Coronavirus: La escabechina de las residencias

Más de un mes después de que se decretara el estado de alarma y con la llegada de los esperados test rápidos comenzamos a tener los datos reales de cómo está afectando la pandemia en las residencias de mayores. Las cifras oficiales reflejan que hasta ayer habían fallecido 110 mayores –40 hombres y 70 mujeres– en las residencias de Sevilla, mientras que otros 513 mayores –125 hombres y 388 mujeres– habían dado positivo en Covid-19 y lo mismo ocurre con 336 trabajadores de estos geriátricos. En Andalucía, son 333 los ancianos fallecidos y más de 12.000 a nivel nacional –el número total de fallecidos en España supera ya las 20.000 personas–, con especial incidencia en las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña, precisamente entre las más afectadas por la pandemia.

La Fiscalía General del Estado ha informado de que en todo el país se han abierto 38 diligencias de investigación penal por parte del Ministerio Público. Estas investigaciones se centran en 19 residencias de Madrid; otras siete en Cataluña, mientras que en Castilla y León se investigan dos residencias; otras dos en Murcia; una en Canarias, cinco en Castilla-La Mancha; una en Valencia y otra en Cantabria.

Aunque todavía es pronto para determinar qué delitos podrían haberse producido en el caso de que finalmente se aprecie una relevancia penal, en principio, los hechos podrían constituir delitos de homicidio por imprudencia –que pueden conllevar una pena de entre uno y cuatro años de prisión–, o bien delitos de abandono o de maltrato a los mayores.

En Sevilla, y también en Andalucía, no se ha abierto por ahora ninguna diligencia de investigación penal por parte de la Fiscalía, pero sí se mantiene un especial seguimiento de la situación en las residencias de mayores en el marco de unas diligencias informativas, no de investigación penal.

El fiscal delegado de Personas Mayores y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Sevilla, Norberto Sotomayor, recaba a diario información sobre la totalidad de las residencias de mayores y la incidencia que está teniendo el Covid-19 en estos centros donde el virus ha provocado una auténtica masacre.

Los 110 ancianos muertos en Sevilla representan más de la mitad de los 207 fallecidos por el Covid-19 contabilizados hasta ayer en la provincia. Y a nivel andaluz, los 333 ancianos fallecidos (118 hombres y 215 mujeres) representan más de un tercio de los 967 fallecidos totales contabilizados hasta ayer. También hay 1.839 ancianos contagiados en las residencias de la comunidad autónoma –586 hombres y 1.253 mujeres–, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía.

En el caso de Sevilla, y también en Andalucía, el Ministerio Público aún no ha detectado ninguna conducta relacionada con las muertes en las residencias que tenga relevancia penal, de lo contrario se habrían abierto las correspondientes diligencias de investigación penal, como ha ocurrido con las 38 investigaciones actuales que hay en el resto del país.

Pero esto no quiere decir que la situación de las residencias no se vaya a judicializar, puesto que, de hecho, diputados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía han presentado una denuncia en el juzgado de guardia en relación con los 28 muertos que se han registrado en la residencia de mayores Joaquín Rosillo de San Juan de Aznalfarache.

La denuncia ha recaído en el juzgado de Instrucción número 7 de Sevilla y se dirige contra el director de la residencia, la delegada de Salud en Sevilla, el director general de Cuidados Sociosanitarios de la Consejería de Salud y el propio consejero, Jesús Aguirre.

Precisamente esta residencia es una de las 13 en las que la Fiscalía ha centrado las diligencias informativas, además de otros centros como DomusVI de Santa Justa y otras donde se han producido un mayor número de fallecidos y de casos positivos en Covid-19.

Pero tras analizar la actuación, la Fiscalía no advierte de que se haya producido ninguna imprudencia ni una situación anómala en esta residencia que ya ha sido denunciada en el juzgado ni en el resto de las que hay en la provincia.

¿Qué ha ocurrido entonces para que la mortalidad sea tan alta en las residencias? La respuesta, como apunta la Fiscalía, puede estar en que se ha llegado "tarde" a las residencias, porque estos centros han cerrado cuando se les ha dado la orden de cierre, y los test rápidos –con todas las vicisitudes que se han producido para su adquisición por el Gobierno– para conocer la verdadera magnitud del problema en estos centros también han llegado con mucho retraso, más de un mes después de que se decretara el estado de alarma, el pasado 14 de marzo.

Mientras tanto, han continuado conviviendo mayores contagiados, que podían estar asintomáticos, con el resto de personas que residen en estos centros, lo que ha podido contribuir a la propagación de la enfermedad en estos centros. Si a esto se une el hecho de que muchas de estas personas, precisamente por su avanza edad, podían contar con otras patologías previas, el resultado es la auténtica escabechina que el coronavirus ha provocado en los geriátricos.

La vorágine de cifras que cada día recibimos del coronavirus hace que muchas veces nos quedamos con el dato frío, sin valorar el drama humano que hay detrás de las mismas. Con independencia de que haya o no responsables penales, algo que en su momento deberán determinar los jueces y los fiscales, no debemos olvidar cuantas familias han perdido a sus mayores en el último mes: toda una generación de abuelos que se está perdiendo por la pandemia.