La Comisión del Mercado de Valores de Canadá pregunta por el juicio de la mina de Aznalcóllar

La causa abierta en el año 2015 por las presuntas irregularidades en la adjudicación a Minorbis del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar sigue generando expectación en Canadá. La Ontario Securities Commission de Canadá, un organismo similar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, ha solicitado la cooperación entre autoridades supervisoras prevista en la Ley del Mercado de Valores para interesarse por la situación del juicio pendiente por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar, que fue adjudicado a Minorbis en detrimento de la empresa canadiense Emérita.

La CNMV ha efectuado un requerimiento a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, encargada de celebrar este juicio y a cuya Sala fue remitida la causa en marzo de este año, en el marco de dicha cooperación y en relación a una "investigación -de carácter no público- de la que está conociendo el organismo canadiense y que podría suponer el incumplimiento de las normas sobre los mercados de valores de aquél país por parte de la entidad cotizada en Canadá Emérita Resources Corp., con filial en España -Emérita Resources España-", según explica el escrito remitido al tribunal sevillano y al que ha tenido acceso este periódico.

El organismo supervisor español pide a la Audiencia que "informe, si fuera posible" de determinados aspectos relacionados con el denominado Caso Aznalcóllar. En este sentido, la CNMV ha pedido información sobre la "situación en la que se encuentra el procedimiento que se inició en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, en relación con la demanda interpuesta por Emérita España por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida, en relación con el concurso público relativo a la adjudicación de los derechos de explotación de la mina de Aznalcóllar a la sociedad Minera Los Frailes (Grupo México-Minorbis) y del cual ahora está conociendo la Sección Tercera de este tribuna".

Este caso es precisamente el de la adjudicación del concurso público, que fue archivado en dos ocasiones y reabierto dos veces también por la magistrada de la Audiencia de Sevilla Mercedes Alaya, y en el que están acusadas 16 personas, en su mayor parte funcionarios y técnicos que formaron parte de las mesas técnicas que intervinieron en el proceso administrativo de la adjudicación del concurso para la reapertura de la mina de Aznalcóllar. Un caso en el que la Fiscalía ha pedido la absolución de todos los acusados, tras haber solicitado hasta en siete ocasiones el sobreseimiento de la investigación al no detectar la presencia de ningún delito en los hechos investigados.

Pero la CNMV reclama más información para el organismo canadiense. Así, pide a la Audiencia que informe de las "posibles sentencias o resoluciones que, en su caso, hayan recaído en el marco de aquel procedimiento o en el que ahora se cursa por ese tribunal en relación con el asunto de referencia, así como la firmeza o no de las mismas".

Información "satisfactoria", según Emérita

Fuentes de Emérita han explicado a este periódico que este requerimiento del organismo supervisor canadiense se enmarca en la obligación de contrastar que la información facilitada por la empresa a sus accionistas concuerda con la realidad y, en este sentido, han añadido que desde Canadá han recibido noticias de que "han quedado satisfechos" con la información recibida.

El juicio contra los 16 investigados en el caso Aznalcóllar está precisamente a la espera de que la Audiencia de Sevilla fije el inicio de la vista oral, pero dado el colapso que acumulan las Secciones Penales por el enjuiciamiento de las macrocausas -y este proceso se puede considerar como un macroproceso por el volumen de acusados y la complejidad del sumario-, el inicio de la vista oral puede fijarse para dentro de muchos meses.

La Fiscalía reclama la absolución en un escrito de conclusiones en el que no deja lugar a ninguna duda a la hora de descartar que se haya producido ningún contubernio en el proceso de adjudicación del concurso para la explotación de la mina de Aznalcóllar. La Fiscalía de Sevilla, como ha venido considerando a lo largo de la instrucción de esta causa que comenzó en el año 2015, reitera que no aprecia indicios de delito en la actuación de los 16 acusados, entre los que se encuentran todos los funcionarios y técnicos que formaron parte de dos organismos clave en el proceso administrativo: la mesa de contratación y la comisión técnica.

El escrito presentado en el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla por la fiscal Ascensión Ocaña el 21 de octubre de 2021 ratifica la petición de absolución que se realizó en otro escrito presentado ante la instructora el 21 de septiembre. Son ya al menos siete ocasiones en las que la Fiscalía ha dicho por escrito que no hay ningún caso Aznalcóllar.

En su escrito de conclusiones provisionales, la Fiscalía enumera hasta siete aspectos sobre los que considera que no hay indicios delictivos. En primer lugar, no hay constancia de que los miembros de la mesa de contratación y de la comisión técnica “se concertaran para adjudicar el concurso arbitrariamente a Minorbis y con ello favorecer” a los empresarios de Magtel, los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno

Por su parte, la acusación particular que ejerce Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, atribuye a los investigados delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental, mientras que Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular, imputa a los investigados cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación, negociación ilegal, y prevaricación ambiental, y solicita ademas la adopción de medidas cautelares en cuanto a la suspensión del procedimiento administrativo en trámite.

Una tercera acusación, que ejerce la sociedad Andalucía Mining, solicita que se declare la responsabilidad civil de la Junta de Andalucía, así como de Magtel, Minorbis y Grupo México, cifrando los posibles "daños y perjuicios" ocasionados en 7.195.426 euros.