La Pará (judicial) de Villalobos

Fernando Rodríguez Villalobos tiene el próximo viernes la cita más importante de sus más de 16 años al frente de la Diputación de Sevilla. Ese día, 19 de marzo, día del padre, está citado a declarar como investigado ante el juez de las macrocausas, José Ignacio Vilaplana, que investiga presuntas irregularidades en torno a la organización sin papeles durante una década del evento denominado ‘La Pará’ de Gines, una causa en la que ya están imputados el alcalde de la localidad, el socialista Romualdo Garrido, así como varios concejales y cuatro hermanos mayores de la Hermandad del Rocío de Gines. Villalobos tiene ante sí su particular Pará, en este caso judicial, en la que deberá responder sobre cuatro “subvenciones excepcionales” concedidas por la Diputación entre los años 2007 y 2011 por un importe total de 22.000 euros para financiar algunos eventos incluidos en La Pará de Gines, como un espectáculo ecuestre de bandoleros y otro titulado “Aromas del Guadalquivir”, así como para el pago de gastos de alquiler, montaje y desmontaje de 100 boxes.

El juez José Ignacio Vilaplana recuerda, en el auto en el que imputó a Villalobos, que estas subvenciones –de 6.000 euros cada una en los años 2007, 2009 y 2010, y de 4.000 en el año 2011– habrían sido concedidas “con omisión patente de los principios y procedimientos legalmente aplicables”, según pusieron de manifiesto los peritos de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA). Los peritos destacaron igualmente que no existe en el “expediente” administrativo documental alguna justificativa del carácter “singular” y “excepcional” de la ayuda, que fueron supuestamente otorgadas por razón de “interés público o social”. Sin embargo, constan diversos documentos, como notas de régimen interno del jefe de gabinete de Presidencia, el ex diputado socialista Antonio Pradas –también investigado– dirigidas al secretario general de la Diputación que revelarían que ese carácter excepcional “habría sido así considerado y determinado por voluntad del presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos”.

El juez añadía que tampoco existía un “plan estratégico donde se informe de los objetivos y efectos que se pretenden con la aplicación de la subvención, el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación”, como establece la ley general de Subvenciones.

Esas cuatro subvenciones, prosigue el juez, fueron concedidas para financiar el evento de La Pará que no era “nada excepcional, ya que el mismo es un evento ordinario, totalmente planificado en su organización y planificable en su administración y financiación y llevado a cabo de forma constante año tras año y en días determinado señalados con antelación”.

De esta forma, los responsables del Ayuntamiento de Gines, “principalmente el alcalde y el responsable de la delegación de Festejos, habrían participado en el mecanismo arbitrario de las ayudas, resultando conocedores de que se habría prescindido de los principios y del procedimiento legalmente procedentes”.

Según la investigación policial realizada, esas ayudas se habrían dado “sin justificación del carácter excepcional de la correspondiente subvención y con omisión de presupuestos normativos esenciales para su otorgamiento, como son, entre otros, la existencia de informes del proyecto que contengan claramente delimitado y especificado el objeto, servicio o finalidad de interés público o social y que motiven las razones que justifiquen la dificultad de la correspondiente convocatoria pública e inexistencia de bases reguladoras a las que puedan acogerse los posibles interesados”.

El juez concluye que no se puede considerar que existieran razones de urgencia o interés social o económico para justificar el carácter excepcional de la subvención cuando “reiteradamente se vienen concediendo subvenciones con el mismo objeto, finalidad y beneficiario”, puesto que habrían servido para financiar la organización y celebración de “Una Pará en Gines” en sus distintas ediciones con otras subvenciones públicas.

Algunas fuentes del caso consultadas por este periódico apuntan que estas subvenciones excepcionales pueden ser sólo la punta del iceberg, es decir, que esta causa puede convertirse en una especie de “mini ERE”, ya que hay muchas más ayudas que la Diputación de Sevilla ha concedido de manera similar para la organización de eventos en otras tantas localidades de la provincia. El caso de La Pará podría transformarse, realmente, en otra macrocausa en la que se investigue el uso irregular de los fondos públicos, a modo de un particular fondo de reptiles en la Corporación provincial.

Otras fuentes, en cambio, sostienen que por ahora el juez Vilaplana está centrado en la investigación únicamente de estas cuatro subvenciones y de dos facturas pagadas de manera “ilícita y arbitraria”, por las que ha imputado a diez responsables de la Diputación, y de las demás irregularidades vinculadas a la organización por parte del Ayuntamiento de Gines durante una década de La Pará sin que se haya tramitado ningún expediente administrativo en el Consistorio.

Todo dependerá en este caso de la visión que pueda tener al respecto la Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares que están personadas en las actuaciones.

En la causa de La Pará se investigan en principio hasta seis delitos: prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación urbanística, falsedad documental y tráfico de influencias.

La Guardia Civil sostiene en su atestado que no existe “actuación ni instrumento normativo alguno relativo a la creación y regulación del evento Una Pará en Gines en cualquiera de sus ediciones” desde el año 2006 hasta el 6 de mayo 2016, fecha en la que se crea una comisión de trabajo ante la falta de regulación. El atestado señala que no se ha abonado tasa alguna por la ocupación utilización del suelo público de titularidad municipal en la organización y desarrollo del evento, y concluye que se ha producido un menoscabo de fondos públicos que alcanza los 859.459,36 euros, dinero que se ha “dejado de ingresar en las arcas del Ayuntamiento por las irregularidades” en la organización y celebración del evento.