¿A quién creer en un caso como el de la actriz sevillana María León?

Son dos versiones totalmente opuestas sobre lo que ocurrió en la madrugada del pasado 2 de octubre en la avenida de María Luisa y que acabaron con la detención de la actriz sevillana María León por un delito de atentado a la autoridad.

La versión de la Policía Local es la que conocemos en profundidad a través del atestado que han elaborado los agentes de este cuerpo y en la se recogen hechos que serían claramente constitutivos de un delito de atentado a la autoridad, como es la agresión a la agente, que habría recibido un puñetazo y patadas cuando María León se bajó del patrullero policial.

De la versión de la actriz sólo conocemos el comunicado que hizo público en sus cuentas de las redes sociales, puesto que hasta ahora se ha acogido a su derecho a no prestar declaración tanto cuando fue detenida y conducida a la Jefatura Superior de Blas Infantes como en el juzgado de guardia.

En ese comunicado, María León ofrece una versión radicalmente opuesta, negando que agrediera a la agente de la Policía Local y mostrándose como una "víctima de un abuso policial" por parte de unos agentes del Cuerpo.

Ante estas dos versiones, el juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla, encargado de la investigación, tendrá que practicar y recopilar todas las pruebas que resulten necesarias para que, cuando se celebre el juicio, el juez pueda adoptar una decisión racional basada en esas pruebas. De momento, lo que sí hay es un parte de lesiones por la asistencia sanitaria que recibió la agente presuntamente agredida, a la que supuestamente la actriz propinó un puñetazo y lanzó varias patadas, mientras que en el caso de María León en principio sólo hay constancia de que tuvo que ser trasladada también a un centro sanitario al sufrir una "crisis de ansiedad" tras su detención.

Parte de lesiones de la agente y crisis de ansiedad de la actriz

Algunas fuentes apuntan que en ese reconocimiento médico se podría haber apreciado algunas erosiones en una rodilla de la actriz que se habría producido como consecuencia de una caída cuando trataba de huir de la Policía Local. De hecho, el atestado policial recoge que cuando la actriz golpeó a la agente, perdió el equilibrio y en su caída le propino una patada, al tiempo que la insultaba diciéndole "hija de puta, eres una zorra". No sería el único insulto que, según el informe policial, habría proferido la actriz, que antes de la agresión se habría dirigido a otro policía local con otra frase despectiva: "Tonto, ¿tú que eres el sheriff?".

El sindicato mayoritario de la Policía Local de Sevilla, el Sppme-A, ha defendido la profesionalidad y ejemplaridad de la actuación de los agentes que intervinieron el arresto de María León, y ha criticado que el Ayuntamiento no haya defendido a estos funcionarios. Aunque el alcalde, Antonio Muñoz, ya ha afirmado que este incidente “no va a enturbiar para nada la tarea del día a día de la Policía Local”, no habría estado de más que el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, como responsable de la Policía Local, hubiera salido también al paso de las graves acusaciones que ha hecho la actriz y no dejar pasar tantos días sin realizar ningún pronunciamiento. ¿O es que quizás el alcalde ha querido capitalizar la defensa de la Policía Local? Está en juego la imagen de todo un Cuerpo.

No se puede trasladar a la opinión pública, sin pruebas de ello, que el cuerpo de la Policía Local -que cuenta con una plantilla de casi un millar de agentes- actúa de forma caprichosa y al margen de la ley. Y los agentes tampoco tienen que aguantar que se les compare despectivamente con un "sheriff", como supuestamente habría hecho la actriz durante el altercado registrado el pasado fin de semana.

La instrucción judicial tendrá que analizar estas dos versiones y, al igual que se investiga a la actriz por un delito de atentado, es casi seguro que María León denunciará a los agentes que intervinieron en su arresto, sobre todo, después de haber afirmado que ha sido víctima de un supuesto "abuso policial", con lo que tratara de cuestionar su arresto.

En estos casos, lo normal es que ambas denuncias acaben resolviéndose en el mismo juicio, en el que las dos partes comparecerían como denunciantes y denunciados, lo que implica que los agentes también tendrán que defenderse de las acusaciones realizadas por la actriz.

Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, las declaraciones de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen el valor de declaraciones testificales, por lo que no gozarían por sí mismas de la "presunción de veracidad" en el ámbito penal. El artículo 717 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que "las declaraciones de las autoridades y funcionarios de policía judicial tendrán el valor de declaraciones testificadas, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional".

No obstante, el Supremo considera que las declaraciones de los agentes pueden constituir una "prueba bastante" para desvirtuar el principio de presunción de inocencia cuando se practican con las debidas garantías procesales, con lo que pueden convertirse en una prueba "plena y objetiva de cargo", destruyendo la presunción de inocencia. Es decir, la palabra del policía podría ser suficiente para inclinar la balanza hacia la condena. La jurisprudencia introduce, no obstante, matices cuando los funcionarios policiales aparecen bien como víctima -en los supuestos de atentado a la autoridad- o bien como sujeto activo del delito, como cuando se les atribuyen delitos de detención ilegal.

Por todo ello, será fundamental la práctica de las pruebas, las declaraciones de los testigos o incluso el visionado de los vídeos que se habrían grabado durante la intervención policial previa al incidente con la actriz. Al final, como ocurre en estos casos, será un juez el que tenga la última palabra y decidirá si la actuación de la Policía Local fue correcta, y valorará asimismo las acusaciones de la actriz. Mientras tanto, a María León hay que concederle la presunción de inocencia, pero también hay que considerar que, mientras no se demuestre lo contrario, la actuación policial ha sido legal y proporcionada, dentro de lo que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en un estado de Derecho.