Tiran la toalla dos pilares de la Audiencia de Sevilla

Dos magistrados que son pilares fundamentales de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla tiran la toalla por su sobrecarga de trabajo: Juan Antonio Calle Peña, ponente de la primera sentencia de los ERE, se jubila anticipadamente, y Francisco Gutiérrez López, uno de los mejores especialistas en delitos económicos, ha pedido el traslado a un juzgado unipersonal de lo Contencioso.

Desazón, desaliento, impotencia, indiferencia de las personas responsables, estrés y una “inasumible carga de trabajo” son las quejas que los magistrados repiten una y otra vez desde 2017, sin respuesta a sus voces de alarma.

Juan Calle Peña ha pedido ya la jubilación anticipada, que se producirá en noviembre de este año, cuando tendrá 60 años recién cumplidos y 36 de carrera profesional.

Desde que era juez de instrucción investigó casos polémicos como el dirigido contra el duque de Feria por corrupción de menores y recientemente juzgó la primera macrocausa del caso de los ERE, en la que condenó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Francisco Gutiérrez López, que además de magistrado tiene un doctorado en Económicas, ha pedido el traslado desde la Sección Cuarta de la Audiencia al juzgado de lo Contencioso 10, plaza que obtendrá con toda seguridad debido a su posición en el escalafón judicial.

La renuncia de estos magistrados se produce después de una desbandada similar registrada entre los Letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios y de otras jubilaciones como la de María Auxiliadora Echávarri, instructora del caso Arny, o Juan Romeo, que juzgó el triple crimen de Dos Hermanas.

“Antes de un año se habrá ido un tercio de los magistrados penales”, aseguran.

Desde 2017 reclaman siete plazas más para las macrocausas

Hace cuatro años que los 21 jueces penales empezaron a advertir del colapso que se avecinaba con las macrocausas y creen que sus demandas han caído en saco roto. Ahora tienen por delante un horizonte de ocho años de decenas de juicios de los ERE e Invercaria que seguirán colapsando sus salas y ellos seguirán dedicando la tarde a trabajar en sus casas “sin derecho al descanso, a la vida familiar y al ocio”, afirman.

La Sección Primera, entre otros, celebrará en otoño un juicio de Invercaria de cinco meses de duración.

Desde 2017, sucesivos “plenillos” de magistrados han alertado sobre la “situación límite por la que atraviesa la Audiencia de Sevilla ante la tendencia al alza de la por sí desmesurada carga de trabajo”, superando “holgadamente el estándar que en materia laboral ha elaborado el propio Consejo General del Poder Judicial", cuyo servicio de Prevención de Riesgos Laborales fue uno de los destinatarios de las quejas.

En 2017 había en Sevilla 20 magistrados, reclamaban ser al menos 27 y en la actualidad son 21 pero por la reincorporación de una jueza en situación de servicios especiales.

“ ¡Qué escándalo, aquí se juega! ”

“Estamos cansados de tanto abandono y despreocupación” dicen, dirigiendo su mirada a sus superiores jerárquicos. Critican que se limiten a lanzar de vez en cuando un mensaje de alarma, como el comisario de Policía de la película Casablanca que exclama “Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega” mientras con la otra mano recoge el sobre con sus ganancias del día.

La situación se ha agravado con el Covid, porque se han reforzado los funcionarios de los juzgados de instrucción y está llegando a la Audiencia una nueva avalancha de juicios y recursos.

Los magistrados reprochan que no se hayan enviado los jueces de refuerzo prometidos y la falta de agilidad para cubrir las bajas, lo que recarga el trabajo del resto. En un "plenillo" de enero de 2018 denunciaban que en toda la Audiencia solo 17,5 magistrados estaban asumiendo la carga de trabajo prevista para una planta de 20.

Debido a una baja de 90 días en la Sección Cuarta, solo se nombró un suplente para once días de febrero y cuatro magistrados estaban soportando los juicios y apelaciones previstas para cinco. En la Sección Tercera, "el trabajo previsto para cinco magistrados lo están asumiendo tres y medio”, según su denuncia.

Derechos convertidos en papel mojado

Añadieron que las causas de un magistrado que desde 2016 tiene una exención del 50% se reparten entre sus compañeros en lugar de nombrar un suplente. Además este juez “está recibiendo una carga de trabajo que convierte en papel mojado la exención reconocida” pues en 2017 resolvió 251 asuntos cuando el módulo máximo fijado para ese destino oscila entre 264 y 316 casos al año, según denunció un “plenillo” de 2018.

Otra queja se refiere al ponente de las causas de especial complejidad, que es liberado de reparto durante un mes prorrogable para la redacción de la sentencia. Pero tampoco en ese caso se adopta ninguna medida de sustitución, con lo que su trabajo se reparte entre el resto de magistrados. Incluso se está barajando retirar la actual exención del 50% a los integrantes no ponentes de un tribunal de macrocausas.