La mayoría de los 44 policías locales piden a la juez que "fije la indemnización" pero no aclara quién debe pagarla

Nuevo giro en el caso de los 44 policías locales de Sevilla afectados por la sentencia que obliga a repetir el caso práctico de las oposiciones del año 2012. Después de que las defensas de los agentes lanzaran esta semana una ofensiva legal presentando recursos ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la mayoría de los agentes han presentado un nuevo escrito en el juzgado que debe decidir sobre si se ejecuta o no esta sentencia, en el que urgen a la juez a que resuelva la petición de inejecución planteada por el Ayuntamiento de Sevilla y "fije la indemnización" que corresponda al opositor que denunció el caso, si bien no aclaran quién debe en su caso hacer frente del pago de esta indemnización.

En concreto, ha sido la defensa de 34 de los 44 policías locales la que ha presentado un escrito en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla, en el que recuerdan la petición del Ayuntamiento de Sevilla de que no se ejecute la sentencia alegando diversos motivos, entre ellos el "coste económico desproporcionado" y el "grave perjuicio" para la Seguridad Ciudadana que supondría el cese de los 44 funcionarios afectados por el caso.

La petición de este grupo de agentes, que están defendidos por el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme-A) señala precisamente el informe de fecha del pasado 7 de septiembre elaborado por el "director de Recursos Humanos (órgano encargado de la ejecución de la sentencia) por el que pone manifiesto la concurrencia de causas de imposibilidad material y/o legal de ejecutar una sentencia".

A raíz de ese informe, esta defensa pide expresamente a la juez que, con "carácter previo y urgente" se proceda a la "tramitación de dicho incidente planteado por la Administración, y ello previo a resolver cualquier otro que se haya planteado, en aras de la economía procesal, dando traslado a las partes para formular alegaciones y en su caso fijar la indemnización que proceda a favor del ejecutante".

El escrito no dice nada más sobre quién debe asumir el pago de esa indemnización, si deben pagarla los 44 agentes del cuerpo afectados por la repetición de las oposiciones o sería, en su caso, el propio Ayuntamiento de Sevilla, como parece más lógico, al tratarse precisamente del órgano encargado de ejecutar la sentencia.

Además, es el propio Consistorio quien ahora ha cambiado de postura, al haber pasado de informar al juzgado de que iba a cesar a los agentes a lo largo de este mes y que el examen de la prueba práctica se realizaría el próximo 30 de septiembre, a comunicar a la magistrada que ya no es posible la ejecución de la sentencia por esos graves inconvenientes que acarrea el cese de los agentes y la ejecución del fallo.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, fue preguntado hace tan sólo una semana sobre la posibilidad de que los policías estuvieran intentando llegar a un acuerdo económico con el opositor denunciante y la respuesta del regidor tampoco aclaró nada en esta enrevesada historia de las polémicas oposiciones. "Lo que estén negociando las partes son como en cualquier otro juicio las negociaciones que se producen entre las partes, yo no tengo ni idea, yo lo que sé es que el recurrente renunció, fue el que pidió la inejecución de la sentencia y por lo tanto no tiene ningún sentido que el Ayuntamiento se mantuviera en su criterio, por eso hemos cambiado de criterio y en este momento estamos a la espera de la resolución de la juez, que parece que va a ser rápida, y cuando tengamos la resolución de la juez, me pronunciaré y haré algún comentario más extenso", fueron las declaraciones que realizó el alcalde a los periodistas.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por este periódico han puesto de manifiesto varios aspectos relacionados con el asunto y así señalan que el acuerdo entre las partes debe producirse antes del dictado de la sentencia, dado que una vez que la misma se ha dictado y es firme, sólo cabe la ejecución de la sentencia o, en su caso, la declaración de la imposibilidad de ejecutarla, en cuyo caso se abriría un incidente para que la juez resuelva sobre la cuestión y después sería la propia magistrada la encargada de fijar la indemnización que corresponde al opositor recurrente.

En este sentido, hay que recordar que la representación jurídica del denunciante de las oposiciones presentó un incidente de ejecución en el que solicita que se declarase la "nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por el Ayuntamiento" -lo que no quiere decir que haya pedido la inejecución de la sentencia, como ha asegurado el alcalde-, en concreto, del acuerdo de la junta de gobierno para ejecutar la sentencia y en la que se convocó la celebración del ejercicio práctico para el próximo 30 de septiembre, examen que finalmente ha sido suspendido por la juez a la espera de que se resuelvan los múltiples incidentes que se han planteado por las defensas de los policías locales.

Y a la espera de que la juez de lo Contencioso-administrativo se pronuncie sobre la petición del Ayuntamiento de que esta sentencia no se ejecute, los abogados de los 44 agentes han presentado sendos recursos de apelación ante el Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)en los que piden que se admitan los incidentes de inejecución presentados contra la sentencia y que fueron rechazados por la magistrada antes del cambio de posición del Consistorio, que previamente había informado a la juez de que la sentencia se estaba ejecutando.

De otro lado, el Sppme-A ha enviado un comunicado a sus afiliados en los que informan de la publicación den el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la suspensión del examen, previsto para el 30 de septiembre y que ya fue acordada por la juez. "El lunes quieren mandar a BOP la suspensión del examen de las 44 plazas y el anuncio de ampliación de plazos administrativos, principalmente el de las oposiciones abiertas", señala la nota.