El juicio a la "reina" Melchor

El año 2022 está marcado a nivel judicial por la celebración de media docena de juicios derivados de las macrocausas. Hasta ahora se habían celebrado dos juicios del caso de los ERE y otros cuatro relacionados con las ayudas de Invercaria, pero ninguno de otra de las grandes investigaciones que en su día diseñó y acaparó la juez Mercedes Alaya en su etapa al frente del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Esta situación cambiará a partir del próximo 1 de febrero, fecha en la que arranca en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla el juicio por las presuntas irregularidades detectadas en el Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambiental para el Desarrollo Sostenible (Formades), en el que se sientan en el banquillo cuatro acusados por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, relacionados la falta de justificación de 1.320.850 euros correspondientes a las subvenciones públicas que recibió este consorcio de formación ubicado en Almonte (Huelva).

La principal acusada es la que fuera directora gerente del consorcio entre los años 2006 y 2011, Ana María Orihuela Espinosa, ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Almonte y a quien la Fiscalía Anticorrupción atribuye precisamente el desvío de parte de los fondos públicos a gastos derivados de su salida como ‘reina’ Melchor en la Cabalgata de Reyes de la localidad onubense de 2009.

El fiscal delegado de Anticorrupción en Sevilla Fernando Soto Patiño, que ejerce la acusación pública en este primer juicio de la formación que instruyó Alaya, sostiene que la acusada, en el uso de sus atribuciones, “ordenó pagos y servicios de naturaleza variada en modo alguno relacionados con los fines del consorcio”. Así, determinó que una partida de 40.078,16 euros se incluyeran en el concepto de “difusión y publicidad”.

En esa partida se incluyó, por un importe de 6.555,15 euros, la compra de “regalos y caramelos” para la Cabalgata de Reyes Magos de Almonte de 2009, en la que había sido elegida para encarnar a la “reina” Melchor. Dice el fiscal que igualmente pagó con fondos del consorcio un “desayuno de la Cabalgata de Reyes”, que costó 600 euros y que se trató de justificar ante la Junta como “atenciones protocolarias”.

Los presuntos desvíos de los fondos públicos que debían ser destinados a la formación no quedan ahí porque, según Anticorrupción, la acusada destinó otros 9.038,62 euros a todo tipo de comidas, “como la de Navidad con lo alumnos (2.059,75 euros); con los sindicatos y empresarios de la comarca para dar a conocer la oferta formativa (1.284 euros); o el ágape de ‘recepción de autoridades’ en el que se invirtieron 1.200 euros”.

El fiscal incluye asimismo otras 14 facturas en concepto de publicidad y difusión que no guardan relación alguna con la actividad formativa, como por ejemplo la compra de 12 equipaciones de fútbol sala con publicidad de Formades.

Pero las irregularidades apuntadas por la Fiscalía se centran además en la contratación de familiares suyos y los pagos realizados a los mismos. En concreto, en este proceso están acusadas otras tres personas, entre ellas el hijo de la ex directora, Manuel Ramírez Orihuela, y un sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela, a los que contrató en el consorcio, además de una persona que realizó servicios veterinarios, Juan Francisco Millán.

Y todo esto fue posible porque, según afirma la Fiscalía, “toda decisión de gasto se realizaba sin más voluntad que la de la acusada Ana María Orihuela”, quien comenzó a contratar los servicios para el consorcio “con familiares y amigos, faltando no sólo a los más elementales deberes legales, sino soslayando de modo absoluto las reglas de contratación que se exigen en la legislación de las subvenciones, a saber, que aquellos contratos que de acuerdo con la legislación sobre contratos del Estado no sean considerados menores han de realizarse de conformidad con la ley de subvenciones mediante la solicitud de tres presupuestos”.

Pero la ex directora del consorcio no sólo obvió las norma de contratación, sino que, prosigue el fiscal, adjudicó contratos sin licitación previa, aceptó que familiares y amistades presentaran facturas que en modo alguno cumplen con la legislación vigente, de tal manera que “ni describen la realidad del servicio, ni puede saberse si éste se hizo, y de qué manera”. Además, la acusada fraccionó contratos de manera que no superara los límites de 12.000 euros para la prestación de servicios.

La acusada contrató a su hijo para la realización de labores de mantenimiento, una tarea específica que “no se concretaba en contrato alguno y que no fue licitado”, a partir del 2009 se diferenció la actividad en labores de mantenimiento, de un lado, y mozo de cuadra, de otro. “Ninguno de los contratos se tramitó conforme a la ley de contratos, siendo decisión directa de su madre”, precisa el fiscal, que recuerda que el hijo “realmente no ofrecía servicios de mantenimiento como empresa, sino que simplemente tramitó su alta como autónomo”.

Entre junio de 2008 y noviembre de 2011, el hijo de la directora recibió un total de 70 transferencias por un importe total de 452.895,82 euros, dado que todos los meses recibía transferencias distintas por importes elevados pero que no superaron nunca los 12.000 euros mensuales, si bien en noviembre de 2010 figuran seis ingresos por importe de 39.544,31 euros. En ocasiones se hacían transferencias el mismo día con diversos importes y estos pagos respondía a la facturación que emitía el hijo contra el consorcio por diversas tareas que, no obstante “no pueden concretarse ni acreditarse”, advierte el fiscal.

A pesar de ello, la acusada contrató servicios de mantenimiento con una empresa y además “no existe constancia ni en qué centro del consorcio ejerció el acusado estas labores ni siquiera si las realizó realmente”.

En el caso del sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela, la directora del consorcio lo contrató como vigilante de seguridad a pesar de que los servicios seguridad se ejecutaban por una tercera empresa. Entre abril de 2010 y noviembre de 2011 constan igualmente un total de 21 transferencias al sobrino por un importe total de 38.495,94 euros.

El escrito de conclusiones de la Fiscalía recoge con respecto al cuarto acusado, Juan Francisco Millán, que éste pactó con la gerente la prestación de los servicios veterinarios, fraccionándolos para evitar llegar al límite legal. Este acusado recibió 136 transferencias entre noviembre de 2007 y mayo de 2012 por importe de 409.232,18 euros por la prestación de estos servicios.

Por estos hechos, Anticorrupción reclama una condena de seis años de cárcel para Ana María Orihuela, a la que atribuye delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, mientras que a los otros tres procesados les pide una condena de dos años y seis meses de prisión a cada uno. En concepto de indemnizaciones, solicita que Ana María Orihuela indemnice a la Junta de Andalucía con 1.320.850 euros y los otros acusados con las cantidades que percibieron por su relación con el consorcio.

El consorcio Formades se dedicó hasta su disolución, en el año 2014, a impartir cursos de formación ecuestre, sobre energías renovables y medio ambiente, y recibió en los años 2008, 2009 y 2010 un total de 5,5 millones de euros en subvenciones públicas, pero con posterioridad se resolvió que procedía el reintegro total de las subvenciones concedidas “a la vista de las numerosas irregularidades en las mismas”.

El fiscal recuerda en su escrito de acusación que aunque puede decirse que “existió actividad formativa, muchos de los cursos realmente no se impartieron, como consecuencia de la falta de presupuesto y el desvío de fondos”.

El juicio que arranca el próximo 1 de febrero se prolongará en principio durante 17 sesiones y está previsto que finalice el 31 de marzo, con lo que esta vista se alternará con otros juicios de las macrocausas de los ERE y de Invercaria previstos para estos meses en la Audiencia de Sevilla.