El Supremo y el “proyecto de sentencia” de los ERE

El magistrado Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, ponente de los recursos de casación contra la sentencia de los ERE en el Tribunal Supremo, ya tiene redactado el “proyecto de sentencia”. El destino de los 19 ex altos cargos que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla el 19 de noviembre de 2019, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, estaría de esta forma ya prácticamente decidido.

El anuncio de que ya está redactado ese “proyecto de sentencia”, es decir, un documento escrito que el ponente compartirá con los otros cuatro magistrados que componen la Sala (Juan Ramón Berdugo, como presidente, Ana María Ferrer, Carmen Lamela y Susana Polo), fue trasladado esta semana a los abogados de las defensas, a la Fiscalía y a la acusación popular en el transcurso de una reunión que el tribunal fijó para preparar cómo se organiza la vista pública para la exposición de los recursos, que tendrá lugar los días 4 y 5 de mayo.

En ese documento inicial o proyecto de sentencia, el magistrado Eduardo de Porres ha plasmado su visión de lo debe hacerse con la denominada “pieza política” o del “procedimiento específico” de los ERE, una vez que se ha estudiado al detalle la causa, los 1.821 folios de la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y los recursos de las defensas. Ese proyecto de sentencia será, evidentemente, la base de la decisión de la Sala Segunda, pero lo normal es que el fallo sufra diversas modificaciones con las aportaciones que hagan los otros cuatro magistrados que componen la Sala y que puede hacer variar o modificar ligeramente la tesis del ponente.

De entrada, el Supremo puede hacer cualquier cosa con la sentencia de los ERE. Desde confirmar íntegramente la resolución –algo que parece más improbable, puesto que lo habitual es que el Alto Tribunal pueda cambiar algo o parte de la resolución–, hasta modificarla parcial o totalmente.

A priori, la cuestión más relevante se refiere al delito de malversación de caudales públicos, que es el que lleva aparejadas las penas de prisión, como los seis años impuestos al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán.

De los 19 ex altos cargos condenados por la Audiencia, a nueve de ellos se les impusieron penas que oscilan entre los seis y los ocho años de prisión. Así, fueron castigados con penas de cárcel por malversación, además de Griñán, los ex consejeros Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, así como los ex viceconsejeros Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano Aguilar.

El principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que también fue condenado por malversación, falleció en octubre de 2020, por lo que su responsabilidad penal quedó extinguida. No obstante, sus familiares siguen personados en el Supremo, puesto que el recurso se presentó cuando aún estaba con vida, por lo que su abogado, José Ávila, mantiene la petición de libre absolución.

Otros nueve ex altos cargos fueron condenados únicamente por un delito continuado de prevaricación a penas de inhabilitación, entre ellos el ex presidente de la Junta Manuel Chaves, que fue condenado a nueve años de inhabilitación especial, la misma pena que se impuso al ex consejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y a la ex consejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, entre otros.

En la reunión de esta semana con las defensas, que se prolongó por espacio de unos minutos y en las que intervinieron por parte del tribunal el presidente de la Sala Juan Ramón Berdugo y el ponente Eduardo de Porres, los magistrados trasladaron a las partes la posibilidad de que no acudieran a la vista e incluso se les comentó que podían renunciar a la celebración de la misma o excusar su asistencia, sin que eso supusiera ningún desistimiento de sus recursos. En este punto, los magistrados señalaron que la vista había sido fijado para esa fecha, que coincide con la Feria de abril de Sevilla, porque no tenían conocimiento de que esta fiesta entrara en el mes de mayo.

Cada uno de los abogados tendrá en principio entre 15 y 20 minutos para la exposición de su recurso en el que solicitan la absolución del ex alto cargo y una vez que informen las defensas le tocará el turno a la Fiscalía y a la acusación popular.

El tribunal instó a las defensas a que no sean reiterativos, puesto que los recursos están lo suficientemente documentados para el tribunal, y a que lleguen a un acuerdo en lo que respecta al orden de las intervenciones, es decir, qué defensa expondrá sus alegaciones en primer lugar, comenzando por el ex alto cargo que tuviera la pena más alta fijada. En el caso de que no se llegue a un acuerdo entre las defensas, se utilizaría el orden establecido por el tribunal en el señalamiento de la vista.

En cualquiera de los dos casos, todo apunta a que la primera de las defensas en intervenir sería la del ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que ejerce el letrado Alfonso Martínez del Hoyo. En ese caso, la defensa de Griñán, representado por el abogado José María Calero, hablaría en cuarto lugar, y la de Manuel Chaves, que ejerce el letrado Pablo Jiménez de Parga, lo haría en el puesto número 14.

Sea como sea, de la reunión en el Supremo de esta semana lo que queda meridianamente claro es que la suerte que correrán los ex altos cargos está ya echada.