Burocracia judicial y Colapso

La lentitud de la Justicia en Sevilla va camino de convertirse en algo digno, más bien indigno, de entrar en el libro Guiness de los récords. A los más de dos años que se tarda en señalar los juicios por demandas laborales en los juzgados de lo Social o a los muchísimos meses de retraso que acumulan ya los pleitos de las cláusulas suelo, se une ahora el colapso de las secciones de lo Penal de la Audiencia de Sevilla, que entre el juicio de los ERE y las demás macrocausas han colocado a estos tribunales en una complicadísima situación.

La situación es tan alarmante que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el máximo órgano de gobierno de los jueces, activó en febrero pasado, por primera vez en España, el protocolo por riesgo psicosocial de los magistrados.

Si a esa situación de colapso, se une la burocracia judicial, no es de extrañar, aunque sí muy llamativo, que suceda algo como lo que está pasando con la denominada “pieza política” de los cursos de formación. La juez María Núñez Bolaños, que investiga esta macrocausa, dictó el 11 de octubre de 2016 un auto en el que archivó la investigación relacionada con una supuesta “red de clientelismo político” para el reparto de los fondos públicos destinados a las ayudas a la formación que su antecesora en el juzgado, Mercedes Alaya, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil habían apreciado.

El próximo 11 de octubre se cumplen dos años desde que Bolaños archivó la causa

El carpetazo al asunto se produjo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que no apreció delito alguno en la conducta de los 24 altos cargos y funcionarios investigados, algunos de los cuales fueron arrestados de forma espectacular cuando se dirigían al colegio con sus hijos pequeños.

Las acusaciones populares que ejercen el Partido Popular de Andalucía y el sindicato Manos Limpias recurrieron el archivo en diciembre de 2016, primero en reforma y luego en apelación ante la Audiencia. El asunto fue remitido a la Sección Primera de la Audiencia, a la que había correspondido por turno de reparto la resolución de todos los recursos relacionados con esta investigación.

Aquí es donde se produce el primer parón, motivado por distintas vicisitudes. La primera consiste en que el presidente de la Sección Primera, el magistrado Pedro Izquierdo, fue recusado por el PP para que no presidiera el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE, debido a que el magistrado había ocupado años atrás el cargo de secretario general para la Administración de Justicia en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía. La Sección Tercera de la Audiencia admitió la recusación y, a partir de ahí, el magistrado se fue apartando de intervenir en otras macrocausas, como la de los avales de Idea y ésta de los cursos de formación.

Aunque Izquierdo se abstuvo de los recursos de la causa de la formación, como había sido recusado por el PP, el incidente de recusación debía de tramitarse y resolverse, pero hasta la fecha de hoy esa resolución no se ha dictado.

Pero este incidente no es el único retraso del parón, puesto que en principio y al plantearse la recusación de este magistrado, la ponencia del asunto pasó al magistrado Juan Antonio Calle Peña, que preside el juicio por el denominado “procedimiento específico” de los ERE. En los meses de octubre y noviembre de 2017, Calle Peña dictó sendas providencias en las que fijaba una fecha para la deliberación de los recursos –la última para el 9 de noviembre de 2017– pero “al tenerse que dar prioridad” a otros asuntos registrados con anterioridad, la deliberación se retrasó.

Y después arrancó, el 13 de diciembre, el juicio de los ERE, que preside el propio Juan Antonio Calle Peña, en el que están procesados 22 ex altos cargos, entre ellos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Esta situación, con un juicio que tiene prevista una duración de un año, provocó que la ponencia para la resolución de los recursos se encomendara en julio de 2017 a un tercer magistrado, en este caso uno de los dos jueces que refuerzan al tribunal de los ERE con motivo de este juicio.

Se trata de Rafael Díaz Roca, titular del juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, quien será el que deba decidir sobre si se confirma el archivo de la “pieza política” de los ERE, o se reabre la causa, como solicitan el PP y el sindicato Manos Limpias. El magistrado debe, en primer lugar, examinar los más 70.000 folios que integran esta macrocausa, y a continuación se deberá designar una nueva fecha para la deliberación conjunta del tribunal, compuesto por tres magistrados.

Así han transcurrido los meses y estos dos años, que se cumplen el próximo 11 de octubre, y por lo que parece la resolución de los recursos deberá aguardar algún tiempo todavía. Dos años y tres jueces después, la burocracia y el colapso están haciendo que continúe el desasosiego de las 24 personas que fueron inicialmente imputadas en esta causa, y que tras haber sufrido esos espectaculares arrestos delante de sus hijos, son ahora víctimas de la alarmante lentitud de los procesos judiciales.