Los cabos sueltos de la investigación de Alaya sobre las mordidas de Fitonovo

El juicio que se sigue en la actualidad en la Audiencia Nacional contra los dueños de la empresa Fitonovo, que tenía “en nómina” a numerosos funcionarios de distintas administraciones a los que ofrecía mordidas a cambio de contratos con las Administraciones públicas, está poniendo de manifiesto que la investigación judicial que en su día desarrolló la juez Mercedes Alaya dejó algunos cabos sueltos muy interesantes que no se investigaron. Me refiero a algunas de esas dádivas que la empresa contratista realizó y que se reflejaban con tanta minuciosidad en esa contabilidad paralela, la Caja B de Fitonovo, donde se recogían con un celo digno de las mejores prácticas contables todos los pagos, regalos y sobresueldos que se pagaron durante casi dos décadas, la Fiscalía sitúa estas prácticas corruptas entre los años 1995 y 2013, cuando estalló el escándalo.

Uno de esos cabos sueltos se ha puesto de manifiesto en las sesiones del juicio a los dueños de Fitonovo durante los interrogatorios de la defensa de los empresarios a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que intervinieron en las distintas fases de las denominadas operación Madeja y Enredadera. El abogado Miguel Salas, que representa a uno de los propietarios de Fitonovo -quienes han reconocido los hechos y han alcanzado un pacto con la Fiscalía que evitará su ingreso en prisión-, comenzó preguntando a los agentes sobre cómo se descubrió esa caja B de Fitonovo.

Uno de los funcionarios afirmó que el “celo contable” de Fitonovo, ese exhaustivo y metódico trabajo que realizó el responsable de la contabilidad, fue lo que destapó las mordidas con motivo de la entrada y registro de la sede de Fitonovo y Fiverde, donde encontraron una "documentación novedosa, regalos de muchos teléfonos móviles y aparecen anotaciones que apuntaban ya a una Contabilidad B".

Después de que los investigadores de la UCO destacaran las características de esa contabilidad paralela, base principal de la investigación, la defensa de uno de los empresarios -que ejerce el abogado Miguel Salas- le lanzó el primer dardo a uno de los responsables policiales, al que preguntó expresamente si como en esa contabilidad se reflejaban pagos para la compra de pastillas de Viagra, de teléfonos móviles y de otros regalos por importes de hasta 1.000 euros, habían visto en esa contabilidad el gasto de 150.000 euros para la realización de un parque infantil en la Comandancia de la Guardia Civil de Montequinto.

-No lo recuerdo -respondió uno de los guardias que intervino como instructor de las diligencias policiales de este caso hasta el año 2016.

El defensor continuó esta línea de interrogatorio recordando la declaración que uno de los dueños de Fitonovo, José Antonio González Baró, realizó ante la juez Mercedes Alaya el 18 de diciembre de 2013, al inicio de la instrucción de la causa. En esa declaración, el empresario explicó a la instructora que antes de que se le adjudicara por parte del Ayuntamiento de Sevilla uno de los contratos municipales, acudió a hablar con el nuevo alcalde de la ciudad, Juan Ignacio Zoido -que luego fue ministro del Interior en el gobierno del popular Mariano Rajoy-, y con el primer teniente de alcalde, Gregorio Serrano -ex Director General de Tráfico- para presentarles diferentes proyectos con la idea de que “no tuvieran la impresión de Fitonovo tuviera alguna afinidad con el partido socialista”.

A raíz de esa visita, al poco tiempo Gregorio Serrano “le pidió el favor de que hicieran gratis un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto, cosa a la que accedió para congraciarse con el gobierno municipal”, consta en aquella declaración judicial en la que el empresario asegura asimismo que ese trabajo supuso un coste de 150.000 euros.

Tras exponerle este testimonio, la defensa volvió a la carga preguntando al agente si la juez instructora no les ordenó que investigaran esta mordida del parque infantil. "No, no lo recuerdo", insistió el agente. Y el interrogatorio continuó por parte del abogado del empresario, quien planteó igualmente al funcionario si una vez que este asunto se publicó en prensa siguieron sin recibir ninguna orden la juez o decidieron de motu proprio investigar la construcción del parque infantil. "No lo detectamos" en la contabilidad, repitió el testigo.

La presidente del tribunal que enjuicia el caso recordó a la defensa que si esta cuestión no se ha investigado no afecta al procedimiento. Lo sorprendente es que tanto la instructora de la causa, Mercedes Alaya, como la UCO, la unidad de élite de la Guardia Civil que tantos y tan valiosos servicios ha prestado en la investigación de las macrocausas del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, no detectaran en una contabilidad en la que aparecían gastos tan pequeños como las pastillas de Viagra ese pago de 150.000 euros.

Y lo paradójico es que, a pesar de que no lo hubieran detectado, ni siquiera se realizara ninguna pesquisa para indagar en esta mordida -ni en el juzgado de Sevilla ni posteriormente en la Audiencia Nacional, que continuó la investigación-, sobre todo teniendo en cuenta que la causa de Fitonovo se dividió en numerosas piezas y se analizaron los pagos realizados en numerosas provincias distribuidas por toda la geografía nacional, lo que determinó precisamente que la Audiencia Nacional asumiera finalmente la instrucción.

Gregorio Serrano reconoció que fue "un favor" a la Guardia Civil

La defensa había propuesto en este juicio la declaración del ex alcalde y ex ministro Juan Ignacio Zoido y del ex primer teniente de alcalde y ex director de la DGT Gregorio Serrano, pero al final una vez que se ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía se ha renunciado a estos testimonios. No obstante, en el proceso se ha aportado como prueba documental la declaración que Gregorio Serrano realizó en comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Sevilla.

Gregorio Serrano declaró en abril de 2016 en la comisión de investigación sobre el caso Fitonovo creada en el Ayuntamiento de Sevilla. En esa comparecencia, el ex concejal popular reconoció su mediación en la cuestión del parque infantil. "Como un español más sentía que tenía que hacerle un favor a la Guardia Civil".

El ex delegado explicó que fue en junio de 2011, poco después de que los populares desembarcaran con la mayoría absoluta de Zoido, recibió una petición del dueño de Fitonovo para mantener una reunión para mostrarle varios proyectos para la ciudad por un importe que superaba los 50 millones. Se trataba de construir dos aparcamiento y una piscina junto al puente de Chapina. Serrano le dijo al empresario que para lograr su adjudicación tenían que salir a concurso público.

Fue entonces cuando Serrano le comentó a González Baró que había estado recientemente en el cuartel de Montequinto en un acto oficial y que, como había visto un pequeño terreno de albero que hacía falta que fuera transformado con césped para los niños, le dijo que tenía allí un potencia cliente. En julio acompañado al empresario a visitar el acuartelamiento, donde inspeccionaron el terreno junto a varios mandos de la Guardia Civil. Serrano aseguró en esa comparecencia que desconoce qué ocurrió con el parque infantil, "si se hizo el trabajo o si lo cobró por 150.000 euros".

Lo que está poniendo de manifiesto el juicio que ahora se celebra en la Audiencia Nacional es que Fitonovo, aunque la Fiscalía considera que era una "organización criminal", tenía sus propias características que lo diferencias de otras. Para empezar, recuerdan ustedes alguna organización que favoreciera a la Guardia Civil haciéndoles un parque infantil...

Otro de los agentes que declaró esta semana afirmó en este sentido que la empresa no era como las organizaciones que están acostumbrados a desmantelar, puesto que los cabecillas de la misma no llevaban una vida de lujos ni guardaban grandes cantidades de dinero en sus domicilios. La explicación que dieron los empresarios era que, o hacían esos regalos o dádivas o no conseguían los contratos, lo que saca a relucir la corrupción que se había instalado en determinados funcionarios de las administraciones públicas que aceptaron esas mordidas.