de ningún expediente ni documento relativo a Pickman La Cartuja.

La defensa del sindicalista explica en el escrito que la crisis de Pickman tuvo, “en lo que respecta a las ayudas que le fueron otorgadas a dicha mercantil y a Emilio Portes, un desarrollo singular en el que intervino muy especialmente la delegación del Gobierno en Andalucía”, acreditada por el documento de apoyo institucional a la continuidad de la empresa.

El letrado del sindicalista añade que ante la comunicación recibida por la delegación del Gobierno “resulta necesaria, para integrar la diligencia probatoria acordada, la declaración testifical del firmante de dicho documento de apoyo institucional, por su indudable trascendencia para estas diligencias”. Por ello, ha solicitado la citación como testigo del eurodiputado popular Juan Ignacio Zoido.

De la misma forma, la defensa ha solicitado al juzgado que libre oficio al Ministerio de Hacienda para que se aporte a la causa una “copia íntegra del expediente administrativo de Pickman La Cartuja relativo al uso de los terrenos e instalaciones propiedad de la mercantil estatal Rumasa S. A. por Pickman la Cartuja para la continuidad de la actividad industrial”.

La pieza de los ERE de Pickman fue abierta por la juez María Núñez Bolaños en noviembre de 2018, cuando decidió imputar al ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas y al que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta Francisco del Río.

La decisión de Bolaños se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Además de Antonio Rivas y Francisco del Río, la juez imputó al ex secretario general del IFA Francisco José Oyonarte, y al presidente de la mediadora Uniter José González Mata, entre otros.

La Fiscalía Anticorrupción señaló entonces que el 27 de mayo de 2003 el director de Trabajo Javier Guerrero –ya fallecido– autorizó al IFA a realizar el abono urgente de una ayuda concedida a Pickman en la reunión mantenida el 26 de marzo de ese mismo año con los representantes de los trabajadores y de las organizaciones sindicales UGT y CCOO, a cargo de la partida presupuestaria 31L. Según se recoge en una carta, el pago se realizaría en una cuenta de titularidad de UGT, pero “los destinatarios eran los trabajadores de la empresa, sin que ni uno ni otros tengan relación alguna con el objeto de la ayuda, cual es el coste del mantenimiento de las instalaciones”, precisan los fiscales

En virtud de este convenio, se suscribió una póliza con La Estrella, siendo la mediadora Ingotor, a favor de 37 trabajadores, y después se realizó un suplemento, pero finalmente por el decreto 4/2012 fueron excluidos cinco personas: tres por no cumplir los requisitos y otras dos por percibir la pensión de Incapacidad Permanente Total. Según la Fiscalía, fueron incluidas en el ERE autorizado por el delegado de Empleo Antonio Rivas “a sabiendas de que no cumplían los requisitos legalmente establecidos”.

A Pickman La Cartuja le fueron concedidas ayudas por importe total de 11.421.933,37 euros y se realizaron pagos a su favor entre 2003 y 2010 por 8.868.914,09 euros, “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido”, concluyeron los fiscales de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Nazaret Salguero.