Sentencia de los ERE: Un Supremo dividido acaba acogiendo las tesis de Alaya

Un Tribunal Supremo dividido ha acabado acogiendo las tesis de la juez Mercedes Alaya, la veterana magistrada que inició la instrucción de las denominadas macrocausas en Sevilla con el caso de los ERE en el año 2011. Más de once años después de que la juez iniciara esta investigación, dos instancias judiciales han confirmado plenamente ya sus investigaciones en dos contundentes sentencias. Pero la confirmación del Alto Tribunal de las condenas de prisión por malversación de caudales públicos del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y de otros ocho ex altos cargos no ha sido unánime, sino que muestra una profunda división en el seno del tribunal.

Tres de los magistrados han votado a favor de confirmar estas condenas -el presidente del tribunal, Ramón Berdugo Gómez de la Torre, el ponente de los recursos, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, y la magistrada Carmen Lamela Díez-, mientras que las magistradas Ana Ferrer García y Susana Polo García han emitido un voto particular en el que consideran que se debió estimar parcialmente el recurso de Griñán y de otros cuatro acusados -el ex director de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo Serrano y la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo- y acordar su absolución por el delito de malversación de caudales públicos.

Las defensas de los ex altos cargos ya esperan a conocer el contenido de esos dos votos particulares para plantear un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, alegando la vulneración de derechos fundamentales, un recurso con el que esperan paralizar cautelarmente la ejecución de la sentencia y el ingreso en prisión de los ex altos cargos, como ha expresado el abogado de Griñán, José María Calero.

Pero más allá de los recursos que vendrán y, aunque por el momento no se conoce el contenido íntegro de la sentencia, lo que sí queda claro es que el fallo anticipado por el Alto Tribunal supone un éxito para la teoría de la confabulación que durante años fueron desarrollando la juez Alaya y la Fiscalía Anticorrupción, que sostuvieron que los hechos investigados en el denominado "procedimiento específico" eran constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La tesis que ha avalado la Sala Segunda del Supremo, siguiendo la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, parte de que los ex altos cargos condenados se concertaron para crear un sistema ágil para conceder las ayudas públicas, soslayando el control de la Intervención General de la Junta de Andalucía, al impedir la "fiscalización previa o crítica" de unas ayudas que concedía la Consejería de Empleo y pagaba el IFA/IDEA mediante las transferencias de financiación que recibía de dicha consejería.

Dentro de ese sistema cobraba un especial significado el convenio marco firmado el 17 de julio de 2001, suscrito por el ex consejero de Empleo José Antonio Viera y por el entonces presidente del IFA Antonio Fernández, fue el "instrumento jurídico" que, junto con el expediente de gasto de las transferencias de financiación, posibilitó a la Consejería de Empleo "eludir los procedimientos legalmente establecidos para la concesión de las subvenciones, así como su fiscalización por la Intervención delegada en dicha consejería".

A ello se unía, según el criterio corroborado por ambas sentencias, el uso inadecuado de las transferencias de financiación y en este sentido recordaba el fallo de la Audiencia de Sevilla que la Intervención estuvo advirtiendo "durante varios años seguidos, no de meras irregularidades o inadecuaciones en la tramitación y control de las subvenciones por el uso de las transferencias, sino de auténticas ilegalidades, pues no pueden catalogarse de otra forma las vulneraciones patentes de preceptos legales".

Un sistema fraudulento que abarcaba tres consejerías

El sistema fraudulento abarcaba a tres consejerías, no sólo la de Empleo que gestionaba las ayudas, sino que la responsabilidad penal se extendía tanto a la consejería de Economía y Hacienda, que intervenía en la fase de presupuestación de las transferencias de financiación con cargo a la partida 31L, como a la Consejería de Innovación, de la que pasó a depender el IFA/IDEA a partir de 2004.

El Tribunal Supremo, como ya hizo la Audiencia, ha abrazado la teoría de que realmente existía un "club de los ERE”, en el centenares de personas, no sólo los altos cargos, sino funcionarios públicos sin ninguna vinculación política, se concertaron para ejecutar un fraude en la concesión de las ayudas sociolaborales y a empresas que se mantuvo nada más y nada menos que durante una década.

A lo largo de estos más de once años del caso de los ERE, las defensas se han afanado en poner de manifiesto que no hay ninguna prueba sobre ese supuesto “pacto criminal” en el que habrían participado al menos los 19 ex altos cargos condenados, pero ese proceso debía implicar la connivencia de centenares de personas en la década en la que estuvo vigente el sistema.

Esta sentencia, a la espera de lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional, deja una imborrable mancha de corrupción en los distintos gobiernos socialistas que se sucedieron en Andalucía durante una década, un escándalo que, sin duda, contribuyó en su día al cambio político encabezado por el popular Juanma Moreno, que hace poco más de un mes, en las eleciones del 19-J, revalidó su gobierno con una mayoría absoluta.