Las macrocausas: Alaya se queda con las pedreas

Una nueva sentencia que vuelve a poner en evidencia la eficacia de las macrocausas que instruyó la juez Mercedes Alaya. La más grande sólo logra condenas mínimas, con las pedreas de las penas. En este caso y después de muchos avatares, lo que comenzó investigándose como un delito societario, se cerró finalmente con el procesamiento de 14 personas: el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y otras 13 personas, nueve de ellas prejubilados del mercado mayorista acusados de haber recibido un premio de jubilación que la Fiscalía consideraba ilegal.

De esos 14 acusados iniciales, la sentencia ha sido contundente: 13 absoluciones y la única condena de Fernando Mellet a dos años de cárcel por un delito de malversación, una pena mínima y muy alejada de los 24 años de cárcel que había solicitado la Fiscalía de Sevilla, que también se ha llevado un varapalo con este fallo que reduce a la mínima expresión –penalmente hablando– los cargos imputados.

Con la condena mínima de Mellet, la estadística sigue castigando las instrucciones de Mercedes Alaya. La estadística actual queda de la siguiente forma: De las 36 personas que han sido procesadas en casos que investigó Alaya, 33 de ellas han sido finalmente absueltas en sentencia, y sólo tres personas han sido condenadas, dándose además la circunstancia de que dos esas condenas se refieren a Fernando Mellet. El otro condenado es el ex subdirector de Mercasevilla Daniel Ponce, que fue condenado con Mellet al pago de una multa de 600.000 euros y a 21 meses de inhabilitación por la exigencia de una mordida de 450.000 euros a los empresarios de La Raza, a cambio de la instalación de una escuela de hostelería.

Antes de esa condena por cohecho en la lonja, la Audiencia de Sevilla desmontó otra de las macrocausas que hicieron famosa a Alaya, con la absolución de ex mandatario del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera y de las otras siete personas que fueron enjuiciadas por delitos de apropiación indebida y administración desleal en la gestión del club verdiblanco, una instrucción que arrancó en el año 2008.

Otro de las macrocausas que se desinfló como la de hora llegó con la sentencia dictada en junio de 2017 por la juez de lo Penal de Sevilla Yolanda Sánchez Gucema, quien decidió absolver a los diez procesados –entre los que había políticos, empresarios y funcionarios de Urbanismo– por el concurso para la venta de los suelos de Mercasevilla. Esta sentencia tumbó la tesis del supuesto “amaño”, “confabulación”, “concierto previo” o manipulación del concurso público con la idea de favorecer a una constructora frente a las demás empresas que habían concurrido al concurso público para hacerse con los terrenos.

De las cuatro macrocausas instruidas por la juez Alaya que han sido ya enjuiciadas tras una década –las tres vinculadas a Mercasevilla, por la mordida, la venta de los suelos y ahora el supuesto delito societario; y el caso Betis–, las condenas son mínimas, lo que sin duda debe llevar a una reflexión sobre la creación de estos macroprocesos judiciales que se prolongan durante años en su fase de instrucción y que, al final, ya sea porque no se han reunido las pruebas suficientes o porque en realidad los procesos se fundamentaban en sospechas o conjeturas, acaban en sentencias absolutorias que causan una gran sorpresa en la opinión pública, tras haber acaparado durante años una gran expectación mediática que, a la vista del resultado final, termina por desmoronarse como un castillo de naipes nada más leer el último folio de estas voluminosas sentencias, donde se incluye el fallo de la mismas.

En otros casos, no ha habido que esperar a la sentencia para destrozar la investigación de la ahora magistrada de la Audiencia de Sevilla, como sucedió con la instrucción de la denominada “pieza política” de la macrocausa que Alaya abrió por las presuntas irregularidades en los cursos de formación, donde fueron detenidos e investigados hasta 24 ex altos cargos de la Junta en una causa que fue archivada por la juez María Núñez Bolaños en octubre de 2016, al rechazar la supuesta “red clientelar” que Alaya había apreciado en la concesión de las ayudas.

Con todo, la verdadera prueba de fuego a labor instructora de Mercedes Alaya aún está por venir y tan sólo hay que esperas unos meses a que la Audiencia de Sevilla dicte –previsiblemente a finales de este año– la sentencia por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, donde hay otros 21 ex altos cargos acusados, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En esa sentencia está en juego el prestigio de la Alaya instructora.