Los muertos silentes de las macrocausas

Son los auténticos perjudicados de una macrocausa que al final se desmorona con una sentencia absolutoria. Lo que ha ocurrido esta semana con la absolución de 13 de los 14 acusados en la causa por el denominado delito societario de Mercasevilla no es nuevo, sobre todo por lo que respecta a las megalómanas instrucciones que hace una década comenzó a instruir la juez Mercedes Alaya.

A estas personas que son declaradas inocentes después de tantos años de pena de banquillo nada les resarcirá del tiempo que han pasado como muertos vivientes, denostados pública, social y laboralmente durante años por unos delitos que finalmente quedan en nada o en una condena mínima, como ha ocurrido con el caso del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet. Una sentencia absolutoria, por muchos folios que tenga y por claro que deje las cosas, no puede reemplazar esos años cargados de sufrimientos personales y familiares.

Un ex alto cargo que está imputado en una de las macrocausas de Alaya, que no identificaré para preservar su intimidad y porque en su caso aún no hay sentencia, me hizo esta semana una reflexión muy interesante que da pie a este artículo. Decía esta persona que, además de los aspectos estrictamente judiciales a la hora de informar sobre el resultado de las macrocausas (hasta ahora de las 36 personas en su día investigadas por la juez Alaya, hay 33 absueltos y sólo tres condenas), había que tener en cuenta el factor personal, y así explicaba que estos 33 absueltos son “personas inocentes que han muerto civilmente, perdiendo sus trabajos, su honorabilidad, sus relaciones sociales, que tienen embargado su poco patrimonio, y que se han tenido que hipotecar para pagar los elevadísimos honorarios a sus letrados”.

Muchos han tenido que salir incluso de su ciudad para trabajar porque en la suya se le cerraron a cal y canto todas las puertas, “teniendo que sacar fuerzas día a día al ver llorar a sus familias”.

Decía esta persona que estos inocentes son los “muertos silentes de una guerra que no era la suya, y que ahora, después de tanto tiempo y casi sin fuerza, a lo único a lo que aspiran es a recuperar parte de su paz personal, familiar y honorabilidad”.

Detrás de esas “equivocaciones en las instrucciones” de la juez Mercedes Alaya y de esos “errores de calificación” de la Fiscalía, están esos muertos vivientes, añadía el ex alto cargo, que también recordaba que estos macroprocesos “no han sido gratis para el erario público ni para los inocentes que, sin sentencia judicial, fueron condenados intencionadamente por nuestra demoledora y jurídicamente ignorante sociedad civil”. Y todo ello, además, con el inestimable apoyo de algunos medios de comunicación.

Esta persona se pregunta también si algún día se sabrá el coste de las macrocausas de Alaya, “regaladas con informes periciales de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), de la Inspección de Hacienda, y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Seguridad del Estado”. ¿Cuántas horas de trabajo y recursos públicos han sido destinados de forma preferente a estos procesos judiciales que al final quedan en una contundente sentencia absolutoria o en una pena ridícula?

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, decía esta misma semana, en una carta enviada al colegio de abogados de Sevilla –con motivo del reconocimiento a un grupo de periodistas de tribunales–, que los juristas y los periodistas tienen una cosa en común:“A diferencia de los escritores de ficción, no trabajamos con personajes, sino que lo hacemos con personas. Son seres de carne y hueso, con problemas reales, quienes protagonizan las resoluciones de los jueces, los escritos de los abogados y las informaciones de los periodistas”.

La acertada reflexión del presidente del Alto Tribunal y del máximo órgano de gobierno de los jueces ya la había hecho con anterioridad en un auto de una macrocausa –y esto sí que es novedoso– la juez María Núñez Bolaños, quien relevó a Mercedes Alaya en la instrucción de las macrocausas.

Al ratificar el archivo de la denominada “pieza política” de la macrocausa de los cursos de formación, en la que estaban imputados 24 altos cargos y funcionarios, Bolaños recordó el daño causado a personas cuya “honorabilidad y profesionalidad” ha sido cuestionada con esa operación policial y la consiguiente actuación judicial que se prolongaba por entonces desde hacía casi dos años. “Los jueces no trabajamos con papel, sino con personas, detrás de cada expediente o proceso hay familias y personas, por ello no es legítimo ni justificable utilizar maniobras para dilatar o mantener vivo un procedimiento sin ni siquiera discutir o rebatir los argumentos jurídicos de fondo expuestos en la resolución recurrida”, aseguraba Bolaños criticando la intervención en esta causa de la acusación popular que ejerce el PP-A.

La juez alertó también del “grave perjuicio” que se ha causado a “muchas familias” andaluzas, “cuya fuente de ingreso y sustento se vio truncada” cuando estalló el escándalo de los cursos, así como a las personas que dejaron de recibir una “formación necesaria y útil para su vida profesional”. Es decir, gestores públicos, empresas especializadas en la formación y los propios ciudadanos se han visto perjudicados por una actuación judicial-policial con la que Bolaños se mostró muy crítica, por cuanto la investigación parte de un “criterio operativo” consistente en elaborar “teorías sobre conspiración y tramas delictivas”.

Investigaciones que parten de ese tipo de teorías o confabulaciones están muy alejadas de la labor que se presupone a un juez en el esclarecimiento de la verdad de los hechos que se someten a su consideración. Quizás, hacen falta más jueces que piensen que detrás de una macrocausa hay personas de carne y hueso, como decía Lesmes, y no sólo un número o un papel.