La juez Alaya también imputaba en las campañas electorales

El juez Juan Carlos Peinado, que acaba de imputar a Begoña Gómez en plena campaña electoral de las elecciones europeas del 9-J, no es el único instructor que se salta la regla no escrita en la judicatura de no interferir en los procesos electorales. La juez Mercedes Alaya, que se hizo famosa por el caso de los ERE, en el que investigó a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también imputaba a políticos en las campañas electorales o coincidiendo con determinados hitos que marcaban el calendario político.

Y si no que se lo digan al que fuera portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, que conoció tres días antes de las elecciones municipales del 22 de mayo de 2011 que la juez Alaya lo había citado a declarar como investigado varias semanas después, en concreto, el 8 de junio, en relación con la investigación por la presunta adjudicación irregular de la venta de los suelos de Mercasevilla. Esta causa sentó en el banquillo de los acusados a Antonio Torrijos, quien seis años después fue finalmente absuelto junto a los otros nueve procesados. Torrijos reclamó años después y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció que se había producido un funcionamiento anormal de la Justicia en la instrucción de la causa, por la que fue finalmente indemnizado con 2.000 euros por las dilaciones indebidas del proceso. Torrijos se sintió entonces víctima de Lawfare.

No fue el único caso donde la juez Mercedes Alaya no tuvo en cuenta las elecciones o los calendarios políticos, porque algo parecido sucedió poco tiempo después con la dudosa preimputación de los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Todo sucedió el 10 de septiembre de 2013. Ese día, tomaba posesión el primer Gobierno de Susana Díaz y cuando María Jesús Montero estaba prometiendo el cargo como consejera de Hacienda, trascendió un último auto de la juez Alaya, dictado ese mismo día, que suponía un auténtico bombazo: la juez trasladaba la imputación -en realidad no podía por su condición de aforados- en el caso de los ERE a los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán; a los consejeros salientes Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila, así como a Francisco Vallejo, Manuel Recio y José Antonio Viera. Todos eran preimputados en el proceso, una figura inexistente en el ordenamiento jurídico.

Sobre la regla no escrita de no interferir en los procesos electorales se ha pronunciado este mismo miércoles el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien ha defendido la importancia de la separación de poderes y ha abogado por que los jueces, desde su independencia, intenten la "neutralidad" y no interfieran en dichos procesos. Del Río, que no ha querido referirse a "casos concretos" aunque no era necesario, ha dicho que está "convencido de la importancia de la separación de poderes y de la necesaria autocrítica del Poder Judicial, también externa, pero partiendo de unas reglas de juego, la plena legitimidad constitucional".

Esa regla ya la aplicó el Tribunal Supremo también en el caso de los ERE, en el que retrasó la publicación de la sentencia que debía resolver los recursos contra la condena a Chaves y Griñán para que no coincidiera con las elecciones autonómicas del 19 de junio de 2022. El fallo se conoció precisamente un mes después, el 26 de julio de 2022.

Ahora, la juez Alaya parece que tiene en el juez Peinado un leal seguidor en su formas de actuar. Eso sí, con algunas diferencias destacadas, puesto que Alaya respetaba los secretos de sumario y se dejaba guiar por los contundentes atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, unidad a la que entregó la investigación de las diferentes macrocausas.