Una rusa maltratada es autorizada a irse de España con sus dos hijos

El juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla ha autorizado a una mujer rusa casada con un español a instalarse con sus dos hijos en Rusia, después de tres años en los que su ex marido ha sido procesado por maltrato y por impago de pensiones, además de no acudir a recoger a sus hijos al colegio y otros comportamientos que “afectan a la estabilidad emocional” de los menores.

El juzgado, en un auto al que tuvo acceso este periódico, recuerda que desde junio de 2019 viene recordando a Ricardo M.M. que debía cumplir su sentencia de divorcio de Olesya K. con apercibimiento de que, de reiterar los incumplimientos, su ex esposa sería autorizada a salir de España con los niños de 12 y 4 años.

Entre otros, el juzgado dice que no consigue localizarle en su domicilio y que entre marzo de 2019 y el mismo mes de 2020 ni el progenitor ni una persona designada por él ha acudido a recoger a sus hijos al colegio cuando le correspondía.

La situación judicial del acusado “es complicada” con un impago de 33.046 euros

El padre de los menores, con una situación económica desahogada, no paga la pensión a su esposa, fijada por la Audiencia de Sevilla en 2.700 euros mensuales, y respecto a la pensión de alimentos de sus hijos “ingresa cantidades muy inferiores” a los acordados en sentencia.

En enero de 2020, el juzgado le reclamó 33.046 euros de impago de pensiones, cuestión por la que va a ser juzgado en los próximos meses, y Ricardo tiene pendiente el juicio por maltrato contra su ex esposa y otro presunto delito de lesiones a su suegra.

“Es cierto que todavía estos procedimientos no han sido juzgados, pero la situación judicial de Ricardo M.M. es algo complicada”, resume la juez, y se lamenta de que “pese a la demanda ejecutiva, no ha habido enmienda”.

El auto relata que “ante la situación que se viene repitiendo desde hace tiempo, con el fin de evitar que la policía tenga que personarse en el centro escolar” cuando el padre no acude a recoger a hermanos y para evitar “ponerlos en evidencia”, la madre se ha visto obligada a recurrir a una vecina que lleva a sus hijos al mismo colegio y está pendiente de los días en que deben ser recogidos por el padre.

“No estamos ante incumplimientos esporádicos, sino reiterados, que no permiten a los menores mantener un ritmo de rutinas organizadas”, lo que “afecta seriamente a su estabilidad emocional“, según la juez.

Y añade: “Si ya es difícil para un niño asimilar la separación de sus padres y superar los importantes cambios que ello conlleva, percibir que la figura paterna no acude para estar con ellos, que no tiene un domicilio estable, puede dejar huella y dañar los afectos”.

La mujer se ha quedado en paro durante la COVID-19, por lo que el juzgado le autoriza a sacar de inmediato el pasaporte a sus hijos y notifica a las fuerzas de seguridad que los tres pueden salir de España e instalarse en la localidad rusa de Tambov, donde viven los padres de Oleysa y ella tiene una oferta de trabajo.