Continúa el reguero de opositores “perjudicados” de la Policía Local de Sevilla

Suma y sigue. Ya son 17 los aspirantes de las polémicas oposiciones de la Policía Local de Sevilla del año 2012 que se han personado como "perjudicados" en el juzgado de lo Contencioso-administrativo que debe decidir si suspende definitivamente la repetición de la prueba práctica o acepta, como han pedido el Ayuntamiento y las defensas de los 44 policías locales afectados por el fallo, que la sentencia ya no puede ejecutarse debido al coste económico, el tiempo transcurrido y los problemas que supondría el cese de estos agentes.

Fuentes judiciales han confirmado a este periódico que desde que el Ayuntamiento de Sevilla comunicó a la juez que no puede cesar a los 44 policías locales y planteó un incidente de inejecución de la sentencia que obliga a repetir las oposiciones, se ha producido un efecto llamada que está haciendo que aparezcan nuevos opositores que se personan en el el proceso judicial como presuntos perjudicados.

Al inicio del proceso judicial sólo había un único opositor denunciante, pero en las últimas semanas se han personado en el juzgado de lo Contencioso-administrativo número 7 de Sevilla nuevos aspirantes a una plaza en aquellas oposiciones de la Policía Local. La última personación se ha producido hace tan sólo unos días, cuando han acudido en bloque al juzgado un grupo de 14 aspirantes que, bajo una misma representación jurídica, han entregado un escrito en el que se muestran como "interesados y perjudicados por las resoluciones administrativas impugnadas", han añadido las mismas fuentes.

Con esta nueva personación, son ya 17 los aspirantes que se han personado formalmente ante el órgano judicial, pero todo apunta a que pueden ser más si persiste el efecto llamada.

Con anterioridad, otro opositor se personó alegando que tiene un "interés legítimo en el presente procedimiento", designando letrado y solicitando asimismo que se le entregara "copia de todo lo actuado". Y otro opositor se personó en el caso recordando que en julio pasado el Ayuntamiento ordenó la repetición del caso práctico -como establecía la sentencia- y fijó la realización del examen para el próximo 30 de septiembre, una prueba que la juez ha suspendido cautelarmente y a la que podían presentarse todos aquellos aspirantes que en su día concurrieron al ejercicio anulado por la sentencia y que tenían aprobado el examen tipo test que constituía la primera parte del tercer ejercicio.

Hasta ahora las partes que han intervenido en este proceso eran el Ayuntamiento de Sevilla, como administración responsable de las oposiciones y encargada de ejecutar el fallo; el opositor que impugnó el proceso y que ha estado personado como demandante desde el principio; y los 44 agentes de la Policía Local de Sevilla a los que afecta directamente el caso y que están divididos a efectos de representación jurídica en dos grupos -uno formado por 34 agentes y otro por diez-.

De esta forma, el caso de la filtración sigue enredándose después de que el Ayuntamiento de Sevilla planteara que la sentencia que acarrea el cese de 44 agentes no puede ejecutarse por el importante coste económico que supone y los problemas para la seguridad ciudadana, una petición a la que se ha unido la formulada por la mayoría de los 44 policías locales que han pedido a la juez que "fije la indemnización" pero sin aclarar quién debe pagarla.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, se refirió a la posibilidad de que los policías estuvieran intentando llegar a un acuerdo económico con el opositor denunciante y la respuesta del regidor no aclaró nada. "Lo que estén negociando las partes son como en cualquier otro juicio las negociaciones que se producen entre las partes, yo no tengo ni idea", aseveró entonces José Luis Sanz.

El Ayuntamiento de Sevilla ha pedido la inejecución de la sentencia alegando el "coste económico desproporcionado" y el "grave perjuicio" para la Seguridad Ciudadana por el cese de los funcionarios. Estos son los dos principales argumentos que el Ayuntamiento de Sevilla ha alegado, siguiendo el planteamiento de una de las defensas, para plantear al juzgado que es imposible ejecutar la sentencia que ordenó repetir las oposiciones a 44 agentes afectados por el caso de la "filtración" de la oposiciones de la Policía Local del año 2012, de la que fueron absueltos. En un giro inesperado, el Ayuntamiento pasó de informar al juzgado de que los policías serían cesados a lo largo de este mes y que el examen de la prueba práctica se realizaría el próximo 30 de septiembre, a comunicar a la juez de que ya no es posible la ejecución de la sentencia por esos graves inconvenientes que acarrea el cese de los agentes y la ejecución del fallo.