El juez Vilaplana se reivindica para las macrocausas

EL juez José Ignacio Vilaplana defiende el pacto con la juez María Núñez Bolaños para reorganizar el trabajo en el juzgado de las macrocausas. El magistrado, que recientemente ha incorporado el acuerdo a las distintas macrocausas, ha comenzado a responder al aluvión de peticiones de nulidad que están planteando las defensas, que consideran que dejar en manos del juez de refuerzo la instrucción de los macroprocesos vulnera el derecho al juez natural predeterminado por la ley. Así, entienden que es la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, la que debe continuar con la instrucción de las macrocausas, como ocurría antes de que la juez fuese denunciada por la Fiscalía Anticorrupción y estuviese casi un año de baja por motivos de salud, lo que le llevó a renunciar a seguir con la instrucción por la persecución a la que se ha visto sometida desde que llegó al juzgado hace cinco años.

Una de las primeras respuestas de José Ignacio Vilaplana se ha producido en la pieza de los ERE de Mercasevilla, donde la defensa de uno de los investigados, el que fuera presidente del comité de empresa, Rafael Domínguez, ha pedido la suspensión de las “actividades previstas en estos procedimientos mientras se determina con las debidas garantías legales qué juez es el que debe continuar la instrucción, continuidad que según se desprende de la normativa vigente no puede ser otro que la titular del juzgado”. La defensa solicita igualmente que se le diera traslado del acuerdo alcanzado por ambos magistrados y de su ratificación por parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Vilaplana ha dictado una providencia, con fecha del pasado 30 de septiembre, en la que rechaza la suspensión de las actuaciones solicitada por esta defensa, por cuanto considera que la misma “carece de amparo normativo, teniendo en cuenta el carácter vinculante y ejecutivo del acuerdo de la Excelentísima Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de fecha 14 de septiembre de 2020”.

En la providencia, a la que ha tenido acceso este periódico, Vilaplana añade que no aprecia “motivo alguno de nulidad de actuaciones, en particular, por vulneración del derecho de defensa o al juez ordinario predeterminado por la Ley, cuyo riesgo de conculcación se aduce”. Es decir, el juez de refuerzo ratifica considera que el acuerdo para la redistribución del trabajo no quiebra ninguna garantía del proceso ni para las defensas de los investigados en las distintas causas que ha asumido el juez de refuerzo.

En cualquier caso, el asunto acabará en la Audiencia de Sevilla, puesto que en la misma resolución Vilaplana explica que contra su decisión cabe interponer un recurso de reforma en el plazo de tres días desde su notificación. Y contra ese recurso, en el que el juez de refuerzo mantendrá igualmente su criterio, cabría apelar a la Audiencia Provincial de Sevilla, que tendría en principio la última palabra para decidir cuál de los dos magistrados debe continuar la instrucción de las macrocausas.

Otras defensas también han solicitado la nulidad del acuerdo porque consideran que el pacto Bolaños-Vilplana representa la designación de un juez ad hoc, a propósito, para investigar las macrocausas, y que este acuerdo no se basa en reglas generales, objetivas o abstractas como podría haber sido, por ejemplo, la distribución de las macrocausas en función de la cifra con la que terminan las diligencias previas de cada asunto.

Varios abogados defensores han planteado ya más de medio centenar de incidentes de nulidad en las distintas piezas de los ERE o de las otras macrocausas que podrían acabar igualmente en la Audiencia.

Pero la nueva batalla legal que ha desatado la renuncia de Bolaños a seguir con los macroprocesos también se desarrollará en otras instancias judiciales, como la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Una de las defensas tiene previsto recurrir directamente la aprobación por parte de la Comisión de la Sala de Gobierno del TSJA del acuerdo alcanzado entre Bolaños y Vilaplana para el reparto de las macrocausas y que debe ser también ratificado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que todavía quedan episodios en la guerra de las macrocausas.