Justicia para Aznalcóllar 30 años después: ¡Qué barbaridad!

Esta semana hemos asistido a otro de esos hitos negativos -y son tantos- de nuestra maltrecha Justicia. De su exasperante lentitud. Un juzgado de Primera Instancia de Sevilla ha fijado para julio de 2023 el inicio del juicio por la demanda que la Junta de Andalucía presentó en el año 2002 contra la multinacional suecocanadiense Boliden, a la que reclama el pago de 89 millones por el coste del desastre ecológico ocurrido en 1998 en las minas de Aznalcóllar.

El señalamiento del juicio para el año que viene no es directamente achacable al magistrado que dirige este juzgado, que acaba de incorporarse recientemente, sino al tortuoso laberinto judicial que ha atravesado este proceso hasta que finalmente se ha podido establecer un día y una hora para el inicio de las sesiones de la vista oral. Cuando se inicie el juicio el 4 de julio de 2023, habrán pasado 25 años años de la rotura de la balsa minera.

¿Cómo es posible que una demanda que la Junta presentó en el año 2002 siga haya estado más de dos décadas dando vueltas en los tribunales?

Antes de que se iniciara esta reclamación, hubo una investigación en la vía penal con 25 personas imputadas -entre ingenieros, técnicos, dos funcionarios de la Junta de Andalucía y otro del Instituto Tecnológico Geominero Español (Itge)-, pero la juez que instruyó el caso y la Audiencia de Sevilla concluyeron que no siendo de aplicación en el proceso penal los principios de 'responsabilidad compartida' y de 'quien contamina paga', fue "correcta" la decisión de la instructora, que dio carpetazo al proceso al estimar que no hubo una imprudencia grave por parte de los investigados que determinara la catástrofe ecológica.

Tanto la juez como la Audiencia recordaban que la Junta podía ejercer las acciones civiles correspondientes y, por ello, tan sólo unos meses después de que el tribunal cerrara la vía penal, la Junta demandó en 2002 a Boliden para recuperar los 89 millones invertidos en la limpieza. La Junta acudió inicialmente a la jurisdicción Civil, donde presentó una demanda contra tres sociedades vinculadas -Boliden Apirsa, Boliden AB y Boliden BV-, pero el juzgado de Primera Instancia y la Audiencia de Sevilla se declararon incompetentes para conocer esta reclamación, emplazando a la Junta a acudir a la vía contencioso-administrativa.

En el año 2008, el TSJA apoyó la postura de Boliden, lo que provocó que la Junta recurriera ante el Tribunal Supremo. Y en 2012, la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo resolvió que la reclamación de los 89 millones era competencia de los tribunales civiles, que la habían rechazado en 2002. Vuelta a la casilla de salida.

La Sala Especial de Conflictos sostuvo en un auto que el juzgado de Primera Instancia 11 de Sevilla es quien debe resolver la demanda pues "el hecho determinante de la responsabilidad reclamada se sitúa en la órbita del derecho privado" y no del público y la pretensión se dirige contra "sujetos privados". Así, el Supremo devolvió la obligación de resolver el litigio a los tribunales civiles y no a los de lo Contencioso-Administrativo, en una resolución que ya reconocía que la Junta se había visto "abocada a un itinerario administrativo y Contencioso-Administrativo" por imperativo de lo resuelto en el año 2002 por el juzgado de Primera Instancia.

Desde el año 2012, cuando el pleito regresó al juzgado de Primera Instancia, el proceso volvió a sufrir un nuevo patrón y mientras tanto, la Junta de Andalucía y Boliden trataban de buscar una solución negociada que pusiera fin a este calvario judicial. Tras varios años negociando de manera infructuosa, la llegada de un nuevo juez, José Manuel Martínez Borrego, ha impulsado la celebración de la audiencia previa y, por fin, se ha señalado el juicio.

Hasta 2027 o 2028 no habrá una sentencia defintiva

Pero todavía no se pueden lanzar las campanas al vuelo, porque a este pleito le quedan varios años por delante. Primero porque tras el juicio, el magistrado necesitará al menos unos meses para poner una sentencia tan complicada. Y sea cual sea el resultado, el fallo será recurrido sin duda ante la Audiencia de Sevilla, ante la que cabe un recurso de apelación, y luego en casación ante el Tribunal Supremo. En el mejor de los casos, entre unas instancias judiciales y otras pueden transcurrir otros cuatro o cinco años hasta que la Justicia determine si Boliden debe pagar o no esos 89 millones.

No es de extrañar que el pleito no esté resuelto hasta 2027 o 2028, es decir, 30 años después de la riada tóxica que se quedó a las puertas del parque de Doñana y que está considerado como uno de los mayores desastres ecológicos acaecidos en España junto al del buque Prestige.

Con esta insufrible lentitud se comprende que, como reconocieron las letradas de la Junta en la audiencia previa, uno de los testigos que habían sido propuestos a declarar en el juicio había ya fallecido, algo que también está sucediendo en otros procesos judiciales que se dilatan en el tiempo, como el de los ERE u otras macrocausas.

Hay otro ejemplo relacionado con la propia mina de Aznalcóllar, donde la Audiencia está a la espera de señalar el juicio por la causa abierta en el año 2015 por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Minorbis del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Siete años después ni siquiera hay fecha de juicio, con el consiguiente perjuicio para los 16 procesados, muchos de ellos funcionarios, y todo ello teniendo en cuenta que la juez archivó en dos ocasiones la causa al no apreciar indicios de delito y que la Fiscalía de Sevilla pide la absolución.

La Justicia tardía no es Justicia y en su lento peregrinar deja muchas víctimas. Los daños no son sólo personales, sino que afectan a las arcas públicas, como en el caso de los 89 millones que costó el vertido o el proceso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Y no hay que olvidar que es el dinero de todos los ciudadanos, un dinero que en el caso de que se recupere debe emplearse para mejorar otros servicios.