El facturón de ‘La Mechá’ puede caerle al Ayuntamiento

La instrucción de la causa por el brote de listeriosis de Magrudis ha dado un importante giro esta semana, con la petición realizada por la Fiscalía de Sevilla a la juez que investiga el caso para que declare al Ayuntamiento como responsable civil de lo ocurrido por el “deficiente control sanitario y de la licencia de actividad” llevado a cabo por la Administración local. El facturón por no haber hecho presuntamente los deberes e impedir la venta de la carne contaminada que se distribuía bajo la marca La Mechá es de varios millones de euros.

De hecho, la instructora, Pilar Ordóñez, fijó en su día en cinco millones de euros la fianza impuesta a los dueños de Magrudis para hacer frente a los daños causados por el brote de listeriosis, que ocasionó la muerte de cuatro personas, seis abortos y más de 200 afectados. Todas estas personas y los familiares de los fallecidos tendrán que ser indemnizados cuando se dicte sentencia, al igual que la Junta de Andalucía, que ha cifrado de momento en 3.428.663,02 euros el coste sanitario derivado del brote.

Al propio Ayuntamiento de Sevilla el caso ya le ha costado, por ahora, 141.040 euros, cantidad en la que se incluyen diversos gastos, como los servicios y horas extraordinarias del laboratorio municipal y del área de Consumo, la vigilancia policial, y el contrato para la digitalización y tratamiento de datos del expediente.

También se incluyen entre los gastos municipales las pruebas de los hornos de las instalaciones de Magrudis en el polígono industrial El Pino; el alquiler de un coche para el traslado de las muestras y el coste de las muestras analizadas en los laboratorios; y el traslado de la carne para la incineración en una cementera de Jerez de la Frontera.

¿Y cuánto dinero se ha podido reunir hasta ahora para hacer frente a esa millonaria factura de Magrudis? Una cantidad mínima, prácticamente irrisoria en comparación con los gastos ocasionados y las posibles indemnizaciones. El juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla tiene consignados en su cuenta los 300.000 euros aportados por la aseguradora AXA, por el seguro de daños que tenía contratado Magrudis, y esta misma semana ha recibido el ingreso de otros 11.500 euros que ha abonado un empresario por la compra de los 26 bienes embargados a Magrudis, por la maquinaria y el mobiliario intervenido en las naves de la empresa cárnica.

La cifra puede incrementarse todavía, pero en poco más, por los cinco vehículos embargados a la empresa y a sus dueños, teniendo en cuenta además que los vehículos sufren una gran depreciación con el paso del tiempo, como puso de manifiesto la instructora esta misma semana en una resolución en la que autorizó la venta de los bienes, y en este caso ha pasado casi un año desde que se acordó el embargo de los mismos.

De esta forma y por lo que se ha podido garantizar hasta ahora sólo hay algo más de 311.500 euros para hacer frente al pago de unos gastos e indemnizaciones que, según las estimaciones de la juez, pueden rondar los cinco millones de euros, una cantidad que, en el caso de declararse tras el juicio la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento, tendría que salir de las arcas municipales. Es decir, que la supuesta actuación negligente de los servicios municipales la acabaríamos pagando todos los ciudadanos de Sevilla.

El Ayuntamiento aún no ha realizado ninguna declaración con respecto a la petición realizada por la Fiscalía, pero todo apunta a que la instructora podría declarar finalmente la responsabilidad civil del Consistorio, sobre todo porque a lo largo de la instrucción la propia juez no ha negado que esto pudiera suceder.

Varias acusaciones que representan los intereses de los afectados se opusieron en su día a que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía intervinieran como acusación particular en la causa, alegando precisamente que podrían ser responsables civiles de lo daños por la falta de inspecciones o de control de la actividad de la empresa cárnica.

La juez respondió entonces señalando que “el hecho de que pueda resultar en un futuro, una vez avance la presente instrucción, responsable civil subsidiario, no impide que en este momento se le tenga por personado como perjudicado, pues es posible tener la doble condición de responsable y perjudicado o tercero afectado, ya que una misma persona puede ser responsable civil de un delito y al mismo tiempo perjudicado o afectado del mismo”, según recogía la magistrada en un auto.

La asociación de consumidores Facua, que ejerce la acusación particular en el proceso y representa a un grupo de perjudicado, también se opuso a que se permitiera la personación del Ayuntamiento, destacando la posible “responsabilidad que el Ayuntamiento podría tener ante una total y absoluta falta de control para valorar el necesario cumplimiento por parte de Magrudis de los requisitos administrativos necesarios para llevar a cabo la actividad de producción cárnica”.

Todos estos indicios que ponen en duda la actuación de los servicios municipales han sido ahora constatados por la Fiscalía, que considera que el Ayuntamiento debe ser declarado responsable civil y “asumir las consecuencias de su inacción, acción deficiente y acción tardía, por cuanto supone de funcionamiento normal o anormal de un servicio público y la trascendencia en el resultado producido”.

Según la Fiscalía, la actuación del servicio de inspección veterinaria del Ayuntamiento fue “sin duda, deficiente”, aunque ha pedido el archivo de la causa contra la inspectora veterinaria investigada por la “falta de medios del propio servicio de inspección y la sobrecarga de trabajo, por la escasa dotación de personal a la vista de la existencia de sólo nueve veterinarios oficiales para el distrito de Sevilla”.

Sólo nueve funcionarios para inspeccionar las actividades posibilitó que Magrudis fuese inspeccionada únicamente en dos ocasiones antes de la alerta sanitaria, en los años 2016 y 2017. La cuestión es si, visto lo visto, lo ocurrido con Magrudis podría volver a repetirse si el Ayuntamiento no ha actuado para mejorar los sistemas de control, como ha denunciado la oposición municipal esta misma semana.