El curioso caso del ex director Daniel Rivera

Cuando la Audiencia de Sevilla lo exculpó de ser juzgado en el juicio del denominado “procedimiento específico” de los ERE, Daniel Alberto Rivera, que fue director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, no sabía lo que se le venía encima. La inicial satisfacción que conllevaba haber quedado excluido de la “pieza política” se convirtió, finalmente, en un auténtico calvario judicial debido al galimatías jurídico en el que se ha convertido la macrocausa de los ERE por el conflicto planteado por la exclusión de los ex altos cargos del centenar de piezas que se siguen investigando en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estableció un criterio, según el cual, si los ex altos cargos eran juzgados en la pieza política, no podían ser enjuiciados también en las decenas de piezas separadas en las que se examinan las ayudas individuales, porque su conducta quedaba englobada dentro del “procedimiento específico” por el que se concedieron las ayudas entre los años 2000 y 2009.

Sin embargo, este criterio no se ha seguido al pie de la letra en todos los casos. Basta recordar, en este sentido, cómo el ex consejero de Empleo Antonio Fernández fue juzgado y condenado por las ayudas a la empresa Aceitunas y Conservas (Acyco) a pesar de que había sido excluido expresamente en aplicación del principio non bis in ídem o cosa juzgada. En esta misma causa también fue condenado el ex director de Trabajo Juan Márquez, que previamente había sido juzgado en el proceso a los ex altos cargos.

En cualquier caso, la exculpación de Daniel Rivera en el primer juicio ha provocado que esté investigado en varias decenas de piezas que se siguen instruyendo y ya se han dictado, al menos, nueve autos de procesamiento contra este ex alto cargo en las siguientes piezas: Saldauto, Surcolor, Calderinox, Egmasa, Sierra Norte, A Novo Comlink, Fabricantes de Encimeras para Europa, Tioxide y Springer Arteferro.

El auto por esta última causa ha sido dictado esta misma semana y en la resolución, el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana excluye a otros ex altos cargos como Antonio Fernández, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el ex director de Trabajo Juan Márquez, al estimar el instructor que no es posible depurar la posible responsabilidad penal ni continuar el procedimiento contra ellos, pues “ya habrían sido encausados por la perpetración de aquéllos en el procedimiento abreviado relativo a la ilicitud penal del denominado procedimiento específico instaurado para llevar a efecto la ilícita concesión de ayudas por parte de los responsables de la Junta”.

Sobre Daniel Alberto Rivera, el juez señala que “no concurren” “las mismas circunstancias sustantivas o procesales que las que recaen sus antecesores en el cargo” de director general de Trabajo, añadiendo que su exclusión de esta causa, “en consideración a los mismos motivos por los que en su momento se excluyó” a Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero –ya fallecido–, “no puede tener acogida por la sencilla razón de que Rivera no ha sido enjuiciado en la causa del denominado procedimiento específico”, de forma que, “como ha señalado en numerosas resoluciones la Sección Séptima de la Audiencia, al haberse acordado el sobreseimiento respecto del recurrente en la causa del procedimiento específico, debe depurarse la posible responsabilidad penal en que hubiese incurrido en cada una de las piezas incoadas para la investigación de las ayudas concretas en cuyo pago hubiese intervenido”.

Esto implica, irremediablemente, que Daniel Alberto Rivera –que ocupó el cargo de director de Trabajo entre 2010 y 2012, cuando se destapó el escándalo de los ERE y se adoptaron medidas como la revisión de los expedientes– tendrá que someterse a decenas de juicios y enfrentarse a peticiones de decenas de años de cárcel. Así, frente a las penas de entre seis y ochos años de cárcel a las que fueron condenados nueve ex altos cargos en el juicio de la “pieza política”, Daniel Alberto Rivera puede ver incrementada esas peticiones ampliamente.

El perjuicio con respecto a los otros ex altos cargos es evidente y todo ello a pesar de que –en el supuesto de que fuese condenado– se tenga en cuenta la regla especial de aplicación de las penas que establece el artículo 76 del Código Penal, según el cual “el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años”.

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ya ha presentado escritos de acusación en varias de las causas contra Daniel Rivera, en las que ha pedido penas distintas, que van desde los dos años de prisión que le reclama por las ayudas de 34 millones al “tándem” de la Sierra Norte de Sevilla a los seis años de cárcel por las ayudas a Surcolor, o los cuatro años y seis meses que le pide en la pieza de Saldauto, entre otras tantas.

Desde que comenzó la investigación de las macrocausas en el año 2011 este juzgado ha elevado un total de 42 sumarios para su enjuiciamiento (actualmente se está celebrando el tercer juicio de los ERE, por las ayudas concedidas a las empresas del corcho de la Sierra Norte), como publicó este periódico.

El juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana mantiene “vivas”, es decir, actualmente en instrucción, otras 77 piezas de las distintas macrocausas que se investigan en este juzgado, y hay al menos otros 20 procedimientos abreviados que están en trámite: investigaciones cuya instrucción está concluida y están a la espera de las calificaciones de las partes para su remisión a la Audiencia.