Récord de retrasos: Los juzgados de lo Social fijan ya juicios para 2026

La demora en la celebración de los juicios en los juzgados de lo Social de Sevilla va camino de entrar en el libro Guinness de los récords. No hay semana en la que no surja una nueva fecha de juicio más disparatada. Si hasta hace poco estos órganos judiciales estaban señalando vistas para el año 2025, es decir, casi cuatro años después de que la demanda o la reclamación haya sido presentada en los tribunales, esta semana otro juzgado acaba de dar un paso más en esta escalada imparable de demoras al fijar un juicio en un proceso para la Seguridad Social para el año 2026.

Así, lo expone la resolución que ha emitido el juzgado de lo Social, que ha fijado el juicio para el "13 de enero de 2026 a las 9:30 horas". Lo más gracioso, aunque realmente la situación no es para tomársela a broma sino todo lo contrario, es la advertencia legal que acompaña a la resolución. En la resolución judicial se informa a los ciudadanos que "de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión del acto de conciliación o juicio, podrá el secretario judicial en el primer caso y el juez en el segundo, tener al actor por desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía". Esta advertencia legal, por otra parte lógica y prevista en la ley y que se incluye en este tipo de citaciones, no deja de sorprender cuando la misma se hace a renglón seguido de la fecha prevista para el juicio. ¿Alguien puede hacer una previsión de que podrá estar dentro de cinco años a las 09:30 horas en un juzgado de Sevilla?

El enorme retraso de la jurisdicción Social en Sevilla no es nuevo, lleva ya años produciéndose, pero nunca se había alcanzado el nivel actual, a pesar de los planes de refuerzo impulsados desde la Consejería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El abogado Miguel Cuéllar, en cuyo despacho ha sido recibida este señalamiento para 2026, lamenta la demora en la que se encuentra la jurisdicción Social en Sevilla. "La situación de los Juzgados de lo Social en Sevilla se ha vuelto crítica y terminal. Juicios a casi cinco años encienden ya todas las luces rojas de alarma. O los responsables toman medidas o el servicio público dejará de serlo", ha advertido.

El retraso de esta jurisdicción está siendo objeto de seguimiento desde hace tiempo por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha reconocido en su memoria de 2020 que los resultados del plan de refuerzo en Sevilla –que cuenta con dos jueces de Adscripción Territorial, dos letrados de la Administración de Justicia y 13 funcionarios– “no han sido satisfactorios, por lo que será necesario asegurar una correcta y mayor eficiencia”.

Los juzgados de lo Social de Sevilla son los más colapsados de toda la comunidad. A finales de 2020 tenían un total de 25.867 asuntos pendientes de resolver, lo que supone el 29,30% del total pendiente en toda Andalucía, que era a esa fecha de 86.340. Detrás de Sevilla, se sitúa la provincia de Málaga, con 15.768 asuntos pendientes de resolver, y ya a mucha distancia Almería, con 9.054 casos sin resolver a finales del año pasado.

Un futuro incierto para 2021 por los ERTE

La memoria del TSJA aventuraba un “futuro incierto” para estos juzgados a lo largo del presente año, con una previsión de incremento de la litigiosidad en índices “muy elevados” por los efectos de la pandemia del coronavirus, que provocarán un aumento de los asuntos como los litigios derivados de la renta mínima vital, las prórrogas de los ERTE o los “despidos colectivos de empresas que no han podido superar la situación creada por las alarmas sanitarias”.

El análisis del Alto Tribunal andaluz concluía que los ERTE “sirven de freno para el posible aluvión judicial que vendrá de despidos, impagos de nóminas o modificaciones contractuales, lo que incidirá, aún más, en la Justicia a largo plazo que padecen bastantes partidos judiciales en el orden social, agravando aún más la débil situación del trabajador afectado”. El panorama que describe no es nada halagüeño para estos juzgados, pero sobre todo para los ciudadanos y la economía andaluza.