Doce años de calvario judicial de una funcionaria de la Junta
La investigación de las macrocausas
La defensa de la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina celebra la absolución en los dos procesos judiciales por los que se enfrentó a una petición global de 16 años de cárcel
La reciente absolución en el caso de los "contratos fantasma" de Umax
En la época de las macrocausas y del auge de los procesos judiciales contra la corrupción no es frecuente que un funcionario público salga absuelto de estos procesos relacionados con la corrupción. Y mucho menos, que se libre por completo de dos procesos. Esto es precisamente lo que ha sucedido con la que fuera secretaria general técnica de la Consejería de Empleo Lourdes Medina Varo, quien después de nada más y nada menos que 12 años ha quedado exonerada de todas las acusaciones, por las que llegó a sentarse en el banquillo en dos ocasiones.
El caso de esta funcionaria resulta especialmente llamativo, como relata a este periódico el abogado Manuel Salinero, socio director de la firma Nertis ETL Global. En el juicio del denominado "procedimiento específico" de los ERE, la pieza política en la que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la Fiscalía Anticorrupción pidió para Lourdes Medina una condena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación y seis años de cárcel por el delito de malversación, al considerarla responsable junto a los ex altos cargos de las irregularidades relacionadas con la concesión de 680 millones de euros para el pago de las prejubilaciones. Por estos mismos hechos, la acusación popular que ejerce el PP pidió ocho años de prisión.
La sentencia de la Audiencia de Sevilla, dictada en noviembre de 2019, absolvió a la funcionaria del delito de malversación, pero la condenó por prevaricación a ocho años, seis meses y un día de inhabilitación para empleo o cargo público.
Lourdes Medina fue juzgada por segunda vez en relación con el caso de los "contratos fantasma" que la dirección general de Empleo que dirigía el fallecido Javier Guerrero firmó con la empresa Umax Informática y Consultoría, donde fueron contratados al menos 44 trabajadores, algunos de los cuales estaban relacionados con “vínculos de vecindad y amistad" con el propio Javier Guerrero, a través de un contrato con esta sociedad en el que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, ya que se hizo de forma verbal”.
Por el caso Umax, la Fiscalía pidió una condena de nueve años de inhabilitación, y penas de seis y cuatro años de cárcel por delitos de malversación y falsedad documental, así como que fuese condenada a pagar una multa de 2,5 millones. La sentencia de la Audiencia de Sevilla condenó a la trabajadora a cinco años y tres meses de prisión, pero el Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, la absolvió de todos los cargos. Entre el caso de los ERE y Umax, Lourdes Medina se ha enfrentado a una petición global de 16 años de prisión, y fue condenada inicialmente a esos cinco años y tres meses de cárcel. "El calvario judicial de la funcionaria comenzó en el año 2011, aunque no declaró por primera vez hasta el año 2013", ha explicado Manuel Salinero, que ha subrayado que fue "imputada por hacer su trabajo" y ahora lo que dice la sentencia es sólo "ejerció las funciones públicas que le correspondían y no ha dictado en ningún caso ninguna resolución injusta, sino todo lo contrario".
Inocente pero tras tener que acudir en dos ocasiones al Tribunal Supremo
¿Y a qué se debe todo este calvario? "Aunque siempre ha estado reconocida en la Junta, donde ha desarrollado altas funciones, este calvario se debe a una acusación que se hizo en su día por el simple hecho de haber desempeñado el cargo de secretaria general técnica, pero está claro que ella es absolutamente inocente, lo ha sido siempre y al final se ha demostrado, aunque para ello hayamos tenido que llegar al Tribunal Supremo en ambos casos", ha aseverado el letrado.
A partir de ahora, prosigue Salinero, esta funcionaria "no piensa en otra cosa que en trabajar y seguir desarrollando su función" porque, a pesar de todo el sufrimiento generado en estos doce años, no ha pensado nunca en reclamar por su implicación en estos procesos judiciales.
El abogado se ha mostrado "muy satisfecho" por el resultado final, aunque confiesa que "ha sido una pelea de mucho tiempo y al día de hoy sin que la Administración nos haya pagado ni un solo euro a pesar de su compromiso de abonar nuestros honorarios". No obstante, Salinero señala que en el caso Umax la Junta sí que abonó una pequeña cantidad al principio, tras haber reconocido el derecho al pago de los honorarios para su defensa, pero luego dictaron órdenes "paralizando" cualquier pago. Ahora confía en que la Junta acceda al pago: "otra cosa es que discutamos las cantidades, pero eso será otra pelea y otro procedimiento", advierte.
El "temor" entre los funcionarios
En cualquier caso, para el defensor no cabe duda de que la imputación de los funcionarios de la Junta en las macrocausas generó un clima de temor. "Todo esto tuvo repercusión entre el colectivo de los funcionarios y la ha tenido durante mucho, porque han sido muchos los funcionarios que han sido citados en diversas causas como la de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe). Sin duda el pensar que puedes enfrentarte a un proceso judicial de este tipo es simplemente motivo de temor, pero en este caso finalmente, gracias a Dios, se ha demostrado la Justicia; hemos tenido que llegar a los recursos de casación, que no son nada fáciles, pero se ha demostrado su inocencia absoluta".
Han sido 12 años pendientes de un proceso judicial, con las connotaciones que todo proceso penal conlleva, lo que demuestra el colapso de la Justicia por la instrucción y enjuiciamiento de las macrocausas. "El primer problema es que la Justicia es la cenicienta de la administración: en dotaciones, en personal, en medios, en todo absolutamente y cada vez va a más, y ahora encima tenemos el problema de la huelga", indica Manuel Salinero. "Basta visitar los juzgados para ver que la Justicia es por desgracia la administración peor dotada de las que tenemos. La comparación con la Agencia Tributaria es verdaderamente increíble. La Justicia, por desgracia, necesita de un impulso bestial en todos los sentidos: personal, medios, modernización, con los que llegaríamos a otro lugar".
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