El pacto con la Fiscalía de diez acusados desinfla el tercer juicio de la Madeja

La macrocausa por las mordidas de Fitonovo, la empresa que pagaba comisiones y hacía regalos a los funcionarios por hacerse con los contratos de las administraciones públicas, sigue desinflándose conforme se van enjuiciando cada una de las cinco piezas en las que se dividió este macroproceso cuya investigación inició e impulsó la juez Mercedes Alaya. El caso Fitonovo, también conocido como la operación Madeja, llegó a ser la segunda causa más numerosa de Alaya, sólo superada por el caso de los ERE, y alcanzó los 95 imputados a los que se impusieron fianzas civiles que superaban los 42 millones de euros.

Cuando Alaya envío el caso a la Audiencia Nacional, en junio de 2015, la cifra final de investigados se había reducido a 88 personas -40 de ellos funcionarios públicos-, y tan sólo dos años después, el juez José de la Mata finalizó la instrucción de las cinco piezas procesando a 66 personas. Dos de esas piezas ya han sido juzgadas y hay sentencias que imponen unas penas mínimas.

Así, en la primera sentencia, que fue dictada en noviembre de 2020, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional condenó a penas que van de los 6 meses a los 3 años de cárcel a tres de los nueve acusados. La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional juzgó esta pieza separada, denominada “Administraciones Autonómicas e Insulares”, que abarca actuaciones en las que intervino Fitonovo en las Islas Canarias, fundamentalmente relacionadas con el Cabildo de Lanzarote, en la Comunidad de Extremadura, relacionadas con la zona de Plasencia y Mérida, y la Comunidad de Andalucía, en las zonas de Sevilla y Huelva.

La Sala impuso una pena de tres años de cárcel por un delito continuado de cohecho a José María Pizarro Gómez, Jefe de Sección de Explotación de carreteras de Mérida (Badajoz), si bien le absolvió del delito de prevaricación por estar prescrito. Además, condenó por cohecho a seis meses de prisión a José Francisco Cazorla, jefe de Servicio de Conservación y Dominio Público Viario, de la Junta de Andalucía, y a José María López Torrego, jefe de Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en la delegación de Huelva. La sentencia aplicó a los tres condenados la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que impuso las penas en el mínimo de su mitad inferior.

El fallo absolvió a los otros seis acusados. En concreto, la Audiencia absolvió a José Ulises González, Rubens Coba y Gustavo Aldolfo Gómez del delito de cohecho al haber retirado la Fiscalía su acusación, mientras que por prescripción de ese mismo delito absolvió también al delegado de Fitonovo Adolfo de la Torre García, al ex consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín de León y al funcionario de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen.

En el segundo juicio fueron juzgados un total de 37 acusados y se alcanzó un pacto con la Fiscalía que conllevó la retirada de los cargos contra 12 acusados y la imposición de penas también reducidas frente a los planteamientos iniciales del Ministerio Público. Los dueños de Fitonovo, Rafael González Palomo, y su hijo, José Antonio González Baró, fueron condenados en marzo de este año a penas de 28 y 30 meses de prisión -se enfrentaban inicialmente a una pena de nueve años y medio-, tras el acuerdo de conformidad, mientras que el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, fue condenado a 30 meses de cárcel, y a 23 meses el adjunto a la dirección, Ángel Manuel Macedo Gajete, quien tenía la "máxima responsabilidad y control detallado de la Caja B en la que se adeudaban las supuestas comisiones ilegales".

Y con estas dos sentencias como antecedentes se inició esta semana el tercer juicio de la macrocausa de Fitonovo, en la que se analizan las mordidas presuntamente pagadas por la empresa contratista a funcionarios del Ayuntamiento de Sevilla y también supuestos pagos a las formaciones del PSOE e IU, lo que ha motivado que ambos partidos hayan sido llamados al proceso como partícipes a título lucrativo de los delitos de cohecho.

La vista oral, como ocurrió con las dos anteriores piezas, arrancó con sorpresa, puesto que diez de los 13 acusados pactaron igualmente con la Fiscalía un acuerdo de conformidad para reducir sus condenas desde los cuatro y cinco años y medio de cárcel a penas de entre dos y nueve meses, con el compromiso además de acceder a la suspensión del ingreso en prisión.

Lo más llamativo es que dos de esos 13 acusados que se han conformado son precisamente altos cargos -el ex director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño y el concejal socialista Manuel Gómez Lobo-, quienes han confesado a través de ese acuerdo que Fitonovo pagó comisiones ilegales al PSOE.

El ex concejal del PSOE Manuel Gómez Lobo admitió que el 9 de mayo de 2007 recibió la cantidad de 30.000 euros que se abonó al PSOE, afirmando que el dinero "entró" en las arcas del partido, algo que según dijo sabe que fue así porque esta cantidad la "entregaron" él y Domingo Enrique Castaño en el partido, aunque no reveló a quién. A pesar de este reconocimiento, su testimonio resultó contradictorio cuando el abogado que defiende al PSOE, el ex ministro del Interior Antonio Camacho, le preguntó sobre cuál fue la cantidad global que recibió este partido político de la empresa Fitonovo, el ex concejal ha respondido lo siguiente: "Que yo sepa ninguna". Al ser interpelado por la contradicción, Gómez Lobo explicó que tiene "80 años y estos hechos ocurrieron hace 19 años", por lo que "no puede recordar con exactitud todo".

Alaya cifró en 123.000 euros y 155.000 euros las mordidas que recibieron el PSOE e IU

El acuerdo alcanzado por Castaño y Gómez Lobo implica el reconocimiento de que además de este pago de 30.000 euros, Fitonovo realizó abonó otras cantidades que oscilaban entre 30.000 y 60.000 euros al PSOE, cantidades que aparecen en la contabilidad de la Caja B de la empresa con la anotación "Langostinos Maera", en alusión a la reunión mensual que tenían lugar en este restaurante y a la que acudían el concejal socialista y el dueño de Fitonovo.

Fue precisamente la primera instructora del caso, Mercedes Alaya, la que en el año 2014 estableció en un auto que el PSOE e IU habían recibido 123.000 y 155.000 euros, respectivamente, en concepto de mordidas de Fitonovo en "compensación" por el incremento importante en la facturación de esta empresa con el Ayuntamiento de Sevilla.

En el caso de IU esos 155.000 euros fueron realizados supuestamente en dos pagos: uno de 70.000 euros realizado el 30 de marzo de 2010 y que fue entregado en una "caja de zapatos", y otro de 85.000 euros pagados el 18 de febrero de 2011. Alaya sostuvo entonces que el ex primer teniente de alcalde de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex concejal José Manuel García -dos de los tres acusados junto al ex director de Medio Ambiente Joaquín Peña que mantienen su inocencia y no han pactado con la Fiscalía- "habrían reclamado" a través del militante de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona -que sí ha admitido los hechos- esta "dádiva" a Fitonovo. La juez sustentaba las acusaciones en las conversaciones telefónicas interceptadas entre el dueño de Fitonovo, Rafael González Palomo y el adjunto a la dirección Ángel Manuel Macedo Gajete.

En sus declaraciones en el juicio, tanto Torrijos como José Manuel García han negado rotundamente que solicitaran o permitieran que se pidiera esa mordida a Fitonovo. "En ningún caso, en absoluto. No me consta", fue la respuesta de Torrijos cuando el fiscal de la Audiencia Nacional lo interrogó por los dos pagos presuntamente realizados a la formación.

El ex primer teniente de alcalde aseguró que en las delegaciones que dirigía en ninguna de ellas se ha adjudicado "ningún contrato" a la empresa Fitonovo, ni él tuvo ni sus delegaciones tuvieron intervención en los expedientes para la instalación del césped artificial en 11 campos de fútbol.

Aunque el juicio no ha hecho nada más que empezar y a partir de mañana declararán los guardias civiles que intervinieron en las distintas fases de la operación Madeja, lo cierto es que esta nueva pieza de la macrocausa de Fitonovo también se está desinflando con la conformidad de diez de los 13 acusados -hay otros cuatro acusados que están siendo juzgados por mordidas en el ayuntamiento de Algeciras-.

Hay que tener en cuenta que, además de las conformidades, la Abogacía del Estado se ha retirado del proceso, lo que también resta fuerza al proceso en cuanto que supone la retirada de una de las acusaciones públicas. La Abogacía del Estado, que sólo había presentado cargos contra los tres responsables de IU y exculpaba a los otros diez acusados, atribuía a Torrijos, García y Ruiz Carmona sendos delitos continuados de prevaricación y cohecho, por los que solicitaba una condena de diez años de inhabilitación, por el primero de los delitos, y cinco años de prisión y multa del triple de la dádiva recibida –esto es, 465.000 euros–, así como otros diez años de inhabilitación por el cohecho.

28 condenas mínimas y 18 absoluciones por ahora

Habrá que esperar a la sentencia del caso, en la que el tribunal tendrá que resolver asimismo sobre las alegaciones de las defensas de los dirigentes de IU sobre la prescripción de los delitos que se investigan, que podría en su caso suponer otra vía de escape para los acusados en el caso de que se estimen sus argumentos.

Entre conformidades, retirada de cargos y prescripciones habrá que analizar finalmente qué pasará con el caso Fitonovo y la operación Madeja. La situación actual de la macrocausa es de 28 condenas mínimas, la máxima de tres años -que sí conllevaría el ingreso en prisión- y 18 absoluciones. En el primer juicio hubo tres condenas y seis absoluciones, y en el segundo 25 condenas y 12 absoluciones.