Un posible agujero de 9 millones para Juan Espadas

Dos procesos judiciales que están actualmente en instrucción pueden provocarle quebraderos de cabeza al todavía alcalde de Sevilla Juan Espadas, por el importante pellizco que pueden suponer para las arcas públicas en el supuesto de que prosperen las pretensiones realizadas por la Fiscalía de Sevilla. Se trata de las investigaciones por las prejubilaciones abonadas por la Junta de Andalucía en la empresa pública Mercasevilla –el origen de la macrocausa de los ERE que se inició en 2011– y los daños causados por el mayor brote de listeriosis detectado en España, por la venta de carne contaminada de la empresa Magrudis.

En ambas causas, la Fiscalía ha pedido que se declare la responsabilidad civil de Mercasevilla, en el primero de los casos, y del Ayuntamiento, en el segundo, lo que a la larga –dada la situación de colapso de la Justicia en Andalucía– puede provocar un agujero en las arcas municipales que puede superar los 9 millones de euros.

Esta semana se ha conocido que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de los ERE, José Ignacio Vilaplana, la apertura de juicio oral por las ayudas concedidas por la Junta para el ERE de Mercasevilla. El fiscal, que ha pedido una condena de siete años de cárcel para el conseguidor de los ERE Juan Lanzas Fernández y el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet, por delitos continuados de prevaricación, malversación y falsedad en documento mercantil, considera precisamente que Mercasevilla –participada por el Ayuntamiento de Sevilla y por el Estado, a través de Mercasa– es responsable civil subsidiaria y “partícipe a título lucrativo” de los hechos, por lo que debe responder “conjunta y solidariamente” con cuatro de los acusados –Lanzas, Mellet, el ex subdirector Daniel Ponce y el comercial de la empresa mediadora Vitalia Francisco González– de la cantidad abonada por la Junta de Andalucía para sufragar el ERE del año 2003, que cifra en 4.125.000 euros.

Anticorrupción no es la única parte acusadora en esta pieza de la macrocausa de los ERE que considera responsable civil a Mercasevilla, puesto que la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía también ha reclamado que la lonja responda subsidiariamente del reintegro de esos 4.125.000 euros, si bien en este caso también extiende dicha responsabilidad civil subsidiaria a la empresa Vitalia, mediadora en las pólizas suscritas para los trabajadores que se acogieron a las prejubilaciones.

En el escrito de acusación presentado en el juzgado por el servicio jurídico de la Junta, al que ha tenido acceso este periódico, la Administración autonómica explica que “a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos de ayudas sociolaborales instrumentadas mediante la financiación de pólizas de seguro de renta colectiva”, en este caso, “por las circunstancias concurrentes, se considera fraudulenta la ayuda financiada por la Junta de Andalucía en su totalidad”.

En este sentido, la acusación particular reprocha que Mercasevilla “ni ha acreditado insuficiencia de medios para cumplir sus compromisos despedidos ni existe justificación alguna para que sea la Junta de Andalucía la que haya abonado parte de las prejubilaciones de lo ex trabajadores de otra Administración Pública”.

La Junta añade que no existe tampoco “otra razón de interés general que justifique la concesión de la ayuda, desprendiéndose igualmente la existencia entre los beneficiarios de cinco personas que no cumplían los requisitos acordados para ser beneficiarios de la póliza suscrita por la entidad Mercasevilla y abonada en gran parte por la Junta”. La acusación se refiere a la inclusión en el ERE, por parte de los directivos de la lonja imputados, de cuatro trabajadores que no eran de Mercasevilla sino de la Fundación Socioasistencial del mercado mayorista, y también de Antonio Garrido Santoyo, uno de los denominados “intrusos” de los ERE, que nunca había trabajado en Mercasevilla y que estaba vinculado tanto al sindicato UGT como al PSOE.

Además, prosigue la Junta, hubo un “intento” de introducir como beneficiario al propio Juan Lanzas, quien finalmente no fue incluido aunque el coste de la póliza “siguió siendo el mismo”.

No obstante, la Junta sólo acusa a seis de los once procesados. Así, no acusa al intruso, porque la Administración no abonó nada del ERE de 2007, ni a los responsables de las empresas Maginae Solutions y Hermes Consulting. La Junta pide penas inferiores a las solicitadas por la Fiscalía, en concreto, cuatro años de cárcel para Juan Lanzas, tres para el ex director de la lonja Fernando Mellet, y dos años para los responsables de Vitalia y el testaferro de Lanzas.

Por su parte, la propia Mercasevilla, que también está personada como acusación particular, solicita penas de cárcel similares a las del fiscal para los once acusados, si bien en lo que se refiere a la responsabilidad civil reclama a los acusados una indemnización total de 640.862.97 euros “a favor de Mercasevilla”, en relación con los pagos efectuados a Lanzas por la sociedad pública por servicios inexistentes. Esta acusación señala en su escrito de acusación que Lanzas recibió a través de su testaferro y de la sociedad Maginae Solutions –en la que figuraba como administrador su cuñado– un total de 492.655 euros por “su intermediación en los EREde 2003 y 2007”.

El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, deber acordar ahora la apertura de juicio oral en esta pieza, en un auto en el que decidir si Mercasevilla debe considerarse responsable civil subsidiaria, como sostienen la Fiscalía y la Junta, y en su caso determinará las posibles fianzas que puedan imponerse.

Los daños del mayor brote de listeriosis

Al caso del ERE de Mercasevilla se suma una segunda causa judicial abierta en la que el Ayuntamiento puede acabar teniendo que abonar una cantidad millonaria. La Fiscalía de Sevilla pidió en abril pasado a la juez de Instrucción número 10, Pilar Ordóñez, que declare al Ayuntamiento de Sevilla responsable civil en la causa de Magrudis, la empresa responsable del mayor brote de listeriosis detectado en España y que ha causado la muerte de cuatro personas, seis abortos y más de 200 afectados, por el “deficiente control sanitario y de la licencia de actividad” realizado por la Administración local.

En un escrito presentado en el juzgado, la Fiscalía solicitó el archivo de la causa contra la inspectora veterinaria municipal María José O. B., pero al mismo tiempo consideró que el Ayuntamiento debe ser declarado responsable civil y “asumir las consecuencias de su inacción, acción deficiente y acción tardía, por cuanto supone de funcionamiento normal o anormal de un servicio público y la trascendencia en el resultado producido”.

En este caso, la factura es, como ocurre con Mercasevilla, millonaria, dado que en su momento la instructora fijó en cinco millones de euros la fianza impuesta a los dueños de Magrudis para hacer frente a los daños causados por el brote de listeriosis. Los familiares de los fallecidos y las personas que resultaron perjudicadas tendrán que ser indemnizados cuando se dicte sentencia y también debe serlo la Junta de Andalucía, por el coste sanitario derivado del brote y que, hasta el momento, había sido cuantificado en otros 3.428.663,02 euros.

Al propio Ayuntamiento de Sevilla el caso le costó, por ahora, 141.040 euros, por los gastos en servicios y horas extraordinarias del laboratorio municipal y del área de Consumo, la vigilancia policial, y el contrato para la digitalización y tratamiento de datos del expediente. La juez aún no se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía.

Otro proceso ante el Tribunal de Cuentas por Mercasevilla

La Junta de Andalucía mantiene abierto en el Tribunal de Cuentas otro proceso de responsabilidad contable contra Mercasevilla, a la que reclama los 4.125.000 euros por el pago de las prejubilaciones. La demanda fue presentada en enero de 2019 contra la sociedad pública, con el ex director de la lonja y varios de los prejubilados, entre otros. Al igual que recoge en la causa penal, los servicios jurídicos de la Junta sostienen no existe justificación alguna para que fuese la Administración autonómica la que abonase parte de las prejubilaciones.

“Esta empresa obtuvo las ayudas injustificadas para el cumplimiento de las obligaciones que había contraído con los trabajadores despedidos, sin acreditar insuficiencia de medios para ello y consintiendo la inclusión en la póliza, como contraprestación a la concesión de la ayuda, de cinco personas que no reunían los requisitos establecidos en los acuerdos alcanzados, cooperando activamente a la comisión del menoscabo de los fondos defraudados”, señala la demanda, a la que tuvo acceso este periódico y que cifra la responsabilidad contable de Mercasevilla en esos 4.125.000 euros.

Sobre el que fuera director del mercado mayorista Fernando Mellet, la demanda dice que acudió a la Junta, por mediación de Juan Lanzas, para obtener el pago de la hacienda pública del importe de la mayor parte de la póliza “a cambio de consentir la inclusión en ella de las cinco personas que no reunían los requisitos para ello, sin acreditar la concurrencia en la empresa de razones de interés público que justificasen la ayuda concedida, cooperando con todo ello a la comisión del menoscabo de los fondos defraudados”.

La demanda solicita al Tribunal de Cuentas que declare precisamente la existencia de un “menoscabo a los fondos públicos como consecuencia de la intervención de Mercasevilla” y reclama que se acuerde el “reintegro por alcance” de las distintas cantidades, con la obligación de reintegrar a la Administración la suma total de 4.125.000 euros, más los intereses legales. La causa ante esta jurisdicción está actualmente en la fase de contestación a la demanda.