Media docena de juicios de las macrocausas para 2022
El enjuiciamiento de las macrocausas
La Audiencia de Sevilla inicia el nuevo año en medio del colapso de las macrocausas, pero con el compromiso de contar con más magistrados para agilizar la celebración de los juicios
El año que acaba de comenzar llega a la Audiencia de Sevilla igual que lo terminó, en medio de un colapso por la celebración de los juicios derivados de las denominadas macrocausas, aunque los jueces de las Secciones Penales tienen el compromiso del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de que las cuatro Salas se reforzarán con más jueces hasta el punto de que podrán “desdoblarse”. Esto quiere decir que, al contar con seis magistrados cada una de las cuatro secciones penales –Primera, Tercera, Cuarta y Séptima–, estos tribunales podrán dividirse para, de un lado, por celebrar algún juicio de las macrocausas y, de otro, para continuar atendieron el resto de asuntos no tan mediáticos como estos procesos, como la celebración de otros juicios por delitos más comunes y la resolución de los numerosos recursos que llegan a la Audiencia.
El colapso de los juicios de las macrocausas –se estima que son más de 170 las vistas orales que tendrán que enjuiciarse en la próxima década– ha provocado desde la jubilación anticipada de varios magistrados hasta la marcha de otros a destinos en principio no tan conflictivos, como pueden ser los órganos judiciales unipersonales: juzgados de Instrucción, de Menores e incluso de lo Contencioso-administrativo.
La situación se complica aún más porque en los últimos tres años sólo se ha podido enjuiciar cuatro de estos juicios de las macrocausas: dos de los ERE –el del denominado “procedimiento específico” en el que fueron condenados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el de las ayudas de 2,9 millones de euros concedidos a la empresa sevillana Aceitunas y Conservas (Acyco)– y cuatro de la macrocausa de Invercaria.
De estos seis juicios celebrados, cinco ya tienen sentencia, los cuatro de Invercaria, mientras que aún no se ha dictado el fallo en el caso de las ayudas a Acyco a pesar de que la vista oral finalizó hace más de un año, en concreto, en diciembre de 2020.
Así las cosas y después de la preocupación que ha puesto de manifiesto la sala de gobierno del TSJA por el retraso en la celebración de estos juicios –lo que ha desembocado en la mencionada ampliación de las plazas de magistrado en la Audiencia de Sevilla–, las secciones penales han impulsado la agenda de señalamientos hasta el punto de que hay ya al menos media docena de estos procesos cuya vista tendrá lugar a lo largo de 2022.
Pero la situación es tan alarmante que a lo largo de este año se ha conocido que incluso varios juicios de piezas de los ERE se han señalado ya para mediados del año 2023, como ocurre con las ayudas concedidas a las empresas Surcolor y EDM-Séneca.
En lo que se refiere a los juicios previstos para este 2022 recién estrenado, el año judicial de las macrocausas arrancará el 11 de enero con otro juicio de Invercaria, en relación con las ayudas concedidas por esta sociedad de capital riesgo a la empresa textil Lolita Canalla.
En el mes de marzo está prevista la celebración en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla del juicio contra el ex alcalde de Cazalla de la Sierra Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del ex presidente de la Junta de Andalucía, en relación con las ayudas que por importe de más de 8 millones de euros recibieron las empresas vinculadas al corcho.
Y en el mes de junio arrancará otro juicio de Invercaria, en el que está acusado el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, en relación con el préstamo de 150.000 euros concedido a la empresa Own & Spa Desarrollos, donde el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, apreció delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.
Ya en el mes de septiembre de 2022 está previsto otro juicio de los ERE, por las ayudas a Novomag Manufacturas Metálicas, en el que figuran cinco acusados y en el que se reclama una indemnización a la Junta por importe de 420.708,47 euros.
Y para ese mismo mes de septiembre se ha fijado otro juicio por las presuntas irregularidades en las ayudas y préstamos concedidos por Invercaria. En este caso, que llega más de diez años después de que se iniciara la investigación judicial, se dirimirán las presuntas irregularidades por la inversión de más de un millón que fueron en el proyecto fallido de las Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA), la primera de las piezas de esta macrocausa que comenzó a investigarse en el año 2012.
No serán los únicos macroprocesos investigados en Sevilla que llegarán a juicio el próximo año, puesto que la Audiencia Nacional tiene previsto iniciar en los meses de enero y febrero dos de los juicios relacionados con las mordidas pagadas por la empresa Fitonovo para adjudicarse determinados contratos del Ayuntamiento de Sevilla, en los que están implicados los dueños de la empresa y varios ex concejales del Consistorio hispalense.
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