El empate de Invercaria: cuatro condenas y cuatro absoluciones

Un empate técnico, pero con matices muy relevantes. El balance tras ocho juicios celebrados de la macrocausa de Invercaria refleja eso, precisamente, un empate técnico entre las tesis que defienden las acusaciones -la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones del PP, Invercaria y la agencia Idea- y las de las decenas de directivos y empresarios que se han sentado en el banquillo de los acusados desde hace cuatro años, cuando se celebró el primero de los juicios por el caso de las ayudas a la empresa que tenía una línea de aceitunas eróticas, que es además la única pieza firme tras haber sido confirmada la sentencia por el Tribunal Supremo. De las ocho sentencias dictadas hasta ahora, cuatro han acabado en una condena y otras cuatro en la absolución de los acusados, la última de ella la que se ha conocido esta misma semana con la absolución de los 12 acusados por las ayudas de más de un millón de euros invertidos en el portal virtual de Fiva.

Sin embargo, ese empate se deshace cuando se analiza en detalle el número de acusados en todos estos procedimientos. Así, en los ocho juicios han sido acusadas un total de 39 personas, entre directivos de Invercaria, representantes de su consejo de administración y empresarios que recibieron los créditos de la sociedad. De estos 39 acusados, los tribunales han condenado a diez y han absuelto a los 29 restantes, si bien los diez condenados son en realidad siete personas, dado que el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo ha sido condenado ya cuatro veces y absuelto en las otras cuatro ocasiones, por lo que en realidad se trata de sólo siete personas condenadas del total de enjuiciadas.

El principal imputado en todos estos procesos es Tomás Pérez-Sauquillo, que acumula ya cuatro condenas que suman en total 11 años, 9 meses y dos días de prisión. El ex directivo, que recientemente ha pedido la suspensión de su ingreso en prisión por motivos de salud, figura como investigado en la veintena de piezas separadas en las que se ha dividido esta macrocausa y que se instruyen desde hace más de una década.

Por lo que se refiere a estas ocho sentencias dictadas por la Audiencia de Sevilla, destaca la tendencia de absoluciones, dado que los tres últimos juicios celebrados han finalizado con la absolución. Ocurrió así con las sentencias por las ayudas concedidas a Lolita Canalla (la sentencia se conoció en agosto de 2022), Own&Spa (octubre de 2022), y la ya mencionada de Fiva, que se ha dictado esta misma semana.

En Fiva se da además una particularidad, porque esta pieza fue la primera que se comenzó a investigar en el año 2012, fue el origen de la macrocausa de Invercaria y, al igual que sucedía con la denominada "pieza política" de los ERE -la de los ex presidentes de la Junta y de los ex altos cargos-, estaba considerada como el paradigma del caso, el ejemplo del mangazo de los fondos públicos a favor de determinados empresarios. Ahora el tribunal ha determinado con rotundidad en la sentencia que la decisión de invertir en ese portal de las ferias virtuales no fue arbitraria y que no se ha acreditado que los empresario se enriquecieran. Fue un proyecto fallido, sin duda, como sucede en muchas inversiones de capital riesgo.

Las defensas ganan por el 'goal average'

Si habláramos en términos futbolísticos ese empate de condenas en el caso Invercaria se rompería a favor de los acusados, que habrían ganado por el goal average. Sólo siete personas condenadas sobre un total de 39 acusados es un balance realmente pobre para las acusaciones y cuestiona lo que está ocurriendo con las denominadas macrocausas. No sólo con ésta, también lo hemos visto en otros procesos como el de las mordidas de Fitonovo, que ha acabado igualmente con sentencias absolutorias o con penas mínimas.

Varios de los abogados que durante todos estos años han defendido a los acusados en estos procesos han llamado precisamente la atención, tras esta nueva absolución, sobre la dilación de los macroprocesos y el daño irreversible que se causa a los investigados que finalmente son exculpados tras más de una década sometidos a la pena de banquillo.

"Desde el más profundo respeto a las partes acusadoras, una vez más se demuestra que hemos de esperar al resultado final del proceso, es insostenible adelantar las condenas a la fase de instrucción", comentan los letrados Juan Carlos Alférez y Simón Fernández Rebollo, del bufete Constitución 23. "A pesar de que un cuerpo policial, un juez de instrucción, un fiscal especial y una acusación particular y popular apreciaren indicios de delito, no por ello el delito existía", han añadido con respecto a la sentencia de Fiva.

"No es admisible en un Estado de Derecho que una instrucción penal tarde diez años desde su inicio hasta el dictado de la sentencia", ha destacado Adolfo Cuéllar, del bufete Zurbarán Abogados, que ha indicado que durante todo este tiempo "los juicios paralelos convierten al investigado en presunto condenado, convirtiendo su vida en un infierno".

De esta forma, los defensores apuestan por abrir un debate público para que se "exija el máximo respeto a la presunción de inocencia, pues presentar a la sociedad como culpables a personas que finalmente son absueltas, causa un daño personal, moral y social irreversible".

El planteamiento de los letrados es una aspiración realmente loable y así debería ser, pero la realidad, como siempre, dista mucho del deseo. El estigma del investigado, el antiguo imputado, lo persigue durante mucho tiempo y queda para siempre recordado con una simple búsqueda en Google.