El informe de las macrocausas

Por el momento no se producirá la tan esperada reunión entre los magistrados de la Audiencia de Sevilla y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, para buscar soluciones al colapso que el enjuiciamiento de los juicios de las macrocausas está provocando en las secciones de lo Penal y que amenaza con hipotecar estos tribunales hasta dentro de más de una década. El encuentro se iba a celebrar primero en el mes de julio, pero se aplazó a este mes de septiembre, y al final tendrá que demorarse aún más tiempo a pesar de la delicada y urgente situación.

El motivo del retraso no es otro que la petición de un informe por parte de Lorenzo del Río a los magistrados de la Audiencia que deben celebrar esos más de 170 juicios que están pendientes de llegar y de los que por ahora sólo han entrado unos pocos casos. En concreto, el presidente del Alto Tribunal andaluz se ha dirigido a los presidentes de las cuatro secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla –las secciones Primera, Tercera, Cuarta y Séptima–, a los que ha solicitado que le informen de la situación real de las macrocausas en cada una de estas Salas. Del Río solicita un diagnóstico exacto de cuántos juicios derivados del caso de los ERE y de Invercaria –los dos megaprocesos más avanzados que están en fase de enjuiciamiento– se han fijado ya para su celebración y cuántos están repartidos pero no han sido todavía señalados -de éstas o de otras macrocausas-, sobre todo teniendo en cuenta que desde mediados de 2020 hasta julio pasado la Fiscalía Anticorrupción había calificado ya 44 casos para su enjuiciamiento.

Del Río quiere saber además si en estos juicios se sientan en el banquillo muchos acusados, otro de los elementos que se tienen en cuenta para valorar la carga derivada de las macrocausas, dado que aunque hay juicios de los ERE con más de una docena de procesados, lo cierto es que también hay otras causas con un exiguo banquillo de los acusados, como ocurrió en el juicio de Invercaria por las ayudas a la empresa Aceitunas Tatis, donde sólo había dos personas investigadas.

El presidente del TSJA quiere conocer todos esos detalles antes de que tenga lugar esa “cumbre” con los magistrados sevillanos de la que deben salir las soluciones para tratar de agilizar e impulsar la celebración de estos juicios, que ya están ocasionando la diáspora de muchos magistrados hacia otros destinos –hacia otros destinos menos saturados de trabajo, como juzgados unipersonales– o mediante jubilaciones anticipadas de algunos de los jueces destinados en la Audiencia.

Para mitigar el colapso los jueces apuestan por diversas medidas, entre las que destaca la creación de una nueva Sección de lo Penal en la Audiencia hispalense así como la ampliación de las plazas de magistrados de las actuales secciones de lo Penal para que éstas cuenten con un total de seis jueces cada una, lo que permitiría a dichas secciones “desdoblarse” para poder celebrar más juicios de los macroprocesos sin descuidar el resto de asuntos ordinarios que llegan a estas Salas y que, en muchos casos, tienen preferencia porque se trata de causas con preso, algo que no sucede en los procesos derivados de la corrupción. Actualmente no hay ningún preso preventivo por las causas de los ERE y de Invercaria, ni del resto de procesos en los que interviene la Fiscalía Anticorrupción.

Pero el problema de la Audiencia de Sevilla no obedece exclusivamente a la falta de jueces, que es evidente, sino que también influyen otros factores como la escasez de salas de vista suficientes para la celebración de este tipo de juicios, en los que intervienen en muchos casos un número importante de acusados, varias acusaciones, y distintas defensas, lo que obliga a tener que utilizar amplias salas para dar cabida a todas las partes. Y la Audiencia sólo cuenta con dos salas de vista amplias: la que se utilizó para el juicio de la “pieza política” de los ERE y se está empleando para los otros procesos; y la reservada para la celebración de los juicios con jurado popular, en la que tienen lugar otros juicios pero que no cuenta con una disponibilidad absoluta. El resto de las salas no pueden acoger los juicios de las macrocausas.

Un ejemplo de la incidencia de esa carencia de salas de vista se ha hecho patente esta misma semana durante el juicio que se sigue por una de las piezas separadas de Invercaria –la denominada “pieza de personal”–, cuya sesión del pasado jueves tuvo que suspenderse porque no había sala disponible para continuar el juicio, que se reanuda mañana, según el anuncio que realizó en el juicio el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia, Carlos Lledó, que preside este juicio.

Al problema de la falta de jueces y salas de vista se suma el apretado calendario de señalamientos que ya de por sí tienen las secciones de lo Penal y que se vio agravado asimismo con el parón debido a la pandemia del coronavirus.

Esta situación hace que muchas de las Secciones Penales sólo puedan fijar un juicio derivado de las macrocausas al semestre, lo que supone dos como máximo al año, puesto que estos procesos pueden tener una duración aproximada de entre uno y tres meses. Pero sobre todo porque estos tribunales no pueden dejar de lado los otros asuntos ordinarios que le llegan, algunos con preferencia al ser causas con presos o también especiales, como puede suceder con los delitos de violencia de género.

Todas estas complicaciones se traducen en que son por ahora muy pocos los juicios derivados de las macrocausas que se señalan y entre los que sí se han fijado ya la celebración del juicio ya hay varios que tendrán lugar en el año 2023, a casi dos años vista. Y el retraso amenaza con hacerse aún mayor, por lo que urge el encuentro de Lorenzo del Río con los jueces sevillanos para tratar de canalizar la avalancha de juicios.