La guerra de Bolaños

La juez María Núñez Bolaños ha emprendido su particular batalla. Después de haber renunciado a seguir instruyendo las macrocausas, harta de las campañas de acoso y desprestigio, la magistrada, ahora ajena a todo el ruido de las macrocausas y centrada en su labor como titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha sorprendido esta semana al trascender la denuncia que ha presentado ante la Fiscalía General del Estado contra el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, y contra los seis fiscales delegados de Anticorrupción en Sevilla.

En esa denuncia, la magistrada pide que se abra un expediente disciplinario a los siete fiscales a los que atribuye faltas disciplinarias graves, en relación con la denuncia que la Fiscalía presentó contra ella por el supuesto retraso en la instrucción de las macrocausas y que fue rechazada de plano por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras haber realizado una exhaustiva inspección de la situación del juzgado y de la tramitación de las distintas macrocausas.

La magistrada replica a esa denuncia de los funcionarios el Ministerio Público y lo hace de la misma forma que lo hizo en su día Anticorrupción. La Fiscalía denunció a Bolaños ante el máximo órgano de gobierno de los jueces y ahora la magistrada actúa contra quienes la acusaron, denunciándolos ante la Fiscalía General del Estado, señalando que estas acusaciones podrían ser constitutivas de faltas disciplinarias graves –los fiscales también acusaron a la juez de faltas graves por el retraso injustificado en la tramitación de los macroprocesos–, por la “grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados” o el “atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración”.

Si inédita fue la denuncia la Fiscalía Anticorrupción, que evidentemente debía estar avalada por la entonces fiscal general del Estado María José Segarra –sin su conocimiento y consentimiento no se habría presentado la denuncia–, lo mismo ocurre ahora con la queja de la magistrada, de la que tampoco hay precedente alguno.

La guerra está iniciada, aunque el conflicto no lo comenzó Bolaños sino que viene de largo, prácticamente desde el año 2015, cuando Bolaños llegó al juzgado de Instrucción número 6 para relevar en la instrucción de las macrocausas a la juez Mercedes Alaya, con quien, por cierto, los fiscales delegados también tuvieron varias e importantes diferencias en relación con la forma en que se desarrollaban las investigaciones pero que, en ningún momento, desembocaron en una denuncia contra Alaya.

¿Y por qué Bolaños ha decidido ahora contraatacar con esta denuncia?

La propia juez da las claves a esta respuesta en la extensa denuncia –de 46 folios– presentada en la Fiscalía General, al asegurar que las acusaciones del Ministerio Público le han causado “grave perjuicio psicológico, moral y profesional”, “exponiéndola ante una feroz y no contrastada crítica pública y social”.

No hay que olvidar que la juez estuvo de baja por motivos de salud durante casi once meses, tiempo en el que el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana se hizo cargo de las macrocausas, y cuando se reincorporó, una vez archivada la denuncia por el órgano de gobierno de los jueces, Bolaños renunció a seguir instruyendo los macroprocesos y pactó su relevo con Vilaplana.

El escrito de la juez es igual de duro que el que en su día presentaron los fiscales –que parecía una denuncia por prevaricación aunque se acudiera a la vía gubernativa– y en el mismo Bolaños no duda en calificar de “difamaciones” las afirmaciones realizadas por los funcionarios respecto a la paralización de las macrocausas.

Llega incluso a sostener la juez que las acusaciones de los fiscales son de tal gravedad y entidad que podrían incluso rebasar la responsabilidad disciplinaria para entrar en el terreno del delito de calumnias, lo que deja entrever que la magistrada podría emprender otro tipo de acciones en el supuesto de que no prosperara la denuncia en sede de la Fiscalía General.

Junto a los perjuicios psicológicos y morales que menciona, la magistrada destaca que también se ha “perturbado el normal desarrollo del servicio en la Administración de Justicia”, “enrareciendo el ambiente de trabajo y generando disfuncionalidades en el funcionamiento del juzgado”.

En su momento, la juez alegó ante la denuncia de la Fiscalía que con esta acción el Ministerio Público quería “apartarla” de la instrucción de las macrocausas porque ella no compartía los criterios de la acusación pública. Decía en ese escrito la juez que la forma de tramitar o de llevar los procedimientos había sido “igual en todas sus causas, la carga de agenda y señalamientos los mismos”, y así señalaba que lo que distingue los ERE o Avales de Mercasevilla o los cursos de formación “es la falta de criterio coincidente entre el Ministerio Fiscal y esta Instructora, es la discrepancia jurídica entre el Ministerio Fiscal y la Instructora en ERE y Avales”.

Y ahora en la denuncia ante la Fiscalía, abunda en este argumento, porque Bolaños sostiene que “el ataque frontal que llevan a cabo los citados funcionarios resulta incomprensible, atendiendo la realidad del procedimientos, más allá de disparidad de criterios puramente jurisdiccionales entre la instructora y el Ministerio Fiscal que, en ningún caso, podría justificar la acción entablada por los mismos. Pudiera inferirse que el ánimo de tal actuación sería encuadrable, bien, dentro de una suerte de pueril desquite o, en su lugar, en un intento de forzar cambio del magistrado instructor designado por el CGPJ o, incluso más allá, cuestionar su autoridad y legitimidad de forma pública y notoria; o, incluso, pudiera ser que todo ello al mismo tiempo”, añade.

¿Qué recorrido tendrá la denuncia de la juez?

En principio y según el estatuto orgánico del Ministerio Público, la denuncia de Bolaños puede tener una tramitación similar a la que siguió la presentada por los fiscales ante el CGPJ. Así, lo normal es que la Fiscalía abra una “información previa”, como ocurrió a Bolaños, a la que se abrieron unas “diligencias informativas” que, tras la investigación realizada por el Servicio de Inspección ni siquiera concluyó en la apertura de un expediente disciplinario, aunque la juez tuvo que realizar unas alegaciones para contestar a la denuncia.

Esto mismo puede suceder en el caso de los siete fiscales contra los que se dirige la queja de Bolaños, aunque todo depende de la decisión del promotor de la acción disciplinaria en el Ministerio Público.

Algunas fuentes consultadas por este periódico apuntan que la denuncia de la juez puede acabar de la misma forma que finalizó la de los fiscales: en el archivo de las actuaciones. Y para ello recuerdan que la actuación del fiscal Anticorrupción debió contar con el apoyo en su momento de la fiscal general del Estado.

En el supuesto de que esa denuncia se archivara, cabe preguntarse si la juez recurrirá esa decisión en los tribunales de lo Contencioso-Administrativo.

En cualquier caso, de lo que no cabe duda es que la denuncia de Bolaños ha supuesto una auténtica bomba a la convivencia de los juzgados y la Audiencia de Sevilla, donde la juez y los fiscales desarrollan su actividad profesional. Lo mismo ocurrió con la denuncia de los fiscales. Es lo que tienen las guerras, que siempre dejan víctimas en ambos bandos.