Cabrera es uno más

El delegado de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, comparecerá el próximo 7 de marzo ante la juez de Instrucción número 8 de Sevilla, Reyes Flores, la única magistrada que hasta ahora parece decidida a acabar con la mafia del taxi y el monopolio de este servicio en el aeropuerto de San Pablo.

Juan Carlos Cabrera, que ya declaró como testigo en esta misma causa, volverá ahora a sentarse frente a la instructora para responder de una imputación que, por ahora, no ha sido concretada, puesto que la magistrada se limitó a dictar una providencia en la que no recoge ni la conducta ni la infracción penal que presuntamente se le atribuye. Su citación en calidad de investigado es una decisión de la propia instructora, que no ha recabado ni solicitado ningún informe u opinión de la Fiscalía de Sevilla. En puridad tampoco tiene por qué consultar al Ministerio Público para adoptar una decisión de este tipo.

¿De qué se acusa a Cabrera? A la espera de que el próximo 7 de marzo, antes del inicio de su declaración, la juez concrete los términos de la imputación, no es difícil aventurar que el delegado de Seguridad y Movilidad tendrá que responder por no haber actuado desde su puesto en el Consistorio –antes incluso había sido director del Instituto del Taxi– para poner fin a los delitos que, según la instructora, estaba cometiendo presuntamente la Asociación Hispalense de Solidaridad del Taxi para hacerse con el monopolio de la parada en el aeropuerto de San Pablo. Esta asociación también está imputada en la macrocausa por delitos de asociación ilícita, así como por las coacciones y daños causados a otras empresas del sector del transporte, como los Vehículos de Transporte Concertado (VTC), los autobuses públicos de la empresa municipal Tussam y al propio aeropuerto de Sevilla.

El problema del taxi en el aeropuerto no es algo que pueda achacarse de modo exclusivo al actual delegado de Seguridad y Movilidad. Cabrera es uno más de los responsables políticos del Ayuntamiento de Sevilla que, en las últimas décadas, han consentido que esta asociación de taxistas campara a sus anchas en el aeropuerto.

Tan sólo Blas Ballesteros, en el primer mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín, les hizo frente, siendo el primer y único concejal que implantó el turno rotatorio en el aeródromo sevillano, lo que provocó que fuese objeto de una campaña de descrédito e insultos al concejal que incluso acabó un juicio en 2002 contra los taxistas, que por entonces eran conocidos como el “grupo del aeropuerto” y que finalmente fueron absueltos por la juez Mercedes Alaya, aunque en aquella época no había alcanzado la popularidad que tiene ahora.

Desde Blas Ballesteros hasta Cabrera todos los delegados de Tráfico o Movilidad, incluso los de PP, han preferido mirar para otro lado en el asunto del taxi, como también se han consentido otras muchas conductas en la Policía Local. La teoría de la no confrontación, aquello de vamos a llevarnos bien para que no le monten un espectáculo al alcalde.

Quizás esto explicaría porque el candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, se pronunciara de manera tan tibia cuando se enteró de la imputación de Cabrera, afirmando que confía en que de la declaración de Cabrera “se deduzca la absoluta inocencia” del concejal socialista. Porque si la juez considera que este delegado no ha hecho nada, a lo mejor podría llegar a la conclusión de que los anteriores delegados de Movilidad, incluso los del PP, han podido actuar de la misma manera omisiva.

Cabrera mantiene unas buenas relaciones con el hasta hace poco líder de Solidaridad del Taxi, Enrique Filgueras, que también está investigado en la macrocausa, y la Policía hizo incluso un informe en el que daba cuenta de que el delegado había oficiado su boda.

Hasta ahora, Cabrera se ha negado a aplicar el turno rotatorio para acabar con el conflicto del taxi en el aeropuerto, una posibilidad que ya fue avalada en 2002 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Una sentencia del Alto Tribunal andaluz declaró entonces legal el acuerdo alcanzado el 30 de octubre de 2000 -con Monteseirín como alcalde- por el que se estableció el turno rotatorio en la parada de San Pablo, lo que obligaba a que sólo pudieran operar en la misma los taxis con la letra de la matrícula correspondiente al calendario oficial de descansos.

Pese a contar con esta sentencia a su favor, el gobierno local, que entonces era una coalición del PSOE y PA, no aplicó esta sentencia y apostó por aplicar una tarifa única (de 22 a 31 euros) exigida por el gremio. Los alcaldes que siguieron a Monteseirín, Juan Ignacio Zoido (PP) y el actual, el socialista Juan Espadas tampoco ejecutaron esta sentencia, a pesar de que la misma establece que el Ayuntamiento tiene plena potestad para implantar dicho sistema “con el fin de mejorar y perfeccionar el servicio y su control”.

Juan Carlos Cabrera, persona de buen talante y buen delegado, es uno más de los que han seguido la línea continuista de los anteriores gobiernos locales en la dejadez a la hora de resolver el conflicto del aeropuerto, pero puede acabar pagando los platos rotos.

De momento, su imputación en la macrocausa de la mafia del taxi a menos de tres meses de las elecciones municipales puede acabar con su carrera política, a menos que la instrucción se agilice, cosa en principio poco previsible dada la saturación de los juzgados, y, en su caso, descarte cualquier responsabilidad penal del delegado antes del 26-M.