Conflicto institucional por La Manada: los secretarios no darán sentencias a los Gabinetes de Prensa

Conflicto institucional en torno a la filtración de los datos personales de la víctima de La Manada: el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (antiguos secretarios judiciales), que es mayoritario en este colectivo, ha propugnado no facilitar más sentencias a los Gabinetes de Prensa, que dependen del Poder Judicial y de los respectivos Tribunales Superiores.

Ello después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) haya responsabilizado a la secretaria de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra como persona que debería haber borrado los datos personales de la joven que fue víctima de La Manada en los Sanfermines y haya acordado notificarlo al Ministerio de Justicia de cara a una posible sanción.

El Colegio Nacional, en un comunicado colgado en su página web, afirma que “toda la fuerza del Colegio estará con la compañera de Navarra. No permitiremos reeditar lo ocurrido con el caso Mariluzreeditar lo ocurrido con el caso Mariluz” (donde la secretaria judicial fue sancionada con seis meses de suspensión de empleo y sueldo por la libertad de que gozaba el asesino de la niña onubense).

Advierten los secretarios que recurrirán a “los mismos medios que nos vimos obligados a utilizar entonces, o más rotundos aún si fuera preciso”.

Según la investigación del CGPJ, la secretaria judicial de Navarra envió la sentencia que condenó a los cinco miembros de La Manada por abusos al Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra con la advertencia de que debía borrar los datos personales de la joven denunciante.

El Gabinete de prensa quitó esos datos del texto de la sentencia pero no eliminó el Código Seguro de Verificación (CSV) que figura en el sistema de notificación electrónica.

A través de dicho CSV era posible tener acceso a la sentencia original, algo que el Gabinete de Prensa ignoraba. En cambio, la letrada de la Administración de Justicia había recibido formación al respecto y "no podía desconocer que, desde que se introdujo la firma digital en la Comunidad Foral de Navarra, en todas las resoluciones judiciales aparece el CSV”.

Haber advertido al Gabinete de Prensa no le exime de la responsabilidad de que se divulgaran los extremos que afectan al derecho a la intimidad de la víctima, según el CGPJ. Por ello, el informe elaborado por la vocal Victoria Cinto acordó trasladar esa resolución al Ministerio de Justicia, de quien dependen los secretarios judiciales, ”a los efectos que en Derecho procedan".

Si la secretaria no disponía de herramienta digital para hacerlo, debió solicitarla, y además siempre tendría la oportunidad de haber impreso la sentencia, eliminar los datos personales de la denunciante y escanearla de nuevo, según el informe.

El Colegio Nacional de Secretarios ha reaccionado hoy aconsejando a todos sus asociados que “no den resolución alguna a los Gabinetes de Prensa de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ)

En un duro comunicado, esta asociación mayoritaria se lamenta de que “Ahora parece que toda la responsabilidad recaerá sobre la letrada, que todo indica que actuó convenientemente”.

Recuerda el Colegio Nacional que el Protocolo de Comunicación de la Justicia, ahora vigente y dictado en 2015 por el CGPJ, establece que en estos casos las oficinas de comunicación (Gabinetes de Prensa del CGPJ dependientes de los Presidentes de Tribunales Superiores) alteren los textos para eliminar datos personales y “aquellos otros que puedan identificarlos (léase por ejemplo los famosos CSV)”.

También son los encargados de incluir en la comunicación una advertencia de protección de datos para quien reciba el documento. Por ello, “el traslado de la resolución pedida por el Gabinete ha seguido lo indicado en ese protocolo y la práctica habitual”.

Por otra parte, la Comisión Permanente del CGPJ, según la nota de los secretarios, encargó este informe “incumpliendo el Reglamento UE 2016/679 sobre cumplimiento de la normativa sobre protección de datos de carácter personal, asumiendo una competencia que, al amparo del citado Reglamento, corresponde a la Autoridad de control que se debe constituir en el seno del propio Consejo General del Poder Judicial, con el carácter de órgano independiente y dotado de dependencias, personal y presupuesto propios”.

“Una Autoridad que aún no ha sido creada a pesar del mandato imperativo de ese Reglamento, por un CGPJ que según la Comisión de Justicia de las Cortes Generales nunca se ha caracterizado por sus conocimientos informáticos, y que ahora reincide en su incumplimiento de la legalidad con este informe”.

Por otra parte, el Colegio Nacional afirma que “los sistemas informáticos que se utilizan en la Administración de Justicia no han pasado la auditoría de seguridad que establece la legislación de protección de datos de carácter personal, pero no contentos con eso, incumplen flagrantemente toda la legislación de protección de datos de carácter personal, de cuyo cumplimiento deben velar los Letrados de la Administración de Justicia, desde el año 2015”. A los secretarios judiciales “nadie les tiene en cuenta para nada, salvo para hacerlos responsables de los incumplimientos de otros: Consejo General del Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas, que nada han protocolizado en materia de protección de datos”.

“Ya no solo se impide a los letrados de la Administración de Justicia hacer debidamente su trabajo, sino lo que es peor aún, ahora pretenden hacer pasar a los letrados por incumplidores para expiar sus responsabilidades.